San José, 11 Feb (ElPaís.cr) – Representantes del Consejo de Educación Superior (CONESUP), explicaron a los diputados que actualmente hay una serie de debilidades institucionales por motivos de legalidad que limitan el control sobre las universidades privadas y sus pagos correspondientes a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Mario Sanabria Ramírez, Director Ejecutivo del Consejo, le señaló a los legisladores de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia que es de suma importancia renovar la ley que los faculta de ciertas potestades como ente regular y los rige actualmente.
Según dijo el funcionario, esta ley fue promulgada hace 33 años y con ella «se intenta» controlar a las 53 universidades privadas que hay en el país. Sanabria agregó que esta ley «se ha vuelto obsoleta»ya que se planteó cuando solo había una universidad privada.
«Respecto a la situación de la Caja, se ha venido haciendo un trabajo en el que es exigible de parte de nosotros como Conesup exigir estar al día con la CCSS a la hora de aprobar diferentes procesos universitarios, como por ejemplo autorizaciones de personal docente, de edificios o modificación de carreras», dijo Sanabria Ramírez.
El congresista social cristiano, Humberto Vargas criticó que hay una diferencia en el trato que se le da a los centros educativos privados en relación con el que se le da a las empresas deudosas, por lo que además incitó al Consejo a ser más riguroso en cuanto al control de este tipo de deudas institucionales.
«En el caso nuestro de los empresarios ni siquiera es que nos niegan una gestión a nosotros nos cierran las puertas de las empresas, en algunos casos exponen el nombre de la empresa y le ponen los correspondientes sellos de la Caja y eso yo no lo he visto universidades en esa situación», agregó Vargas.
El jerarca de Conesup indicó que se ven imposibilitados a imponer sanciones con relación a las deudas de las universidades con la CCSS, y que lo único que pueden realizar es suspender por 10 días el trámite de las solicitudes que presenten las universidades que se encuentran morosas.
Por su parte, el socialcristiano expuso que, «¿Será que son mucho más flexibles cuando se trata del sistema educativo?; que al final y al cabo sigue siendo un negocio por lo menos en el caso de las universidades privadas lo que pone en evidencia que hay una serie de medidas que no se aplican».
Ante esto, Mario Sanabria solicitó a la comisión realizar una reforma a la ley que les permita contar con mayores elementos jurídicos para este tipo de fiscalización, que les permita también contar con más recursos, principalmente para abrir más plazas ya que actualmente solo cuentan con nueve funcionarios para la revisión de expedientes e inspecciones universitarias.
