lunes 29, noviembre 2021
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Más signos de inestabilidad: Otra muestra en la esfera del Poder Ejecutivo

Columna “Pensamiento Crítico”

El sonado caso de la Ruta 32 a Limón

No acabábamos de cerrar la lista de eventos provocadores de una creciente inestabilidad política presentada en la anterior columna, cuando volvió a la agenda de la discusión pública el caso del cuestionado crédito chino para ampliar a 4 carriles un tramo de la ruta entre Limón y Guápiles, por el monto  $385 a los cuales el Gobierno PAC-Solís (en adelante GPS) deberá aportar otros $90 sin saberse de dónde tomará recursos para ello, ni cómo lo hará, aparte de que ya se sabe que varios rubros allí contemplados serán insuficientes para financiar lo que se planea hacer. Y esto, a más de que el compromiso se establece en medio de fuertes restricciones presupuestarias que el GPS ha aceptado auto-imponerse; o que asimismo le imponen mal intencionados actores de la oposición deseosos de cortarle al GPS más las alas para gobernar, alas que casi no tiene.

Esencialmente es el mismo turbio proyecto y contrato firmado entre la firma china CHEC y CONAVI en el 2013, que 45 diputados aprobaron esta semana apuradamente, sin estudiarlo ni entenderlo, bajo una doble presión: el chantaje de los chinos que dieron plazo hasta el 28 de este mes para sancionarlo, y de las llamadas “fuerzas vivas” aliadas con los diputados de aquella provincia.

Por aparte, presionaba duro el GPS desde Zapote, con el presidente LGS llamando a arriesgarlo todo con tal de no detener el “desarrollo y el progreso del país”. Y, de paso, en su demagógico frenesí echaba la responsabilidad por las múltiples y graves deficiencias de lo aprobado a los diputados, que no se sacudieron el fardo.

Se correrán enormes riesgos

En fin, un cúmulo de acciones impremeditadas, improvisadas y hasta irresponsables tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que mucho pueden costarle al país, tanto en lo técnico y material como en lo financiero. El mismo ministro Segnini del MOPT ha reconocido desde ya, como un ejemplo, que los costos de la obra pueden aumentar; ya que ni siquiera hay un anteproyecto con planos suficiente y adecuadamente desarrollados como para hacer bien los cálculos y ¡éste no vendrá hasta dentro de 8 meses! Más aún, desde ahora  se estima que no alcanzarán los $90 millones que el país debe asignar para cubrir expropiaciones y reubicaciones de servicios públicos en la ruta. Ni siquiera sabe el Ejecutivo por dónde despegarán las obras, posiblemente tampoco sepa cuándo, aunque afirma que arrancarán en unos 8 meses. Una completa fantasía.

Los riesgos que se corren son, pues, enormes a cambio de no dejar ir la oferta de un país que acostumbra saltarse normas elementales en los contratos (no solo laborales y ambientales) que acostumbra firmar con países como Costa Rica; y que ha convertido a los países de la zona centroamericana-caribeña en un “patio trasero” al estilo yanqui. Claro, detrás asoman bien el “Gran Garrote Rojo” y las prácticas viciadas y duras de una diplomacia totalmente mercantilizada al servicio de corruptos intereses y negocios, tanto de aquí como de allá, como ha habido innumerables pruebas. Como muestra el botón del ministro asistente de Exteriores a cargo de las relaciones con Latinoamérica, Zhang Kunsheng, a quien se le investiga por “una violación disciplinaria no especificada”, término usado para hablar de corrupción, según reportó la agencia Deutsche Welle el pasado 2/o1/2015.

Algunas de las mayores dudas e incertidumbres acerca de la ley aprobada

Vale la pena revisar, aunque sea someramente, varias de las principales preocupaciones y críticas vertidas en torno a la tramitación del proyecto carretero, mayormente las planteadas por la Contraloría, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Grupo Consenso el cual desde muchas semanas atrás venía señalando lagunas y fallas de mucho calado en el texto contractual.

1) La Contraloría asevera que el contrato-ley puede incurrir en violaciones a la Constitución y la Ley de Contratación Administrativa si no se revisan y ajustan sus cláusulas a lo que ambas establecen. Igualmente, indica que el Estado no está obligado a contratar a CHEC, que deben darse las razones de su selección (no aparecen en documentos presentados al ente), así como para la fijación del precio de la obra y los intereses a cobrar. Los plazos contractuales de igual forma deben ser analizados, junto al riesgo cambiario. Y termina amenazando con que la aprobación del ente no se dará, si el Congreso no corrige estos aspectos a la hora de aprobar el acuerdo y cualquier contrato que incluya el texto, o alguna adenda colocada al final del texto actual.

