San José, 20 Feb (ElPaís.cr) – Vivian Mejía Serrano, actual funcionaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y ex perteneciente a la Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI), reconoció que en los años que fue parte de este órgano evidenció un tipo de «cuerpo policial» a lo interno de la entidad.
Mejía señaló que lo que realizó la DPSI, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), contra el ahora diputado Jorge Arguedas fue prácticamente una persecución: además, destacó que esa instancia institucional funciona más que como un departamento, como una policía.
La trabajadora asegurcó que todos los mecanismos para hacer seguimiento mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto están al alcance de la mano, e indicó que tienen armas, esposas, chalecos antibalas, entre otros objetos.
«Prácticamente la figura que quieren proyectar, que para mi criterio está equivocada, es de policía», mencionó Mejía Serrano, quién además dijo a los diputados sentirse preocupada por su integridad y la de su familia.
La funcionaria aclaró que ella nunca estuvo de acuerdo con este tipo de prácticas, inclusive mencionó que en su momento tuvo que interponer una denuncia por acoso laboral, lo que más tarde vendría a ser la causa directa de que la trasladaran de departamento.
Durante su comparecencia, relató un poco lo que fue el caso de seguimiento al actual diputado frenteamplista y ex dirigente síndical del ICE. Mejía Serrano recalcó que se pusieron a disposición ocho funcionarios de la DPSI, quienes tuvieron a su disposición vehículos rentados, además se monitoreaban mensajes, llamadas y locación GPS; también se documentaron fotografías y videos al respecto.
En relación con preguntas de algunos diputados, la compareciente agregó que aparte de los trabajos realizados junto con el OIJ en contra de narcotráfico y crimen organizado, algunas entidades bancarias como HSBC y el Banco de Costa Rica emitieron solicitudes de información; principalmente de las IP.
Francisco Camacho, diputado del Frente Amplio, expresó su preocupación por este tipo de acciones y resaltó que, «cuando les interesa una cabeza determinada que les estorba simplemente se le abre una causa y un caso secreto, se le recoge un expediente y con eso hay causa hasta de despido».
Por su parte, el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Ronny Monge, aseveró que, «hay muchas preocupaciones, yo creo que todos queremos que estos casos se vayan clarificando pero a medida que avanzan las audiencias nos surgen dudas y contradicciones».
Jorge Arguedas, perseguido en años anteriores por la DPSI denunció que los costarricenses están a la deriva en lo relacionado con el resguardo de la intimidad, ya que están violentando derechos de la privacidad a través de lo que es la intervención en las telecomunicaciones.
