San José, 17 Feb (Elpaís.cr) – A pesar de que el ambiente legislativo es favorable respecto al proyecto de ley de la restauración y ampliación a cuatro carriles de la Ruta 32 a Limón en el tramo que va de Guápiles hasta Moín, Lomón, las dudas sobre el acuerdo entre la empresa china CHEC y el Gobierno ya empezaron a aflorar tanto en las curules legislativas como en varios otras instituciones.
Los primeros en levantar la voz fueron el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), cuando advirtieron que dar luz verde al proyecto es un riesgo porque la iniciativa está incompleta.
Las críticas de los dos órganos se deben a que es consideran que es imposible para la empresa china saber si el monto solicitado en el proyecto de fideicomiso de la obra, que se calcula en 465 millones de dólares, es razonable o si a mitad de la construcción va a ser insuficiente.
Además, hay dudas respecto al ancho de los carriles y a los puentes que se deben rehabilitar que vienen en el anteproyecto presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y que también viene redactado en el contrato que los legisladores están listos para votar a más tardar el próximo lunes.
Estas dudas fueron tomadas también por el diputado de Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, quien ya aseguró que no votará el proyecto por considerar que hay partes del contrato que hacen que la Asamblea Legislativa tome acciones que no le competen.
«No estamos aprobando solo un fideicomiso, estamos aprobando también la elección de una empresa que es una función de la Administración y que queda inmediatamente escogida sin apelaciones de nada, es decir, funciones de la Contraloría General de la República y esta Asamblea no tiene la capacidad para valorar cómo escoger una empresa y yo entendería que se escoja una empresa de a dedo y que la escoja el chino pero este es un préstamo comercial que no tiene nada de concesión», aseguró Solís en su explicación.
El legislador aseguró que este préstamo no es ventajoso, que «no es como el del Estadio» y que viola la Ley de Contratación Administrativa porque no se podrá abrir a concurso quien realice este proyecto ya que el contrato estipula que únicamente lo hará CHEC sin posibilidad de apelación, contrario a la legislación.
Solís se preguntó qué es lo diferente entre el trato con China respecto a este proyecto, y su opinión recoge como suyas las críticas que ya había lanzado el diputado del PAC, Manrique Oviedo, en el periodo anterior.
«Este proyecto viene enfermo, aquí lo cuestionó el ex diputado Manrique Oviedo y planteó que no tenía diseños y hoy sabemos que los diseños tampoco están completos, osea estamos votando un montón de decisiones sin tener la información que la Administración y la Contraloría tienen al frente cuando toman una decisión de este tipo».
Con esta posición concordó el diputado socialcristiano Luis Vásquez, quien aseguró que también comparte las dudas del proyecto, pero que por la necesidad que este proyecto representa para la región del Caribe, su voto sí será positivo.
«Lo importante es que venga la Ruta 32 para Limón y nosotros esperamos la contra réplica y la respuesta a este proyecto pero no hubo y aunque presenté la moción de posposición para que se hicieran los análisis eso no se hizo, así que aquí lo único que cabe es dar ahora este paso y aprobar el proyecto».
El proyecto tiene un costo de 465 millones de dólares, de los cuales el Gobierno de la República Popular de China aportará 395 millones y el Gobierno de Costa Rica los restantes 70 millones.
