San José, 2 Feb (Elpaís.cr) – El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, aseguró que el dictamen de la Procuraduría General de la República sobre inconstitucionalidades en el levantamiento al veto la Reforma Procesal Laboral es una de las muchas opiniones al respecto que tendrá que evaluar la Sala Constitucional antes de emitir un criterio, pero que dicha opinión es solo eso, «una opinión».
«Es una opinión jurídica como puede ser la de cualquier otro abogado y no es vinculante para la Sala Constitucional porque ya han habido casos donde la Procuraduría emite un criterio y la Sala no lo acoge, pero lo que tiene que quedar muy claro es que porque la Procuradora (Ana Lorena Brenes) diga algo no quiere decir que eso ya es así», señaló el diputado frenteamplista, al exponer la posición de su fracción.
Araya señaló que esta posición ya era previsible para la fracción, ya que las palabras de ésta luego de la comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la semana anterior para ver el tema del Caso Soley, hacían prever que la postura de la institución estaría dirigida hacia esa dirección.
«Por lo mismo que digo la procuradora en ese show que armaron en la audiencia, yo ya preveía que la posición de la Procuraduría iba a ser contraria a la posición del gobierno en ese tema», señaló Araya.
La Procuraduría emitió su criterio respecto a este tema el martes pasado y en él señaló que hubo vicios de inconstitucionalidad en el procedimiento con el que el presidente Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Reforma Procesal Laboral el 12 de diciembre pasado, así como también los hubo en la forma en que la ex mandataria Laura Chinchilla trató ese veto, ya que en ninguna parte de la Constitución se hace referencia clara a ese procedimiento.
Por ello, varios diputados de oposición presentaron ante la Sala Constitucional una acción para que, además de invalidar el acto de Solís, se esclarezcan los vacíos legales que rondan este tema.
El diputado por su parte, señaló que su fracción ha presentado posiciones que contradicen el criterio de la Procuraduría y que será la Sala IV la que con expediente en mano, termine por definir el futuro del proyecto.
La anarquia se promueve simplemente por el interes propio de cada individuo.
Y pensar que en un principio el FA se apuntó a basurear al gobierno con este asunto de la procuradora Ana Lorena