viernes 19, agosto 2022
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La inestabilidad política: El Poder Judicial empuja a una crisis de régimen (II)

Introducción

Hay en el Poder Judicial costarricense (PJ en adelante) dos claras tendencias de acumulación y centralización extremas de poderes en una mini cúpula de 22 poderosos Magistrados que integran la Corte Suprema con sus letrados y demás acólitos; y que ha resultado fatal para el buen funcionamiento del Estado de Derecho y el régimen republicano-democrático. Desde finales del siglo anterior y hasta el presente no ha habido una sola manera eficaz de contrarrestarlas y menos de superarlas, debido en buena medida al anti-reformismo allí reinante y a las reacciones corporativas de cierre a la crítica interna y externa.

Las llamamos, a una, tendencia al desarrollo de “MEGAPODERES” internos y tiene que ver con el proceso de creciente híper-centralización y expansión del aparato burocrático interno de la Corte; y a la otra, tendencia al desarrollo de vastos “METAPODERES” proyectados hacia el exterior o entorno del PJ la cual ha conducido a una amplificación y un ejercicio abusivo de la autoridad y la influencia en esferas del Estado y la sociedad civil que no son competencia del PJ. Un proceso usurpador que de paso ha afectado las relaciones con los dos Poderes de la República: el Ejecutivo y el Legislativo; y ha conducido a fuertes pugnas de poder que han comprometido el principio democrático de la clásica separación de Poderes, así como la independencia del PJ, tan necesaria para evitar las intromisiones políticas y de los intereses económicos y de los llamados “mercados”.

Las tendencias traen cola

Ninguna de esas dos tendencias es reciente, sino que ambas fueron construidas a lo largo de un complejo proceso histórico y dialéctico-cibernético, mediante el cual una reforzaba a la otra y viceversa. Por eso es que hablamos aquí de un acaparamiento con retroalimentación positiva de dominios elitistas y antidemocráticos, en y desde el PJ, a cargo de actores no electos por el Pueblo: los Magistrados y demás jueces. Y en su refuerzo, esto sucedió mientras los otros poderes del Estado ingresaban mancomunados a un periplo de progresiva desarticulación, con un concomitante debilitamiento y deslegitimación de sus roles institucionales que se ha intensificado con la transición de siglo cuando comenzó el retroceso del bipartidismo ante las embestidas del multipartidismo, junto al estallido de una crisis política de inestabilidad e inoperancia estatal con visos de colapso sistémico. Sin duda, la Gran Recesión del capitalismo globalizado que se mantiene del 2008 al presente, ha venido a agravar en extremo esas circunstancias desde los planos fiscal y financiero.

Una incontrolada acumulación de poderes e influencias

El fortalecimiento “hacia adentro” del diminuto cenáculo o élite judicial, repercutió negativamente sobre múltiples esfuerzos por descentralizar, desconcentrar y democratizar la administración judicial y el funcionamiento de la Judicatura a lo largo de los años; y “hacia afuera” del ámbito de la Judicatura se tradujo en una intromisión sin precedentes en funciones y labores de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que les acarreó a ambos una sustancial merma de su autoridad e independencia.

 Ese doble potenciamiento institucional fue facilitado por los dos siguientes factores de índole político-fiscal, que funcionaron en mutua complicidad.

  1. El primer factor, fue que los Constituyentes de 1949 buscaron la forma de debilitar a esos dos poderes y garantizar fueros vitalicios para los Magistrados y jueces, a fin de consagrar su independencia respecto contaminaciones político-ideológicos y de evitar así supuestamente las fallas judiciales que condujeron a la crisis política y al desencadenamiento de la guerra civil de 1948. Claro que esta estrategia cayó como anillo al dedo a una alta jerarquía judicial sedienta de poder, estabilidad y privilegios. Y, posteriormente, entre los años 1950-80 hubo otras medidas que ayudaron a conformar y blindar un vasto monopolio de poder judicial, concentrador y centralizador de funciones y recursos presupuestarios y no-presupuestarios controlados desde arriba por esa pequeña argolla dorada de Magistrados, a la que posteriormente se incorporaron los de la sala Constitucional o IV..

Entre las medidas fortalecedoras del PJ, por sobre todo destaca la fijación del monto del presupuesto en un 6% del PIB, la forma de elegir y reelegir los Magistrados, y su jurisdicción de máxima autoridad administrativa sobre jueces y empleados, todo lo cual contribuyó a su advenimiento y perpetuación como casta cerrada sin relevos generacionales, inamovible e intocable; y la más privilegiada si la comparamos con la de quienes han sido diputados y primeros mandatarios. No extraña, por eso, el que se haya hecho costumbre dentro de la camarilla la renuencia a pensionarse; como por ejemplo lo demuestra el hecho de que 12 de los actuales 22 Magistrados de la Corte tienen derecho a pensionarse – incluyendo a su presidenta y vicepresidente – pero rehúsen hacerlo; y hasta hay casos prominentes de perennidad, como los de los septuagenarios Orlando Aguirre y Jesús Ramírez ambos con 25 años de hacerlo con maquiavélico éxito, acumulando así más sendos 50 años de servicio ininterrumpido. Sus posibles respectivas pensiones sobrepasarán la suma – entre ellos “normal” -, de los ₡8 millones mensuales.

