jueves 9, diciembre 2021
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Wikileaks a la panameña

Este caso se asemeja mucho a lo vivido por AL CAPONE, a quién las autoridades le inculpaban por varios delitos graves, pero  finalmente cayó, por donde menos lo esperaba, “Defraudación fiscal”. La Constitución Política  protege “la Inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad” sorprendentemente, tiene una ridícula sanción, de 2 a 4 años en Panamá, a pesar de ser un delito tan grave.

Esta mala práctica de las escuchas telefónicas, se hizo costumbre a lo largo del quinquenio anterior, porque estos vida-ajena, enquistados en el poder, en vez de estar combatiendo al crimen organizado, se dedicaron a espiar a cuando ciudadano consideraban su enemigo, en una franca violación  a la ley.

Según narran las noticias la lista de afectados sobrepasa los 150 personas, pero es probable que el número sea mayor, porque borraron alguna de ellas. Se menciona personas de diferentes ámbitos a saber: Políticos, sindicalistas, periodistas, diplomáticos (Este le puede traer problemas con otros países a Panamá), diputados, magistrados, empresarios, ministros de Estado, ( MEDUCA ), y no me extrañaría que hasta el clero haya sido espiado.

Este affaire tiene antecedentes recientes, porque paradójicamente, por un delito similar se condenó a una ex Procuradora General de la nación. Pero también se mencionan casos de pinchazos telefónicos en la procuraduría de la administración saliente, pero misteriosamente esos casos los han archivado. Es decir una justicia selectiva, porque mientras a una procuradora la condenan, al otro ni siquiera lo investigaron.

Pero el asunto no para ahí, y de forma contradictoria el gobierno saliente de Ricardo Martnelli, le otorga “asilo” a la Sra. María del Pilar Hurtado, quien precisamente es requerida por el gobierno de Colombia, por el mismo delito de pinchazos telefónicos, cuando dirigía el Departamento Administrativo de Seguridad  (DAS), afortunadamente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró ilegal el otorgamiento de ese asilo, y recientemente se le ha negado el estatus de refugiada, una decisión acertada, porque esa aberración política, estaba poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con Colombia.

Resulta que estos delitos no se cometen, solos,  se requiere: Un personal para pinchar, y un equipo para hacerlo. Se conoce que la maquina pinchadora, costó 13 millones de dólares, y que se compró con dineros del Programa de Ayuda Nacional (PAN), y que a la fecha se desconoce su paradero, como también, la de, dos ex miembros  del Consejo de Seguridad Nacional, que están en fuga, y que son buscados por las autoridades, y que pueden corroborar todo lo sucedido. Actualmente hay dos exdirectores de ese consejo que están detenidos. Sus abogados han interpuestos sendos habeas corpus para su liberación, decisión que tiene que tomar la CJS.

Como el presidente de la República es quién dirige ese consejo de seguridad, hay sobradas razones, que vinculan al expresidente de la república con tales delitos, por lo que el Ministerio público, ha hecho un llamado a los afectados por los pinchazos, para que se acerquen a sus oficinas a verificar el material que les atañe. Y por lo declarado hasta ahora, todos han corroborado sus nombres a las escuchas telefónicas ilegales, pero ejecutadas por el gobierno anterior. Los mismos han procedido a realizar denuncias ante la CSJ, y el ministerio público.

Los denunciados, se enfrentan a dos delitos en este caso: La violación a la privacidad, y de peculado por la pérdida de la maquina pinchadora. Esperemos que la justicia haga su trabajo, y le devuelva el sosiego y respeto a la sociedad panameña y que ojalá  que esos actos delictivos no se vuelva a repetir.

(*) Domingo Espinosa G.

Docente- Escritor

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