Comparecencia del ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol Mesalles, ante el Plenario legislativo el jueves 19 de marzo.
Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de explicarles a todos ustedes, señores diputados, el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de la Administración (del Presidente Luis Guillermo) Solís Rivera.
Lo primero es que nosotros hemos tratado de integrar nuestra política con los tres pilares del programa de Gobierno y del Plan Rescate de don Guillermo Solís Rivera.
Y al mismo tiempo, estas cosas están en el Plan Nacional de Desarrollo, pero quisiera clarificar que, para nosotros, transparencia significa, sobre todo, selección de beneficiarios, respetando las listas que existen, pero comprobando que cada una de esas personas que necesitan vivienda en realidad la merecen.
El otro lado…, por otro lado, queremos también, estamos totalmente inscritos en la idea de que tenemos que reducir la pobreza y cooperar con las instituciones públicas que estamos en este trabajo todos los días.
Y en ese sentido, no creemos que la vivienda sea, en todos los casos, la mejor solución, pero sí puede ser en muchos casos una parte muy importante de la solución, en términos de reducción de la pobreza.
Y finalmente, estamos muy conscientes de que en realidad el sistema y la actividad de la construcción asociada que tiene es muy importante en la economía nacional, y que por lo tanto, no podemos detener el proceso de producción de viviendas y el proceso de aprobación del proyectos y aprobación de bonos individuales, normales o de artículo 59.
El sistema es complejo, y antes de hablar del sistema mismo, quisiera describir un poco la relación o las realidades espaciales y territoriales que se enfrenta el país en este sentido.
Y lo primero, y que ha sido realmente ignorado por los gobiernos anteriores, es que hay una profunda relación entre la construcción de viviendas y la estructura de los asentamientos humanos, y nosotros estamos comprometidos en ligar esas dos cosas, en una forma mucho mayor que lo que ha sido en el pasado.
Tenemos una gran diversidad de casos, no podemos fijar una política que sea igual para todo el país, y eso también queremos reflejarlo en nuestras decisiones. Y finalmente, tenemos realidades demográficas muy importantes, también económicas y espaciales. Por ejemplo, es falso decir que la gente viene y migra hacia la GAM. En realidad, la proporción de personas en la GAM está estable.
Es falso decir que la población está creciendo muy rápidamente; apenas está creciendo al uno por ciento anual, y por lo tanto, eso implica un montón de connotaciones y contextos, en los cuales la política se tiene que definir.
Y por otro lado, somos conscientes de que la política está concentrada en atender a los más pobres, como dice muy claramente la legislación, pero eso deja un vacío enorme en la clase media, para el cual, nosotros tenemos muy pocos instrumentos propiamente de política pública, y en realidad, tenemos que inducir cambios en muchos actores, pero no podemos controlar el sistema.
Entonces, yo creo que los retos…, hay seis retos muy importantes que tenemos que enfrentar; el primero es hacer más efectiva la enorme inversión del sistema, eso es lo que más me ha llamado la atención desde que asumí esta responsabilidad. En realidad se gasta muchísimo dinero en vivienda, y no estoy tan seguro que se gasta tan bien como algunos afirman. Y eso tenemos que mejorarlo.
También necesitamos mejorar la escogencia de beneficiarios para realmente alcanzar las familias más necesitadas. La mayoría de las familias a las que se les otorga el bono de vivienda sí están entre los dos estratos más bajos del país, basados en salarios, no representan deciles, pero, en realidad, siempre queda la duda de si los más pobres entre los pobres quedan adentro, dada su dificultad para poder accesar al sistema.
Queremos mejorar la calidad del producto, no tanto de la vivienda en sí misma, pero sí las plantas de tratamiento y los tanques sépticos han mostrado algunas fallas de acuerdo a la última auditoria del Banco…, perdón, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Pero el problema fundamental es que muchos programas, proyectos de vivienda están muy lejos de los trabajos, muy lejos de donde la gente vivía antes, muy lejos de los servicios públicos, y en realidad, significan una gran carga para las familias, porque simplemente no tienen acceso a todas esas cosas de manera fácil, y para el Estado costarricense eventualmente implican nuevas inversiones en ebáis, escuelas, etcétera.
Entonces, esa política tiene que cambiar, pero sabemos que tiene que cambiar paulatinamente, porque no podemos hacer todo de la noche a la mañana.
Queremos, entonces, mejorar la vivienda, pero también mejorar al barrio, con áreas recreativas y la accesibilidad a los pueblos y las ciudades, y los trabajos y las oportunidades que existen en estos lugares.
Queremos destrabar el sistema plagado de desconfianza ante temores de inseguridad jurídica, y hemos estado hablando con todos los actores, cada vez más intensamente para resolver el problema.
Queremos simplificar y agilizar los trámites de solicitud y aprobación de proyectos. Algunas personas hablan de trescientos pasos, nosotros creemos que debemos reducir eso en alguna manera, sin evitar ninguna cuestión importante que la sociedad costarricense quiere regular.
Y finalmente queremos ayudar y cooperar para tener…, para que la clase media tenga acceso a la vivienda.
¿Cuáles son los componentes del sistema? El sistema es un sistema complejo, muchas veces la gente no comprende todas esas complejidades. Y voy a explicar, digamos, o simplemente plantear cinco, seis grupos importantes en esto: las familias necesitadas; los grupos organizados que representan aparte de esa demanda, pero no la totalidad de la demanda, yo quiero resaltar eso; las constructoras que preparan proyectos y que se arriesgan muchas veces invirtiendo en compra de tierras que tal vez son inadecuadas, y creo que por ahí va un poco el problema que tenemos; y las entidades autorizadas que deben preparar los expedientes, procesar los bonos individuales, los cuales no pasan por la Junta Directica del Banhvi, revisar esos proyectos y presentar los proyectos ante el Banhvi.
El Banhvi tiene a cargo el desembolso de fondos, y tiene la Dirección Fosuvi que se encarga de revisar esos proyectos para ver cuál es la calidad, y en el caso de los artículos 59, revisar si se justifica darle un bono especial a esa familia que puede ser dos, e inclusive tres veces más alto que el bono ordinario de seis millones y medio de colones.
Y finalmente, el Ministerio de Vivienda que actúa como rector y como guía del asunto.
Hay que recordar que el sesenta por ciento de los fondos de Fodesaf, el sesenta por ciento se gasta en bonos ordinarios, y esos realmente están fuera de todas estas discusiones, fuera de todas estas manifestaciones y simplemente la Junta Directiva no vota sobre esos, el Mivah no tiene control sobre ese sesenta por ciento de los recursos.
Lo que debe también quedar claro que parte de los atrasos se justifican con la necesidad de cumplir con normas ambientales, permisos institucionales, etcétera.
Algunas otras cosas que quisiera decir rápidamente es que los proyectos de vivienda sistemáticamente han aumentado los problemas de ordenamiento territorial en Costa Rica, que hay precios crecientes mucho más allá de la inflación, que hay escasez de tierra y ausencia de oferta en donde existe gran demanda de vivienda; o sea, la oferta no está ajustada a la demanda que nosotros vemos y que todas las estadistas nos indican, y el ejemplo más claro es la GAM, y los proyectos sistemáticamente están desarraigando las personas porque se construyen en los lugares que no se necesitan.
La estrategia de intervención del Ministerio es aumentar significativamente los bonos entregados en la GAM y cerca de las (ininteligible) intermedias, cooperar estrechamente con la estrategia de lucha contra la pobreza —eso quiere decir los setenta y cinco distritos prioritarios—, establecer cooperación con todos los entes públicos y privados, creo que lo hemos estado logrando en muchísimas ocasiones —y podría explicarles si ustedes preguntan—, y mejorar los proyectos significativamente no tanto mejorando la vivienda, sino mejorando la localización del proyecto, el diseño de sitio del proyecto.
También estamos atendiendo los cuestionamientos que le ha hecho la Contraloría General de la República al Banhvi, y tenemos tiempo para poder hacerlo, pero quiero resaltar que estas críticas o comentarios que yo hago no los hace solamente el ministro de Vivienda, sino que hay una repetición de quejas sobre el tema.
Y de paso esto se refiere a hechos que pasaron hasta el año 2013, o 2012 en algunas ocasiones.
Entonces, en cierta manera lo que nosotros estamos haciendo es corrigiendo el sistema paulatinamente poco a poco y para eso tenemos que intervenir las nuevas propuestas de proyectos, es la única manera realmente de intervenir.
¿Y qué estamos haciendo concretamente? Bueno, acompañando a los constructores y promotores, cooperando estrechamente con las entidades autorizadas, promoviendo la modernización tecnológica para bajar el costo de toda esta transformación, agilizar los trámites del Banhvi con una revisión estructural.
Tenemos diagnósticos de los pasos que hay en el Banhvi, tenemos las primeras propuestas de cómo resolver estos problemas, y obviamente, en el Banhvi se tienen que hacer transformaciones importantes, pero no se puede hacer todo en diez meses.
Y finalmente, transformaciones regulatorias como el registro de elegibilidad de proyectos que ya está en Internet; el Reglamento de vivienda popular, que pensamos sacar posteriormente; la reforma al Reglamento de la Ley de Condominios, en particular para hacerlo razonable, para los programas de vivienda popular; la emisión de una directriz para bonos comunales, y la agilización de la aprobación de los trámites ambientales de los planes reguladores.
Ya se sacó una directriz sobre planes reguladores desde la Presidencia de la República, firmada por cuatro ministros, y va a salir otra complementaria a la misma en los próximos días.
Entonces, el vacío tremendo de muchos cantones que no tienen plan regulador va a desaparecer, o por lo menos les vamos a dar la oportunidad a los concejos municipales que quieran dar ese salto al siglo XXI que lo den de una manera más fácil.
Hemos hecho muchas tareas para destrabar el sistema. Quisiera mencionar, por ejemplo, reducir los enfrentamientos entre funcionarios de diferentes instituciones, resolver los problemas de red eléctrica, a través del decreto de la Ley de Fonatel, etcétera, y en algunas ocasiones, como Santa Marta, interviniendo directamente para poder lograr un comodato de más de trescientas familias.
Y quiero recordar que en bonos comunales el superávit efectivo que heredamos está prácticamente resuelto y realmente había un superávit, con esa palabra, de siete mil setecientos millones.
Se han aprobado todos los proyectos que han llegado a la Junta Directiva del Banhvi, con uno que fue devuelto porque había una ilegalidad muy particular, y estamos esperando que lo regresen, y los bonos artículo 59 que nos han llegado a la Junta Directiva todos se han aprobado.
Ustedes están muy preocupados por el tema de contabilidad del Banhvi, tanto del año 2014, como las cuentas que presenta la Contraloría General de la República sobre muchos años.
Yo quisiera decirles que en realidad en este tema hay más ruido que nueces, y la razón es muy sencilla: nosotros tuvimos varias dificultades, obviamente en el año anterior por el cambio de gobierno, porque la primera reunión de la Junta Directiva fue hasta el 30 de junio.
Pero en realidad el problema más fuerte fue que la Junta Directiva, dada la resolución de la Contraloría sobre equidad de género en la representación de los partidos políticos, perdió cuatro reuniones a finales de diciembre, mediados, finales de diciembre. Entonces, la única solución que teníamos era tratar de reservar fondos, y recuerden el verbo, reservar fondos para proyectos que ya estaban aprobados en Fosuvi, y el verbo es aprobados en Fosuvi, el órgano técnico del Banhvi.
Y entonces, simplemente ante la imposibilidad material de resolver el problema, simplemente pospusimos esas aprobaciones y la mayoría de ellas han sido ya realizadas.
Entonces no es cierto que hay fondos del año 2014 sin repartir que no tenga fondo específico, y hay que recordar también que parte de esos fondos son bonos individuales, de los cuales la Junta Directiva, que representan el sesenta por ciento del sistema, la Junta Directiva no tiene prácticamente ninguna injerencia; sesenta por ciento de lo que pone Fodesaf.
Entonces, paso al segundo punto muy importante, y eso no…, digamos que ha sido desarrollado después de escudriñar con cuidado los datos, sobre todo, de diciembre del 2013 y los datos de diciembre del 2014.
Lo más importante que ustedes tienen que entender es que los proyectos de vivienda no se pueden terminar en doce meses, y eso quiere decir que cualquier proyecto que hayamos aprobado en el año 2014, en este momento es superávit, porque simplemente es una situación técnica específica que no implica nada que tenga que ver con entrabamiento, ni con negligencia; es un tema simplemente de la forma como los proyectos se dan.
Entonces, en ese sentido, lo que quiero resaltar es que en el caso de los bonos comunales sí había superávit, ese superávit está prácticamente eliminado y lo vamos a tener de eliminar en unas cuantas semanas, desde el punto de vista de los fondos de vivienda, en realidad, la mayor parte de esos proyectos están en ejecución.
Y sí algunos que creemos que puede haber sido negligencia, creemos que se ha durado demasiado para aprobarlos, creemos que no se han usado ciertos mecanismos de limpieza de las listas de superávit, que creemos, que sentimos la obligación definitiva de que tenemos que hablar con…, y exigir a la administración del Banhvi que resuelva esos problemas al menor breve…, al más breve plazo.
Entonces, en ese sentido, yo creo que se explican estas cosas. Se explican porque… sin embargo, hay cuatro cosas que quisiera aclarar, la junta… la Contraloría dice que hay superávit porque los fondos todavía no han sido entregados.
Pero, sin embargo, hay cuatro cosas que sí quisiera aclarar que pueden asociarse a negligencia o entrabamiento, y yo estoy absolutamente convencido, porque traté de ayudarle al señor vicepresidente (Alfio) Piva, en el Gobierno anterior, sobre las cuestiones de planes reguladores y yo estoy absolutamente convencido de que este país está absolutamente entrabado.
Y eso lo tengo claro desde mucho antes de subir a esta posición que tengo en este momento.
Y ese es un problema que tenemos que resolver todos juntos, pero nosotros, dentro del sistema, estamos haciendo lo que podemos y hay que separar lo que es entrabamiento, de lo que es negligencia, pero no creo que sea el momento apropiado para hacer esa separación sin una investigación más detallada de cada caso.
Pero, por ejemplo, en Santa Marta de Esparza habían trescientas veintisiete casas terminadas durante muchos meses que no habían sido entregadas, y nosotros las entregamos como en agosto o setiembre en comodato.
Eso significa que las familias pueden estar ahí, aunque realmente (las casas) no se han terminado…, este proyecto no ha pasado a superávit, por lo menos final de la inversión no ha pasado…, no salido del superávit, sigue estando ahí, porque no se le ha pagado al que construyó las viviendas, la última parte del proyecto.
Hablé ya del caso de los bonos comunales, lo resolvimos aprobando un bono comunal para Limón, para Corales y Bambú de cuatro…, por cuatro mil quinientos…, cuatro mil millones, un poco más, y mil quinientos millones para Riojalandia y San –espérese para ver– y Juanito Mora 2, de Puntarenas.
Otro asunto que logramos resolver es el tema de los veinticinco mil millones para el huracán Thomas, tenía cuatro años o tres años y medio, y nosotros nos abocamos, dado que se vencía el plazo en agosto del año pasado, y eran veinticinco mil millones, a buscar quiénes no habían recibido el bono.
Y encontramos, con la ayuda de los comités locales de emergencias,… no todos, porque algunas municipalidades no nos apoyaron, en particular San Cruz, veinticinco mil millones que estaban disponibles y encontramos setecientos veintiséis casos, que ahora estamos tratando de generar proyectos e invitar a las entidades autorizadas a que inviten a los constructores a tener proyectos seguros, con demanda segura para satisfacer estos setecientos veintiséis.
Para eso le pedimos a la Comisión Nacional de Emergencia dos cosas: extender el convenio y que nos reservara trece mil millones para poder gastar en esos bonos.
Y finalmente nos comprometemos a analizar todo el resto de la lista, que es una lista de varias páginas, que incluye inclusive bonos individuales, que incluye proyectos que, prácticamente, han desaparecido y que están en esta lista de superávit.
No he tenido tiempo para analizar todo esto, estamos trabajando en las cosas más grandes, las más complicadas y las polémicas.
Sobre erradicación de tugurios, que creo que es un término mucho más apropiado que erradicación de precarios, porque de eso se trata el problema, es atención a las personas de extrema necesidad.
Creemos que la mayoría de…, no es creemos, sabemos, que la mayoría de estas personas viven en la Gran Área Metropolitana.
Entonces, en ese sentido la insistencia en que tenemos que volcar al sistema hacia la Gran Área Metropolitana tiene que ver con esto. Pero también tiene que ver con grandes necesidades y grandes abandonos que han tenido cantones como Liberia, como Puntarenas y como Limón, a lo largo de los últimos.
Entonces, nosotros queremos corregir esas negligencias que se han cometido y que en el fondo se reflejan muchas veces en enormes protestas. Queremos…, por otro lado, nos parece que la política que se ha usado en la Gran Área Metropolitana de enviar a las personas que necesitan vivienda a Pococí, de mandarlas a Guácimo, de mandarlas a Sarapiquí, es una política incorrecta.
No siempre podemos hacer lo que desearíamos hacer, pero vamos a hacer todo lo posible para que en la mayoría de los casos evitemos ese desarraigo, interviniendo muy cerca de donde están esas necesidades.
Sobre los proyectos específicos, yo quiero insistir en que nosotros vamos a usar la ley, hasta donde nos alcance la ley, hemos tratado de ser unos guías del proceso, tratando de convencerlo de la necesidad de que esos proyectos estén donde realmente la demanda este…, donde las personas que reciben los proyectos pueden encontrar trabajo, donde pueden encontrar servicios y no simplemente poner el proyecto donde yo tengo una finca barata, como me decía un funcionario del Banhvi en Junta Directa en una ocasión.
Ese no es un buen criterio, lo barato en tierra sale muy caro.
