Santiago de Chile, 2 mar (EFE).- El presidente de la Corte Suprema de Justicia chilena, Sergio Muñoz, propuso hoy eliminar el fuero parlamentario para que los políticos acusados de corrupción «asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones».
«Pensado como una protección ante acusaciones infundadas, parece hoy en día no tener justificación» el fuero parlamentario y por tanto, los políticos imputados de un cargo criminal (corrupción) debieran enfrentar el proceso «como cualquier ciudadano de la República sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios», dijo Muñoz en su discurso de inauguración del nuevo año judicial.
La precisión la realizó el magistrado en un contexto legal marcado por uno de los casos de corrupción más grandes en Chile, denominado «Penta», y de la reciente investigación judicial al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien está implicado en un millonario negocio inmobiliario que los medios de comunicación han denominado «caso Caval».
El «caso Penta» se trata de una investigación judicial sobre delitos de corrupción, cohecho y lavado de dinero en el que están implicados políticos de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, los dueños del grupo empresarial Penta y algunos excandidatos presidenciales.
Mientras que el caso de Dávalos Bachelet, descubierto en una investigación periodística, fue denunciado ante las autoridades por grupos de derecha por el supuesto delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, tras un negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Campagnon, accionista de la empresa Caval.
El hijo de la gobernante, que era el director sociocultural de la Presidencia, cargo por el que no percibía honorarios, renunció al puesto el pasado 13 de febrero ante la fuerte polémica que se creó.
En tanto, en el discurso de Muñoz, que también incluyó la entrega de la cuenta pública del Poder Judicial, recalcó que la razón de este poder del Estado «es sumar a la sociedad igualdad, libertad y dignidad».
«Asimismo, los derechos personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben obtener vigencia y no ser una romántica declaración», afirmó Muñoz.
En la nación austral, el fuero parlamentario es un privilegio para diputados y senadores en el cual no pueden ser imputados o afectados en su libertad personal, sin que la Corte de Apelaciones haya declarado con anterioridad el acoger una causa judicial en que sean imputados.
Muñoz, también dijo que en cuanto a los derechos humanos, son 23 los ministros (jueces especiales) que tramitan hasta el momento 1.056 causas, de las cuales 112 son por tortura.
En esa misma línea, el presidente del Poder Judicial se quejó de que a pesar de que se hayan aumentado los ingresos en los últimos años, «la dotación de jueces sigue siendo la misma que en 1990, insuficientes para las mayores demandas que se producen 25 años después».
