Washington, 24 feb (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) quiere implementar un sistema de verificación para saber cómo sus Estados miembros cumplen con los derechos económicos, sociales y culturales, que el secretario general, José Miguel Insulza, consideró claves para una buena democracia.
La presentación de estos mecanismos tuvo lugar en la sede de la organización hemisférica, en Washington (Estados Unidos), durante una Mesa Redonda de Políticas de la OEA, titulada «Agenda Regional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Una Mirada hacia el Futuro».
Insulza definió como «momento histórico» la presentación de estas herramientas que permitirán medir el cumplimiento que los Estados hacen del protocolo de San Salvador, que salvaguarda los derechos económicos, sociales y culturales.
Estas herramientas se recogen en un «plan de acción» en forma de borrador que aprobó el Consejo de la organización y que será evaluado por la Asamblea General entre mayo y junio de este año, detalló el secretario general.
«El espacio de la retórica se reduce mucho. Se va a poder determinar de qué manera, en qué medida y en qué cantidad se están cumpliendo o no las obligaciones de los países en materia de derechos sociales», destacó.
Según Insulza, el continente americano ha aprovechado las oportunidades de las últimas décadas para reducir la brecha entre ricos y pobres.
«Podemos decir que la distribución (de la pobreza) ha disminuido un poco en un momento en el que, en la economía mundial, la desigualdad ha aumentado sustancialmente», apuntó.
No obstante, el secretario general destacó el desigual acceso a la riqueza en las Américas y consideró que ese fenómeno genera la ruptura de los tejidos sociales de la región y afecta a la gobernabilidad democrática de los países.
«No creo que sea compatible un régimen completamente democrático con los niveles de pobreza y desigualdad que aún persisten en nuestra región», sostuvo Insulza.
A la intervención del secretario general, siguió un panel de discusión, moderado por el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, en el que evaluó el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
Los expertos, entre los que se encontraba el comisionado de la CIDH, Paulo Vanucci, coincidieron en la necesidad de generar un diálogo para analizar cómo estos derechos se traducen en políticas públicas en los estados.
En abril de 2014, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, abrió un proceso para recaudar recursos financieros que hagan posible la creación de una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Con estos pasos, la OEA quiere resaltar la relevancia de los derechos económicos, sociales y culturales, contemplados en la Carta de la organización y en la que se establecen importantes metas vinculantes para los Estados.
