jueves 9, diciembre 2021
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Tráficos se oponen a criterio de la Procuraduría sobre pago de horas extras

San José, 18 Feb (ElPaís.cr) – Homer Alfaro, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos Profesionales en Tránsito (Unatepro), asegurcó que al menos 840 oficiales de Tránsito demandarán al Estado ante los juzgados de trabajo si no se cancelan los montos adeudados por pago de horas extra.

Alfaro fue así de puntual en vista de la posición que asumió la Procuraduría General de la República (PGR), de darle la razón a la cartera de Transportes en que el pago de horas extras debe darse luego de cumplidas 12 horas y no 8.

Según explicó el Oficial Mayor del Ministerio, Mario Avilés, efectivamente los inspectores e inspectoras firmaron un contrato de trabajo por una jornada ordinaria de ocho horas; sin embargo, el criterio superior de la Procuraduría indica que la jornada de estos funcionarios, como cuerpo policial, es de 12 horas.

Alfaro comentó que  el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), debe unas 12 mil horas que según las estimaciones del sindicalista es un monto cercano a los 52 millones de colones.

Los mismos trabajadores llevaron a cabo una  huelga este martes al frente del edificio del MOPT, en la cual dejaron muy en claro no soportarán la presunta violación de los derechos laborales.

Avilés por su parte manifestó que la Administración se encuentra atacada de manos para poder cancelar la primer hora extra tras ocho horas de labores en horario normal, pues hacerlo sería ilegal, con base en los criterios emitidos por la Procuraduría.

“Comprendemos claramente el reclamo de los inspectores e inspectoras y es justo que reciban pago extra por sus servicios fuera de horario ordinario, eso no se discute y se les apoya, pero por ahora no existe vía legal para que ese pago se haga tras ocho horas de trabajo regular. Tendrá que ser una Ley o una instancia legal superior la que nos permita pagarles después de 8 horas de servicio.” agregó Avilés.

A pesar de lo expresado por los jerarcas del MOPT y de la Policía de Tránsito, los inspectores aseguran que la PGR se contradice en su informe argumentándose en lo estipulado en el Código de Trabajo y el  Consejo Superior de Salud Ocupacional.

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