Buenos Aires, 6 mar (EFE).- En medio de la polémica por las graves contradicciones sobre la muerte de Alberto Nisman, el Gobierno argentino subrayó hoy la importancia de alcanzar la «verdad» y volvió a apuntar contra el único imputado del caso, Diego Lagomarsino, propietario del arma que acabó con la vida del fiscal.
«El Gobierno no forma parte del proceso. La legítima intención del Gobierno es que se arribe a la verdad jurídica objetiva», dijo hoy el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández.
El alto funcionario habló así un día después de que conocieran las conclusiones de una investigación encargada por la familia de Nisman, que contradicen en aspectos fundamentales a la fiscal del caso, Viviana Fein.
Según Sandra Arroyo Salgado, jueza y ex esposa de Nisman, el fiscal fue víctima de un homicidio, mientras la Fiscalía a cargo del caso sostiene que, en base a las pruebas reunidas hasta el momento, no puede descartar otras hipótesis, como el suicidio.
Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su apartamento el 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de ese acto terrorista.
Arroyo Salgado, querellante en la causa, pidió hoy a la Justicia que supervise la custodia asignada al círculo familiar, que incluye a las dos hijas que tuvo con el fiscal, después de presentar las conclusiones de la investigación privada encabezada por reconocidos expertos, entre ellos el decano de los forenses argentinos, Osvaldo Raffo.
Las conclusiones de su informe contienen diferencias fundamentales con la investigación oficial, como la hora de deceso -para la querella, en la noche del 17 de enero y para la investigación oficial el 18- y la ubicación del cuerpo, según Arroyo Salgado movido de su posición original tras recibir el balazo.
Además, los peritos de parte niegan el espasmo cadavérico que arrojó la autopsia y afirman que Nisman agonizó.
Pese a estas importantes diferencias, el jefe de Gabinete argentino destacó hoy las «coincidencias», entre ellas, que el arma que provocó la muerte le fue entregada por Diego Lagomarsino, un informático que colaboraba con Nisman en la Fiscalía y que hasta ahora es el único imputado en el caso.
Aníbal Fernández recordó que los peritos de la querella concluyen «que la muerte habría sido provocada 36 horas antes de la autopsia», esto es, sobre las «20 horas del día sábado», 17 de enero, con un margen de error de cuatro horas.
«Entonces, digamos que fue entre las 16 y las 20: es la hora en la que estaba Lagomarsino en el departamento», comentó el alto funcionario, que opinó que «la defensa de Lagomarsino debe estar sumamente preocupada» por los datos de la investigación encargada por la exesposa de Nisman.
De confirmarse la teoría del homicidio, el autor debía ser una persona conocida de la víctima porque no hay pruebas de que tratara de defenderse y «si no se defendió es porque la persona que entró era un conocido», sostuvo el jefe de Gabinete.
La fiscal del caso, Viviana Fein, que insiste en que ninguna alternativa puede ser descartada de momento, adelantó hoy que citará a los peritos de parte para que expongan los fundamentos de su trabajo y no descartó convocar a una junta médica con el objetivo de que se comparen ambas pericias.
Para Arroyo Salgado, la muerte de Nisman es un «hecho criminal de magnitud» que se dio en un «contexto político y judicial» que «ha marcado de lleno la institucionalidad de la República, además de poner en tela de juicio el rol del Estado nacional frente a la comunidad internacional en materia de terrorismo».
Mientras, la denuncia de Nisman contra la presidenta por encubrimiento terrorista ha pasado a la órbita de la Cámara Federal y el Gobierno insiste en la teoría desestabilizadora alrededor de la acusación del fallecido fiscal.
«Nos han metido en una lógica que están intentando que no salgamos. Se apela para seguir poniendo al Gobierno bajo sospecha», dijo el jueves el ministro de Interior y Transporte argentino y precandidato presidencial Florencio Randazzo, a la televisión pública.
Entre tanto, la oposición insiste en reclamar una Justicia independiente y el fin de la impunidad.
«Gobierne quién gobierne, la Argentina necesita una Justicia independiente», sostuvo el líder del opositor Frente Renovador y candidato presidencial, Sergio Massa.
