De cal y de arena
“Ferrocarril al Atlántico; ferrocarril a todo trance; ferrocarril aún a través de lo imposible”, fue el lema que acompañó la decisión del presidente Tomás Guardia de construir, con el Contrato Soto-Keith en la mano, el ferrocarril al Atlántico. Ahí estaban grabadas su recia personalidad, su tenacidad, su carácter autocrático, vocaciones sin las cuales probablemente no hubiese sido posible legarle al país la obra física de mayor impacto social, económico y político de la historia nacional, la del presente incluida. Si es que el presidente Luis Guillermo Solís quiere aproximarse a aquel temple, está en su derecho. Pero ni sueñe que en las condiciones reinantes hoy día, esa tozudez con que suele sorprendernos con más frecuencia de lo deseable, le va a ser suficiente para asegurarle un exitoso arribo a puerto al contrato con la empresa china CHEC para reconstruir la carretera entre Río Frío y Limón. La magnitud, naturaleza y procedencia de los cuestionamientos que se le hacen -opiniones de innegable contenido técnico de la Contraloría, LANAMME, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Unión de Cámaras, la Cámara de la Construcción, entre otros- desnudan inconsistencias de fondo en el contrato que pueden incidir en un proceso constructivo lleno de tropiezos, con afectación del resultado final y de la cronología de su conclusión. Bien haría el gobernante poniéndoles atención en obsequio al superior interés público de hacer de la ruta 32 una vía de primer mundo, en lugar de imponer la orden de correr riesgos con las inconsistencias y omisiones de ese contrato . El general Guardia pudo darse el lujo de aquel contrato-ley que ciertamente aportó al país una portentosa obra. Pero el presidente Solís no tiene su aura como para eximirse de una histórica censura por los costes que le estaría imponiendo una contratación colapsada.
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No es la necesidad ni la oportunidad de esta obra vial lo que está en debate. El país debió imponerse hace rato la reconstrucción de esta carretera, hoy en condición esclerótica y con dañosos efectos sobre la economía nacional y la de la región atlántica, además incompatible con la decisión de modernizar los puertos. Pero esa necesidad no justifica la premura y la improvisación con que se acompaña el proyecto que se encargará a China Harbour Engineering Co. a un costo superior a $500 millones según lo advierten aquellas entidades al analizar parte –porque el texto final del entendimiento aún no trasciende- de sus extremos financieros, políticos y constructivos. Evidentemente no soplan buenos vientos en torno al trámite de la contratación; las presiones populistas y los criterios demagógicos están impidiendo la debida consideración a las advertencias y dudas planteadas. El propio don Luis Guillermo admite que hay dudas no obstante lo cual convoca a correr riesgos. ¿Será este contrato un lanzamiento al vacío?. Si hay un tropezón de mayor cuantía ¿habrá rendición de cuentas o será como en Alterra, Ruta 27, la Trocha, Limón Ciudad Puerto y la Hidroeléctrica Balsa Inferior?
Álvaro Madrigal es abogado y periodista.