Y finalmente yo quiero decir, o como otro punto, en realidad yo creo que no ha habido ningún gobierno de la República anterior que haya atendido mejor a los grupos organizados, Ana Cristina, la señora viceministra, ha estado a cargo de eso, pero yo mismo he trabajado en ese tema, cuando se haya ocupado.
Y, en realidad, es un poco inconcebible que se rechace claramente las reuniones que se les ofrecen a algunos grupos y luego se decide hacer una manifestación, interrumpir la vía de Angostura, amenazando la economía costarricense o algunas actividades económicas costarricenses.
Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que tener cuidado en entender qué es lo que ha hecho realmente el Ministerio de Vivienda sobre este tema.
Y parte del asunto de por qué necesitamos intervenir pronto es que en realidad es en la concepción de los proyectos donde uno puede, realmente, cambiar los proyectos.
Entonces, entre las cosas que ya he dicho, nosotros queremos, y repito, escoger mejor a los beneficiarios, desarrollar mejores proyectos, mejorar los pueblos y ciudades de Costa Rica.
Creemos, también, que la actividad de la construcción es muy importante desde el punto de vista de generación de empleo y empleo no calificado, y estamos comprometidos en resolver todos los entrabamientos de proyectos sin construir y todas las posibles negligencias que ha habido en el pasado, para queeste año no solo ejecutemos los cien mil millones que tradicionalmente nos asignan, sino parte del superávit.
Pero nosotros no nos vamos a preocupar por el número de la Contraloría, porque ese número es el número relevante; el número verdaderamente relevante es cuántas familias reciben, efectivamente, la casa y, por supuesto, desde el punto de vista de los constructores tenemos la obligación de pagarles lo más pronto posible.
Nos preocupan los constructores, no el número de la Contraloría, aunque las dos cosas están relacionadas.
Con respecto a clase media, sabemos que es muy difícil intervenir, pero sí creemos que debemos de usar, en algunos casos, el bono diferido.
Hemos aumentado los fondos…, los préstamos de Fonavi a las entidades, en un catorce por ciento el año pasado, y esperamos que este año vuelva a crecer en un catorce por ciento, que es el porcentaje de crecimiento más alto en los últimos…, en la última década.
Tenemos que presionar a los bancos estatales, y lo estamos haciendo, para que se mantengan relativamente bajas las tasas de interés en colones. Están entre nueve y diez por ciento. Y hay que recordar que en la mayoría de los casos la vivienda es un bien de consumo, aunque a veces se puede convertir en un bien productivo. Y no hay que olvidarse de ese tema, dado que yo he oído algunos rumores sobre algunos proyectos aquí en la Asamblea.
Creemos que hay que flexibilizar la regulación de manera inteligente y también creemos que en el caso de la Gran Área Metropolitana y las ciudades intermedias… Y eso es parte de los problemas que a veces tenemos, es que algunos constructores, no sé, creo, me temo, sospecho, que no se sienten en capacidad de construir edificios de cuatro pisos. ¿Y por qué de cuatro pisos?, porque el problema de vivienda vertical no es un problema de ingeniería, no es un problema de costos, es un problema de seres humanos que tienen que aprender a convivir con muchos vecinos al mismo tiempo.
Yo, sinceramente, creo que el Estado debe recuperar la capacidad de dirigir efectivamente la política de vivienda y asentamientos humanos que perdió hace muchos años. Estamos auténticamente preocupados por todas las familias.
Sabemos que no podemos satisfacer a todas estas familias en esta Administración, pero vamos a hacer lo máximo posible para buscar soluciones más baratas para poder hacerlo, tanto usando bonos individuales, como usando la ley que ustedes aprobaron en primer debate o la reforma de la ley que permite dar dos bonos de vivienda en la misma propiedad.
Y también resolver los casos del huracán Thomas. Resolver la tramitología muy compleja que tenemos y cambiar el sistema de manera firme, pero paulatina. Y eso lo hemos repetido desde la primera semana que asumimos esta posición.
Hemos mantenido canales abiertos de comunicación con todos, nos hemos reunidos prácticamente con todos los actores del sistema de una forma u otra, y vamos a ampliar esta posibilidad.
Y, finalmente, quisiera decir que la sociedad costarricense invierte sumas muy importantes en viviendas y asentamientos humanos.
Tenemos que ser ambiciosos y promover que todos los actores coordinen mejor para tener resultados más eficaces en reducir la pobreza, generar actividad económica y aumentar significativamente la transparencia en la selección de beneficiarios y también en la selección de proyectos. Muchas gracias.
(*) Rosendo Pujol Mesalles es Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica.