San José, 20 Feb (Elpaís.cr) – El Gobierno de la República presentará el próximo mes su respuesta a la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de un mujer en 2008 a la que se le negó la intervención terapéutica de su embarazo en 2008, obligándola a llevar a término su periodo a pesar de ser incompatible con la vida extrauterina.
El caso es el de «Ana» una mujer cuyo nombre se reserva, que a la edad de 26 años señaló sentirse forzada a llevar a término su gestación a pesar de que un ultrasonido ya le había informado que el feto no viviría una vez que se diera el parto.
La mujer señaló en su demanda, además de haber vivido «una tortura» en su proceso que implicaron que decidiera no volver a quedar embarazada, una serie de burlas y abusos por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y que culminaron con la denuncia ante el órgano internacional de derechos humanos.
El Código Penal costarricense castiga con cárcel a quien provoque un aborto en el país, sin embargo, establece que en los casos donde haya algún riesgo para la vida de la madre, los médicos están facultados a interrumpir el embarazo.
La polémica ha surgido porque al no contemplar dentro de ese rubro el perjuicio psicológico de la madre al terminar un embarazo cuyo feto nacerá muerto, en casos como estos la práctica no se realiza, tal como sucedió en el caso de Aurora, otra mujer que en el 2012 pasó por la misma situación y que, por cierto, también desencadenó otra demanda ante la CIDH..
En ambos procesos estuvo involucrada la Colectiva por el Derecho a Decidir, que es una organización que clama por evitar lo que consideran una tortura para las mujeres en estos casos.
«Ana fue obligada por los médicos a llevar a término su embarazo, soportando padecimientos de salud física y mental, aunados a maltratos y burlas del personal hospitalario. Como última medida, solicitó a la CIDH la realización de un aborto terapéutico. Pese a que la magistratura reconoció que estaba gestando un riesgo para su vida y para su salud, se determinó que este provenía de sí misma y no de su embarazo, por lo cual se denegó su solicitud y Ana tuvo que pasar por un parto de más de 7 horas, cuyo resultado fue una autopsia que reveló que el feto había muerto dentro del útero», señaló la Colectiva en un comunicado de prensa en el que se refirió a las razones del caso.
En la respuesta que dará el Estado a la Corte explicando los por qués del caso, participarán, según adelantó Cancillería, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Ministerio de Salud y la CCSS.
El caso de Ana se une a la denuncia que perdió el país ante la CIDH por el caso de la no realización de la Fertilización In Vitro (FIV), que el Estado perdió en 2012 pero cuya resolución aún no se ha cumplido porque la ley al respecto no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa.