La inestabilidad política: El Poder Judicial empuja a una crisis de régimen (I)

Introducción

Los desperfectos que se multiplican en el funcionamiento de los Poderes de la República, y que nos mantienen en el fragor de una creciente inestabilidad y parálisis políticas, pueden captarse también en el Poder Judicial (en adelante el PJ), y con creces. Hemos indicado en esta columna, con insistencia, que nos vamos moviendo del escenario de una crisis política de estabilidad o de gobernanza democrática, para entrar a otra más grave de régimen.

En la medida en que el sistema político republicano se bloquea, lo asedia por doquier la corrupción (como forma de delincuencia organizada de cuello blanco), y no es capaz de resolver los más graves problemas internos y externos del país, las dos crisis se agudizan y entrelazan. Se vuelve, por tanto, un sistema ineficiente y éticamente descompuesto que desprestigia a la democracia conforme va perdiendo grados de aceptación y confianza, de credibilidad y legitimidad entre la ciudadanía, tal como lo viene presagiando la encuesta anual del Latinobarómetro.

En efecto, en esa encuesta, para el año 2013, un 62% de los entrevistados en Costa Rica afirmó estar “no muy satisfecho” y “para nada satisfecho” con el funcionamiento actual de la democracia; un porcentaje que ha ido creciendo desde hace al menos una década y que revela lo que se viene perfilando en la percepción y conciencia ciudadana: una parálisis y eventual quiebra del sistema, incapaz de satisfacer las expectativas ciudadanas. Se entiende el por qué  solo un 53% de ellos respondió que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, lo que revela el avance del autoritarismo entre la masa de los electores.

Y muchísimo tiene que ver lo anterior con la imposibilidad que tiene sistema político presidencialista imperante para funcionar bajo las condiciones introducidas por un  multipartidismo extremo, disperso e incoherente, como el que comenzó a sustituir al tradicional bipartidismo del PLUSC a partir del año 1998. Lo cual ha hecho que el gobierno poco o nada pueda resolver los graves problemas acumulados por años y hasta décadas. Por tanto, no extraña que un 73,2% de los ciudadanos entrevistados para el Latinobarómetro dijera que “no es muy probable” y “es nada probable” que, en los próximos 5 años, el gobierno pueda resolver los problemas que indicaron antes como los más importantes y urgentes por atender.

La crisis del PJ como producto de sus mega- y meta-poderes

En ese contexto crítico, hace rato que se ve al PJ flaqueando y con él todo el edificio del Estado Social de Derecho y, por arrastre, el régimen mismo de la democracia republicana del cual ese poder debe ser un supremo garante. Mas no está solo en esa tesitura.

Aunque ahora vamos a centrarnos en el Judicial, cabe señalar que esta misma problemática se extiende a los otros Poderes, que también han estado mostrando fallas severas en su funcionamiento y lucen entrabados, afectados por  interferencias recíprocas, ineficiencias y corruptelas, y perturbados por los incesantes roces y conflictos con el PJ, especialmente en lo que va de este siglo.

Veamos brevemente en esta serie de análisis por qué y cómo en el país se originó el ascenso y luego el declive del PJ y del sistema global de la administración de justicia; sistema que incluye junto, al cuerpo integrado por todos los jueces al que se denomina Judicatura o Magistratura, a la burocracia judicial administrativa, al ministerio de Justicia, el sistema carcelario y a las diversas policías.

1. Primero, destaquemos la forma oligárquica como ha sido y es gobernado el PJ “hacia adentro” (manejo relaciones internas de poder entre superiores y subordinados) por parte de los magistrados de la Corte Suprema. Éstos constituyen una prepotente cúpula judicial que se diferencia y superpone a los demás jueces de menor rango de la Judicatura, a los que controla junto con el aparato administrativo burocrático interno.

El dominio elitista de los magistrados y unos cuantos jerarcas superiores que les son  fieles, ha respondido históricamente y sigue respondiendo más a al molde de un centralismo autoritario de una cerrada, rígida y vertical burocracia, que al de una organización democrática de la judicatura y la administración de justicia en general dedicada a la aplicación de las normas legales y a la ejecución de lo establecido por ellas.

Ese estilo elitista y súper-centralizado de mando, ha convertido al PJ en lo que vamos a llamar aquí un “MEGA-PODER” jerárquico desorbitado, incontrolable e irresponsable, sin sintonía con la sociedad civil y con los demás poderes, así como reacio a cualquier reforma efectiva que lo democratice, reorganice y eficientice; y sobre todo que lo haga responder más a los intereses y necesidades ciudadanas de justicia pronta y cumplida, y menos a los de los más ricos y poderosos, incluidos en esta categoría los propios magistrados privilegiados y a un puñado de jerarcas superiores de la administración.

Por tanto, el PJ se reproduce hasta hoy como una estructura absolutista y opaca, muy ajena a los principios y prácticas de una administración democrática, abierta, transparente y rendidora de cuentas, conectada con la sociedad civil y dispuesta a contribuir al mejor trabajo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En vez de esa entidad, que reina y vegeta como judicatura en el plano interno del PJ, haría falta otra muy distinta, donde sea posible establecer la tutela de un gobierno colegiado que se encargue  seleccionar a los magistrados y jueces mediante concurso público, de supervisarlos y sancionarlos; o sea, un “Consejo de la Magistratura” electo por votación de todos los jueces, que dirija el PJ completo, incluida la administración; formado no solo por juristas y jueces experimentados sino además por abogados litigantes, junto académicos y científicos de renombre propuestos por el Colegio de Abogados y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE)

Eso sí, todos ellos y ellas competentes, empoderados, portadores de criterios independientes, y bien dispuestos a realizar al menos CUATRO TAREAS ESTRATÉGICAS CLAVE para el presente y futuro de la democracia; a lo mejor emprendimientos portentosos dados los escollos habidos a estas alturas por el avance de la doble crisis: la política, pero en trance de volverse una crisis más grave, la de régimen, la cual implicaría un eventual colapso de la democracia.

He aquí cuáles serían esas tareas internas, urgentes e importantes

1. a) Superar la resistencia inveterada de la cúpula judicial a que toda la administración de justicia se democratice de arriba a abajo y deje de regirse por una mezcla de rasgos arcaicos y superables (muchos de ellos medievales y absolutistas heredados de la administración colonial española, otros salidos de la era napoleónica entre los siglos 18 y 19), que ahora funcionan entremezclados con los principios y formas de operación neoliberales, los de una “justicia de mercado”; o sea, los de una justicia elitista, convertida en un servicio bueno solo para quienes puedan pagarla, realizada “a la medida del cliente” y desde arriba; y poco o nada sensible a las demandas que, desde abajo, le plantea la ciudadanía.
2. b) Impedir que la burocracia judicial y su cúpula cerrada se conviertan en su propio gobierno, inutilizando a la Inspección Judicial y manteniendo un dominio temible sobre el resto de la Judicatura, los fiscales y defensores, el OIJ y el personal administrativo medio y bajo.
3. c) Desterrar el tráfico de influencias, la politiquería y los cálculos electorales de los procesos de selección y el nombramiento de los magistrados y por esa vía de los jueces, como ahora sucede; y
4. d) Coordinarse bien desde la Corte Suprema y los órganos jurisdiccionales superiores con los demás Poderes de la República para salir de la crisis política y evitar una de régimen; lo que implica contribuir a superar el presidencialismo y avanzar hacia un sistema parlamentario, mejor adaptado a las exigencias del pluralismo y el multipartidismo.

2) Segundo, sobresale cómo “hacia afuera” la cúpula judicial viene proyectándose como un sombrío, extralimitado y abusivo “META-PODER” no electo por los ciudadanos, producto de una gran concentración de controles y fuertes injerencias, amputaciones y desplazamientos de las capacidades decisorias de los otros dos Poderes que sí son electos por la ciudadanía: el Legislativo y el Ejecutivo; incluida allí, por supuesto, la judicialización negativa de la política o “Juristocracia”, buena aliada de una nefasta “Partidocracia” criolla, también oligarquizada y antidemocrática. Un tema sobre el que indiscutiblemente tendremos que volver y hablar más.

Esta situación de injerencia y dominio de los jueces sobre la políticas y los políticos, ha llegado al  punto de que, en muchas situaciones, el PJ se sobrepone abiertamente a los otros dos Poderes Públicos elegidos por los ciudadanos; también los incrimina con mucha frecuencia a la par de las dirigencias de los partidos, llegándolos a neutralizar, extralimitándose así en sus funciones constitucionales y haciendo que fracase la política como atributo de la clase política. Todo lo cual, además, ha permitido a la cúpula judicial colaborar desenfadada y afanosamente con el desmantelamiento del Estado Social de Derecho y con su substitución por un Estado Mercado-Céntrico o Neoliberal.

En refuerzo de lo anterior, la cúpula ha facilitado la aprobación de códigos, leyes y tratados internacionales neoliberales, los cuales violan la Constitución de 1949 –como los de libre comercio- y avalan el traslado de insoslayables funciones judiciales de su plena competencia y soberanía, a la justicia privada tanto a escala nacional como de fuera del país; ambas dominadas completamente por intereses empresariales “fácticos” (extra-legales o ilegítimos) que persiguen gobernar, donde destacan los de las cámaras, los inversionistas, los bancos y las corporaciones transnacionales. Todo lo cual se halla en el centro mismo de la crisis de inestabilidad y de falta de entendimientos políticos que padecemos a diario.

En este aspecto -el de lo externo o de las relaciones del PJ con su entorno/mundo exterior-, para comenzar lo mínimo y más urgente sería llevar a cabo al menos tres grandes tareas por parte de la Judicatura.

He aquí cuáles serían esas tareas en lo externo, urgentes e importantes

1. a) Restaurar el principio del equilibrio y la separación de los tres Poderes, indispensable para que exista un gobierno democrático y dé inicio un proceso de des-judicialización de la toma de decisiones políticas y que restaure poderes y funciones a los demás Poderes que han usurpado los jueces inconvenientemente y con harta frecuencia.
2. b) Debe también ubicarse a la Sala IV fuera del control de la Corte Suprema, al igual que otras dependencias tales como la Inspección Judicial, la Fiscalía General, el OIJ y la Defensa Pública;
3. c) Establecer un mecanismo que permita ojalá la elección democrática y popular de los altos magistrados junto a un control ciudadano de su gestión y la del resto de la Judicatura, mediante distintas formas de auditoría sobre la totalidad del sistema de administración de justicia (lo cual incluye la esfera carcelaria y policial), con mayor control y participación ciudadanos, por ejemplo, mediante jurados populares, juicios orales y públicos, entre otras medidas reguladoras y democratizantes.

 Colofón

Por ahí debe comenzarse, en los dos planos, el interno y el externo del sistema judicial, la gran tarea de atajar las actuales crisis de la política abriendo una fase de verdadera reforma y renovación en el PJ y el resto de los aparatos de administrar la justicia, incluido el ministerio del ramo, ajustándolos a los requerimientos de una democracia de superior calidad y fortaleza.

La semana entrante seguiremos analizando el proceso centralizador-concentrador de mega- y meta-poderes en el PJ. Hablaremos de sus orígenes y de las consecuencias que llevaron a un declive sistémico, el cual sin duda ha venido a reforzar el de los otros dos Poderes de la República, provocando una gran zozobra política, mucho desorden y diversos desequilibrios inter-Poderes, que nos tienen enrumbados hacia una crisis de régimen que puede dar al traste con lo que va quedando en pie de nuestra democracia después de casi cuatro décadas de reformas o ajustes neoliberales que la han debilitado en extremo.

(*) José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología Política de la UCR