San José, 11 Mar (ElPaís.cr) – Representantes de la Unión Costarricense de cámaras y asociaciones empresariales privadas (UCCAEP), mostraron sus preocupaciones sobre el proyecto de ley que busca una reforma fiscal que evite en mayor medida el fraude.
Los sindicatos empresariales chocaron con algunos diputados que consideran que es más factible resolver el conflicto de fraude fiscal mediante la vía administrativa y no mediante la judicial.
Los personeros de UCCAEP comparecieron ante la Comisión de Hacendarios para discutir el expediente 19245, Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Allan Saborío Soto, Asesor fiscal de la unión de cámaras manifestó su descontentó por la potestad asumida por la actual administración tributaria de realizar el cobro directo en casos de encubrimiento fiscal por parte de las empresas.
Soto, dijo que al realizar este proceso de dicha manera se deja de lado el procedimiento judicial, además comentó que el proyecto en cuestión «ataca» las empresas registradas mientras que a los empresarios informales no se les aplica ningún control.
«Nos parece que sin haber reformado rentas ni ventas y teniendo los instrumentos adecuados, el poder otorgar a la administración tributaria el cobro y la ejecución en vía administrativa es realmente peligrosísimo para los contribuyentes formales», mencionó el asesor fiscal de la unión de cámaras.
Soto destacó que existe un número significativo de empresarios informales a los cuales el Ministerio de Hacienda «no persigue» y que genera una diferenciación entre ambas partes.
A pesar de lo entre dicho por el gremio empresarial, algunos diputados como Ottón Solís Fallas del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José Ramírez del Frente Amplio (FA) apoyan el proyecto de ley y consideran que podría disminuir en gran medida en fraude fiscal.
«El resolver los conflictos vía administrativa es más eficiente que hacerlo vía judicial y así lo han demostrado muchos países, tal es el caso de Holanda (…) claro nosotros comprendemos la preocupación de UCCAEP porque se sienten amenazados», mencionó Ramírez.
El socialcristiano Johnny Leiva dijo compartir las preocupaciones de la Unión de cámaras e indicó que el proyecto aún tiene falencias graves.
«Queda muy claro luego de esta comparecencia que el proyecto de fraude fiscal es un proyecto que va seguir presionando al sector productivo y poniendo carga extra a los que ya hoy están pagando impuestos», mencionó Leiva.
Solís Fallas explicó que el proyecto eventualmente le permitiría a la administración tributaria actuar de manera expedita. El legislador del PAC comentó que el proyecto también cuenta con las herramientas para regular el sector informal.
Con base en el expediente legislativo, toda persona física o jurídica que desee adquirir cualquier autorización o permiso ante la administración pública deberá tener al día sus pagos fiscales.
