San José, 6 Feb (ElPaís.cr) – Los diputados de la Comisión Investigadora del uso y manipulación de la información recopilada por entidades estatales expresaron esta semana su preocupación sobre el inicio de funciones del Centro Judicial de Intervención de las comunicaciones, en marzo próximo.
El Director del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, Juan Luis Jiménez Chaves compareció ante los legisladores para explicar que desde el año 2005 el Poder Judicial se ha empeñado en crear una subentidad que se encargue de las intervenciones telefónicas, esto para facilitar el trabajo a los jueces penales de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, este centro nació como una propuesta que salió desde la Corte Suprema en el año 2009, además se destinaron 13 plazas de jueces y 7 plazas de analistas en criminología. Según dijo Jiménez estará ubicado dentro de la Ciudad Judicial, en San Joaquín de Flores.
Jiménez Chaves señaló que este no ha comenzado a funcionar debido a que se encontraron una serie de inconsistencias a nivel infra estructural, ante esto ahora se encuentra en estado de remodelación con la ayuda económica del Instituto Costarricense sobre Drogas.
A menos de un mes que este centro comience a funcionar los congresistas plantearon dudas y preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios, con actos como posibles investigaciones o escuchas no autorizadas que se pudiesen dar, tal y como sucedió con el caso del arquero nacional Keylor Navas.
«¿Podemos tener certeza los costarricenses que hay garantías para terceros no sometidos a investigación y que no van haber escuchas ilegales? o ¿Existe alguna posibilidad de se realicen estos actos de manera ilegal?», preguntó de manera directa el liberacionista Álvarez Desanti.
Ante lo cual, el Director del centro expuso que, «las interceptaciones telefónicas son las únicas que el juez competente va ordenar». Jiménez asegura que no se va a hacer ninguna intervención a no ser de que haya una órden jurisdiccional, sin embargo dentro de la comisión no se terminó de sembrar la confianza en algunos diputados.
Según dijo Jiménez Chaves el equipo que trabajará en este centro tendrá la obligación de hacer auditorias cada seis meses para dar cuentas a la Corte Plena sobre todas las intervenciones realizadas.
Este centro contará con un protocolo y reglamento, los cuales por el momento están siendo revisados por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, además será fiscalizado por dos comisiones, una interna y otra externa, en la que se encuentran tres Magistrados del Poder Judicial.
De acuerdo a la ley 8754 el centro deberá recibir las órdenes de intervención únicamente de jueces penales, además cabe resaltar que trabajará las 24 horas los 365 días del año.
