México, 26 feb (EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó hoy una iniciativa de reformas a la Constitución para el rediseño institucional en materia de lucha contra la corrupción, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en respuesta a señalamientos de presuntos conflictos de interés en su Gobierno.
En lo general fue aprobada por 409 votos en favor, 24 en contra y tres abstenciones la iniciativa para reformar la Constitución para responder a la «demanda social de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el eficiente uso de los recursos públicos», dice el dictamen.
El documento allana el camino a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, «se dedicará a la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como a la fiscalización y control de recursos públicos».
El Sistema contará con un comité coordinador que deberá elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados en la aplicación de políticas y programas en materia de combate a la corrupción.
El comité estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción y de la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno, así como por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Durante la discusión los diputados de la mayoría de las fuerzas políticas argumentaron en favor de los beneficios de las reformas.
La diputada Elizabeth Yáñez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), dijo que las reformas brindan las herramientas necesarias para «identificar, procesar y sancionar a los actores de la corrupción de acuerdo a la falta que cometan».
De igual forma, el legislador Luis Antonio González, del partido Nueva Alianza (NA), argumentó que México «no puede seguir en la impunidad, con altos índices de corrupción, que lacera el ámbito social, político y económico».
No obstante, Amalia García, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que para que el Sistema Anticorrupción sea completo «debe considerar la reforma al (artículo) 108 constitucional, con el fin de incluir en ello al titular del Ejecutivo federal».
El proyecto, que aún deberá ser discutido en el Senado, lo que se espera ocurra antes de abril, prevé que los tribunales en la materia podrán determinar la responsabilidad de particulares por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, determinarán las sanciones correspondientes.
Éstas, indica, podrán consistir en sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y el resarcimiento de los daños ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales y los demás que determinen las leyes.
De acuerdo con el documento aprobado, los servidores públicos estarán obligados a presentar, «bajo protesta de decir verdad», su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.
Asimismo, se propone la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito y se amplía a siete años el plazo de prescripción de faltas administrativas graves.
Peña Nieto propuso a fines de 2014 pasado un sistema anticorrupción luego de enfrentar ese año un escándalo por la revelación de que su esposa, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana.
La polémica creció al conocerse que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también había adquirido una vivienda al mismo contratista, el Grupo Higa.