  1. El otro factor contribuyente que fomentó al ultranza el intervencionismo extra-fronterizo y la avidez por el poder de la mini-cúpula judicial, provino de la manifiesta incapacidad de la clase política – a la cual convinimos aquí en denominar la Partidocracia oligárquica tradicional, antes bipartidista y ahora multipartidista – para defender su jurisdicción, sus potestades y el legítimo asiento institucional poseído en los otros dos Poderes. Es decir, proteger de cualquier usurpación judicial a sus roles ya fuera en el Congreso, la Presidencia o el resto de la burocracia pública; aunado esto a su inclinación por trasladar a la esfera del PJ la resolución de diferencias y conflictos de su competencia, pero que declara no poder o no desear resolver por sí misma. Lo cual ha tenido, como subproducto no intencionado, el colocar a los jueces como anuentes árbitros y decisores (no-electos por la ciudadanía) en un campo vedado a ellos donde, si intervienen, lo hacen como usurpadores. Nos referimos al de la política y la politiquería, también a las funciones ejecutivas y legislativas de gobierno, y algo que no se menciona a menuda: la intrusión de poderosos intereses pecuniarios, empresariales y de los mercados nacionales y transnacionales, todo ello con lastimosas consecuencias para la institucionalidad y el juego democráticos.

La Corte se volvió así Suprema

Por lo anterior, decimos que ahora los 22 Magistrados de la cúpula judicial están al frente de una Corte realmente “Suprema”, investida con esa gran cantidad de recursos y esferas jurisdiccionales de poder, que aquéllos aglutinaron en sus manos. Capacidades que manejaron asimétricamente en su provecho; pero en perjuicio de la autoridad y eficacia de la clase propiamente política, inclinando así a favor del PJ la distribución sectorial y nacional del poder público. Fue por ahí que ingresaron al ciclo perverso del híper-activismo político y la corrupción del capital que se sostiene hasta la fecha. Y en eso no puede haber ley, y la inseguridad y la arbitrariedad abren sus puertas.

También – y esta vez no desde el Estado, sino desde la sociedad civil y los grupos de presión -, se ha fomentado el indebido protagonismo político de los jueces. Confiesa nada menos que Nancy Hernández, una magistrada de la Sala Constitucional, que “la consecuencia de [la inacción del Estado y la clase política] es un notorio desplazamiento del poder de los parlamentos y Gobiernos hacia el Judicial como voz cantante en asuntos de relevancia pública. Sin duda alguna, los jueces son los nuevos protagonistas del escenario político y comparten el poder con las estructuras tradicionales, en una gran gama de temas que tienen la capacidad de cambiar la sociedad y su historia.”

Y agrega, aún más la Magistrada: “los jueces, en muchas ocasiones, tienen éxito donde ha fracasado la política, y por tanto es común ver cómo, cada vez con más frecuencia, los grupos sociales procuran obtener, por medio de sentencias judiciales, lo que no fue atendido mediante las autoridades de Gobierno llamadas a hacerlo. La lista es grande: medicinas, operaciones, puentes peatonales, escuelas, alcantarillado sanitario, agua, aceras, pluses salariales, luchas ambientales, derechos de grupos minoritarios”. (En: diario “La Nación”, 9 de marzo 2015, sección de Opinión; http://www.nacion.com/opinion/foros/Desplazamiento-poder-jueces_0_1474252566.html )

La situación actual es alarmante

A partir de lo que va de este siglo, el mencionado proceso de acumulación y amplificación de capacidades internas y externas de poder e influencia a manos de la casta judicial reinante – con todos sus resultados previstos e imprevistos, deseados e indeseados a que arriba hemos aludido -, se ha vuelto parte del escenario cotidiano dominado por una severa crisis política de inestabilidad con alteración de los balances de poder (pesos y contrapesos) al interior del Estado; ello, bajo una fórmula de actuación muy particular y harto perniciosa de parte de la Judicatura de crear derecho, denominada “JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA POLITICIZACIÓN DE LA JUSTICIA”, tendencia que está en el ojo del huracán de la galopante crisis y a la cual seguiremos poniendo atención en esta columna.

Actualmente, esa doble crisis política corre paralela a la que enfrenta el propio PJ por su pérdida de independencia frente a los poderes político y económico (ampliamente asociados bajo la fórmula del “Gobierno de Amigos”), tanto como por sus enfrentamientos con otros actores y poderes políticos y socioeconómicos, por ejemplo, con las dirigencias de los partidos políticos y las organizaciones sindicales y no-sindicales del movimiento social; tendencias derivadas del creciente activismo político y las intromisiones depredadoras y usurpadoras del status de los otros Poderes Públicos por parte de la cúpula judicial.

En caso de prolongarse tal cuadro de situación, en la forma de un estado de zozobra y desconfianza, de incertezas e inagotable desorden público en apariencia sin salida, bien se puede desembocar en una quiebra imperiosa de régimen, como lo estamos presagiando desde algún tiempo atrás en esta columna. O sea, provocar un violento síncope de la democracia con giro postmorten hacia alguna forma de gobierno autoritario, conforme el Estado costarricense se aproxime más y más – como ya lo va haciendo – al modelo de un “Estado Fallido” incapaz de responder a las mínimas aspiraciones y necesidades de las grandes mayorías ciudadanas, a su bienestar y también a lo básico de su seguridad, tanto social como jurídica.

Seguiremos la semana entrante con este tema de la inoperancia y nociva politicización de la justicia, y veremos cuáles han sido sus consecuencias adversas para el resto del sistema y la clase política.

(*)  José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología Política de la UCR.

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