miércoles 1, diciembre 2021
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Realidades disolutas

Santa Cruz no obedeció la directriz del Ministerio de Salud en relación con suspender la monta de toros en la plaza a la que ese ministerio negó el permiso. En Puntarenas fue necesaria la intervención policial masiva para controlar la indignación de los habitantes debido a la suspensión del carnaval. Me parece que las declaraciones del presidente Luis Guillermo Solís arrojaron luz sobre lo que puede ocurrir cuando la cultura tradicional o la costumbre entran en franca contradicción con las regulaciones que según el Ministerio de Salud deben prevalecer.

En nuestro país las exigencias de respeto por estándares de sanidad están sobrepasando las posibilidades de inversión o compromiso con las cuales la ciudadanía puede hacerse cargo. Los acondicionamientos de locales comerciales o modificaciones a los mismos que exige el Ministerio de Salud a los pequeños inversionistas no pueden ser compensados por los ingresos que dichos negocios  generan. Detrás de cada chinamo, ventana comercial, o cualquier establecimiento pequeño existe una empresa gigante, sea de capital nacional o extranjero, que lo aniquila como competencia.

La clase popular se ve forzada a hacer uso de subterfugios y mañas para despistar, no solo al Ministerio de Salud, sino también a la municipalidad, al Ministerio de Trabajo o al de Hacienda De manera que, al menos, los ingresos de estos nanoempresarios no se vean diezmados al punto de clausura de sus negocios. Una moral hipócrita se manifiesta en esta forma de actuar porque si la normativa se respetara cientos de pequeños inversionistas desaparecerían. Hecho que pondría en peligro una parte de la economía de nuestro país. De ahí, que muchas veces se actúa bajo una suerte de tolerancia solapada. Por otro lado, sin embargo, quien no resulta lo suficientemente mañoso y sagaz termina cediendo sus ganancias a las instituciones del Estado y trabaja para que su pobreza nutra la institucionalidad.

Los grandes empresarios, por su parte, están protegidos por las leyes del mercado, han lanzado un ultimatum sobre el tapete de la realidad socioeconómica del país: empleo a cambio de la abolición de las garantías laborales, de bajos precios de la electricidad, medidas ambientales flexibles, agilización de trámites, entre otras condiciones que exigen para seguir funcionando dentro del territorio nacional. Mientras don Guillermo Solís, recorre el Orbe mendingando inversión extranjera para que se levanten nuevas fuentes de empleo, el país está experimentando una estampida de empresas que huyen en busca de mano de obra esclava. Lo más trágico es que quienes dicen representarnos, es decir, los progresistas o la izquierda aletargada que acaricia con sus nalgas los escaños de la Asamblea Legislativa, no mueven un dedo para construir una plataforma para el fomento y desarrollo de la economía local.

Juan Félix Castro Soto

Cédula: 2-408-068

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