San José, 12 Feb (Elpaís.cr) – Diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentaron un proyecto de ley para beneficiar a las personas que “históricamente habitan y trabajan” en la zona marítimo terrestre (ZMT), un bien demanial del Estado costarricense.
El diputado socialcristiano, Gerardo Vargas Rojas, con el apoyo de su fracción y de legisladores de otras fracciones presentó el proyecto de ley Nº 19.744 “Ley de Protección del Patrimonio Natural del Estado y el Bienestar de los Habitantes en la Zona Marítimo Terrestre”.
De acuerdo con Vargas Rojas, dicha ley daría “seguridad jurídica permanente” a los habitantes de estas regiones.
Esta nueva ley pretende reformar la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley N.° 6043; y la Ley Forestal N.° 7575 y permitiría que las familias ubicadas en estas zonas, “de acuerdo a los parámetros que establezca la ley, no sean expulsadas o despojadas de sus bienes y de sus trabajos, y que ello afecte su desarrollo económico, sino que se conviertan en sujetos activos y responsables de los bienes patrimoniales del Estado”.
Para Vargas, “se busca complementar los vacíos legales existentes en relación a la zona marítima terrestre, procurando ser un modelo que concilie la protección de los recursos naturales y el patrimonio natural del Estado con la calidad de vida de los habitantes de la República que históricamente habitan y trabajan en estas zonas”.
Dijo que el proyecto de Ley se presenta con el fin de regular la administración territorial de los terrenos de la ZMT.
“Estamos dejando claro el uso y la protección ambiental que establece nuestra legislación en la materia respetando la diversa normativa y principios que rigen un sano equilibrio entre el ámbito ecológico y humano, y los principios internacionalmente reconocidos del desarrollo sostenible”, insistió Vargas Rojas.
El legislador socialcristiano indicó que los firmantes del proyecto de ley lucharán por buscar un consenso con las demás bancadas en aras de encontrar una solución para la población que aproximadamente son más de 350,000 personas y que por décadas habitan estos territorios.
“Lo que pretendemos es buscar una salida de convivencia y protección de los recursos naturales de la zona marítima terrestre del país”, concluyó.
