San José, 20 Feb. (ElPaís.cr) Autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aclararon las declaraciones brindadas por Vivían Mejía Serrano, quién compareció ante la Comisión Legislativa que analiza los casos de intervenciones telefónicas y señaló que esta entidad realiza escuchas ilegales.
Serrano aseguró a los diputados que en la Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI), se hacían escuchas ilegales e intervenciones mediante mensajes, además expresó que en el caso del ex funcionario del ICE y actual legislador del Frente Amplio, Jorge Arguedas se pusieron a disposición ocho trabajadores para dar seguimiento personal al entonces sindicalista de la institución.
Mediante un comunicado de prensa, el ICE aclaró que no hay personal suficiente para llevar a cabo estos seguimientos y que tal y como lo expusieron interinos institucionales tiempo atrás en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el DPSI no realiza intervenciones ilegales.
Arguedas interpuso un recurso de amparo, el cual fue declarado con lugar por la Sala Constitucional y posteriormente intentó cobrarle a la institución mil millones de colones por daños y prejuicios, sin embargo fue denegado por el Tribunal Contencioso. La actual dirección del ICE señaló que estos hechos sucedieron durante la administración anterior (2009).
Serrano comentó en su comparecencia que este órgano interno es prácticamente un cuerpo policial, inclusive dijo que tienen armas, chalecos antibalas y una serie de mecanismos al alcance que permiten hacer intervenciones en las telecomunicaciones.
A diferencia de esto, la unidad de comunicación del ICE explicó en defensa del funcionamiento del DPSI que, «ese departamento desempeña acciones auxiliares de apoyo técnico a las instancias judiciales cuando existen intereses institucionales por hechos ilícitos contra su patrimonio o cuando ha sido solicitado dicho apoyo por asuntos propios del interés de la administración de justicia».
Finalmente, la entidad aseveró en que existe un riguroso proceso avalado y ejecutado por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como objetivo evitar y regular cualquier tipo de intervención ilegal en las telecomunicaciones.