2) Por su parte, el CFIA insiste en que hay una falta de información sobre aspectos clave, que puede dar al traste con el proyecto de remodelación de la Ruta 32; como, por ejemplo, la carencia de planos imprescindibles, el no poderse estimar el costo del mismo y no haber cálculos del valor de las expropiaciones y obras colaterales, entre ellos el traslado del oleoducto de Recope, un proceso que tomará 3 años en terminarse.  El ente prevé grandes atrasos en varias etapas de la ejecución de las obras, con el agravante de que el país tendrá que cargar con los costos de los atrasos y con los de las eventuales indemnizaciones en que se incurra, así como de cualquier transgresión a los términos draconianos del acuerdo. En última instancia, habrá arbitrajes internacionales en sede judicial china. Llama la atención el hecho de que, por su lado, el gobierno chino sutilmente se eximiera él mismo de cualquier responsabilidad por incumplimientos del contrato de parte de CHEC, la que se le recargó enteramente al gobierno tico, un perfecto caso de tigre suelto frente a burro amarrado. Otra cosa es que la licitación y los trámites para la compra de los tubos se pronostica que tardarán 2 años. Vayamos sumando. Según calculan conjuntamente el CFIA y el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme de la UCR), las expropiaciones a lo largo de la ruta intervenida requerirán $50 millones, y no los $20 millones comprometidos por el GPS para ese fin. Finalmente, el CFIA señala que el diseño propuesto por los chinos viola la normativa internacional de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), en cuanto a las dimensiones de los carriles y taludes, por lo que el costo estimado de $465 millones para la obra es ilusorio y para nada se corresponde con el costo real.

3) Según lo anotado públicamente por el Ing. Ricardo Castro del Grupo Consenso, que agrupa a la Asociación de Carreteras, el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el CFIA, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de la Construcción y la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, entidades que estudiaron concienzudamente el proyecto, éste genera inmensas dudas y de seguro fracasará. Acuerpa todas las objeciones efectuadas por el CFIA y terminó afirmando que los pasos y procedimientos especificados carecen de toda lógica y validez desde el punto de vista ingenieril.

Una aprobación temeraria al estilo de los gobiernos de la Partidocracia

De este modo, primeramente, todos quedamos avisados acerca de los posibles tropiezos que tendrá el país (amarrado) con este contrato-ley, tan sesgado en contra de los intereses y necesidades del prestatario (el gobierno costarricense), mientras los chinos se protegieron anticipadamente frente a cualquier responsabilidad que pudieran tener debido a violaciones de las cláusulas contractuales, especialmente los atrasos en los plazos incluidos.

Segundo, tenemos aquí una perfecta muestra de la forma como el GPS sigue procediendo en decisiones claves de políticas públicas, no solamente montándose en los hombros de proyectos salidos y sumamente cuestionados de la anterior administración Chinchilla. Y como si fuera poco, que fueron ellos mismos criticados agriamente por LGS y el PAC en tiempos de campaña, y desde antes en el caso del acuerdo con los chinos. Recordemos cómo  fue recia y justamente atacado por el ex diputado Manrique Oviedo del PAC. Básicamente, desde entonces se siguieron cometiendo los mismos errores y faltas tanto de forma como de fondo, mientras el GPS cedía a una y otra presión, amenaza o chantaje en la tortuosa ruta de paso por el Ejecutivo y el Legislativo.

Y, en tercer lugar, podemos ver en miniatura en este convulso escenario, lo que se ha venido convirtiendo en un accionar sumamente contradictorio y hasta temerario de parte del GPS que a cada paso intensifica un clima de zozobra, incertidumbre e inestabilidad política que nos envía señales no solo de una crisis política de dirección, eficiencia y eficacia en la conducción del Estado, sino además de un régimen político constitucional, o sea de un presidencialismo obsoleto en medio de un multipartidismo extremo, fragmentado y con fuertes polarizaciones y conflictos tanto hacia adentro como hacia afuera del sistema político (suma del Estado, los partidos y los grupos de presión e interés, incluidos los denominados “poderes fácticos”) que comenzamos a vivir desde las elecciones 1998 cuando comenzó a colapsar el PLUSC-bipartidismo.

Este escenario en pleno desarrollo no dejará de preocuparnos más y más conforme en él se pase de una “crisis política” a una “crisis de régimen” que, entre otras cosas, podría llevarnos a una quiebra del Estado de Derecho y de la democracia liberal-representativa, luego de casi 40 años consecutivos de neoliberalismo, con fuertes golpes de apertura y desregulación, todos orientados a reducir y debilitar los poderes y recursos del Estado, así como a sustraerlo de cualquier sistema de intervención dirigista y regulador de la sociedad civil y la economía. Esta es la causa profunda de la inestabilidad y hasta anarquía que percibimos en el sistema político. Y, por lo que vemos, el GPS seguirá por la misma ruta; la misma que tan drásticamente rechazó casi el 80% del electorado el pasado 6 de abril del 2014 al elegir presidente a LGS. Ojalá estemos equivocados en nuestros presagios, pero para muestra ya vamos teniendo más de un botón, y seguramente habrá más cada semana o mes que pase.

(*) José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología de la UCR

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