martes 30, noviembre 2021
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«Petrolao»: una crisis de dimensiones amazónicas que acaba de empezar

Brasilia, 7 mar (dpa) – En Brasil se dice que no hay nada que esté mal que no pueda empeorar, un dicho que describe con buena dosis de acierto la situación en la que quedó el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ya golpeado por el grave deterioro de la economía, después de que decenas de legisladores aliados quedaran bajo la lupa de la Justicia.

La «bomba» estalló en la noche del viernes, cuando el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki dio luz verde para que 47 políticos sean investigados por sospecha de integrar una «compleja organización criminal», según apuntó el procurador general de la República, Rodrigo Janot, autor del pedido de investigación.

«Las dimensiones amazónicas del ‘Petrolao’, ese escándalo de robos en Petrobras, le dieron a la democracia brasileña una apariencia de ‘cleptocracia'», afirmó el analista Josias de Souza, del portal UOL.

Y es que las cifras del que se configura como el mayor escándalo político de la historia de Brasil son astronómicas, comenzando por los recursos que se estima fueron desviados entre los años 2004 y 2012: 3.700 millones de dólares. El dinero era supuestamente utilizado para pagar sobornos y financiar campañas políticas.

También asombra el número de políticos implicados en los fraudes: además de los presidentes del Senado Federal, Renan Calheiros, y de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, integran la lista 22 de los 513 diputados federales, 12 de los 81 senadores y 12 ex diputados.

Completan la lista de implicados ex ministros de Rousseff y de Lula, el ex presidente de la República y actual senador Fernando Collor de Mello -despojado del poder en 1992 por corrupción-, y la hija del ex presidente de la República José Sarney, Roseana Sarney, ex gobernadora del estado de Maranhao.

Además, seis partidos políticos poseen al menos un integrante vinculado a la red de corrupción. De estos partidos, los tres con más cantidad de investigados son los principales socios de la alianza de gobierno que llevó a Rousseff a conquistar su segundo mandato en octubre: el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el derechista Partido Progresista (PP).

Éste último lidera la nómina con nada menos 30 de sus integrantes investigados: 18 de sus 40 diputados, y tres de sus cinco senadores, además de ocho ex diputados y del actual vicegobernador de Bahia, Joao Leao.

En segundo lugar figura el PMDB, con siete miembros bajo sospecha -entre ellos los presidentes de la Cámara Baja y del Senado-, seguido del gobernante PT, con tres senadores, tres diputados federales y un ex diputado investigados.

Pero el mayor problema es que parece que esto no ha hecho más que comenzar: al divulgar la lista que mantuvo en vilo al país, Zavascki apenas dio el puntapié inicial de un proceso de investigación que según ministros de la Corte Suprema comenzará a dar sus frutos en un par de años, según los pronósticos más optimistas.

Mientras tanto, el país se encuentra al borde de la recesión y para evitarlo la presidenta Rousseff y su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, deben poner en práctica un drástico ajuste fiscal que necesita la aprobación del Congreso, ese Congreso que amaneció con buena parte de sus integrantes bajo sospecha de corrupción.

Un Congreso, además, en el que la coalición aliada del gobierno ha dado muestras de que no será demasiado sumisa al Ejecutivo y de hecho ya se permitió rechazar iniciativas económicas como la subida de impuestos o el recorte de derechos laborales.

En resumen: para sacar al país del pantano económico y superar la aguda crisis política en que se encuentra, en el marco de la cual resuena una y otra vez la palabra «destitución», la presidenta brasileña depende hoy de un Congreso que está en la mira de la Justicia.

Una cámara que además se le opone tanto o más que la propia oposición, cuyo principal exponente, el Partido de la Social Democracia Brasileña, solo tiene un integrante en la lista de investigados.

Y sólo han pasado 66 días desde que Rousseff comenzó un segundo mandato que ya se vislumbra turbulento.

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