Washington, 23 mar (EFE).- Unas 30 organizaciones denunciaron ante la CIDH que las políticas de vivienda implementadas en América Latina y el Caribe no han evitado que se vulneren derechos básicos de los habitantes de asentamientos precarios y «villas miseria», donde vive «la cuarta parte de la población» de la región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó el fin de semana por primera vez la situación de los derechos económicos y sociales de los asentamientos urbanos en el continente, en una audiencia donde destacó un ejemplo de urbanización precaria en Argentina.
«En nuestro barrio las vivencias son muy precarias. No contamos con sistema de cloacas, de agua, la luz es muy precaria. El agua es un derecho, es vital. Nosotros no podemos estar viviendo enfrente del barrio mas lujoso, Puerto Madero, y no tener agua potable», explicó en la audiencia el argentino Diego Armando González.
González vive en un barrio de Buenos Aires llamado Rodrigo Bueno -bautizado, según explicó, en honor al popular cantante argentino- donde unas 1.200 familias viven sin condiciones básicas de saneamiento y llevan años luchando contra órdenes de desalojo.
«Queremos que el Gobierno actual (de Buenos Aires) reconozca nuestro derecho y que podamos vivir en tranquilidad, con luz, con gas, con todos los servicios. No pedimos que nos regalen, si tenemos que pagar lo vamos a pagar, pero es un servicio básico», indicó.
«El Papa Francisco I se refirió a nuestro barrio la semana pasada y habló del contraste que hay en ese barrio. Eso es muy engrandecido (sic) para nosotros. Sé que es urbanizable, y sé que si se ponen las pilas los que tienen que ponerse las pilas se va a urbanizar», dijo.
Se estima que, de los 180 millones de pobres de América Latina y el Caribe, alrededor de 113,4 millones viven en asentamientos precarios, según cifras proporcionadas en la audiencia por María Silvia Emanuelli, de la Coalición Internacional para el Hábitat.
«Esta situación afecta de manera particular a mujeres, ancianos, migrantes, niños, población indígena y migrantes», aseguró.
«En general, las diferentes políticas de vivienda implementadas en la región no han sido capaces de dar respuestas integrales y hacer efectivos sus derechos humanos (de los habitantes de asentamientos precarios)», resumió Emanuelli.
Como consecuencia, los habitantes de esas «villas miseria» viven «bajo amenaza permanente de desalojos por falta de seguridad de tenencia de sus viviendas, como consecuencia de la especulación inmobiliaria, los megaeventos o el embellecimiento urbano», explicó.
Aunque «según algunas estimaciones, los países latinoamericanos han invertido entre el 2 % y el 8 % de su PIB en programas de vivienda para los sectores mas pobres, el déficit cualitativo continúa creciendo», porque «construir más casas no implica» necesariamente «realizar el derecho universal a una vivienda adecuada», agregó.
Según Emanuelli, países como México, Brasil y Costa Rica copiaron desde los años 90 el modelo chileno «del subsidio habitacional», por el que «el sector privado construye centenares de miles de viviendas de muy bajo estándar», con la «asequibilidad» como prioridad y «sin contemplar los demás atributos del derecho a una vivienda adecuada».
En el caso de México, «estas políticas han llevado a la construcción de inmensos conjuntos de hasta 30.000 viviendas cada uno», hasta «alcanzar un récord de más de 500.000 viviendas nuevas al año, pero de mala calidad», explicó.
Por tanto, las organizaciones pidieron a la CIDH que se involucre de forma «sumamente activa» en el problema de los asentamientos precarios para «conocer la situación que vive la cuarta parte de la población de la región», en palabras de Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, saludó «con mucha alegría la realización» de la audiencia, que aporta datos «vitales» para que el organismo conozca mejor ese problema.
«El tema de la vivienda no había sido todavía planteado con esta fuerza (ante la Comisión), y es muy importante», indicó por su parte uno de los siete miembros de la CIDH, el brasileño Paulo Vannuchi, que dirige la unidad para derechos económicos, sociales y culturales dentro del organismo continental.
Otra de los integrantes de la Comisión, la paraguaya Rosa María Ortiz, observó que «a través de la vivienda se pueden garantizar muchos otros derechos, y la falta de una vivienda adecuada puede llevar a violaciones de muchos otros derechos».
Además, expresó su «preocupación» porque «la ausencia de servicios del Estado en muchos asentamientos precarios facilita que el crimen organizado se instale en lugar del Estado, y que eso produzca problemas para la comunidad».
