jueves 14, noviembre 2024
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La inestabilidad política: El Poder Judicial empuja a una crisis de régimen (III)

Introducción

Buena parte de la inestabilidad y crisis política que atraviesa nuestra Democracia Presidencialista deriva de una pugna de poderes entre el Poder Judicial (PJ en adelante) y los otros dos poderes o ramas del poder del Estado: el Legislativo y el Ejecutivo. Ya hemos señalado en esta columna que, si el partido del Presidente no logra formar una mayoría parlamentaria mediante negociaciones con otras fracciones partidistas – como ahora sucede con el PAC –, se hace difícil o imposible gobernar por los choques y conflictos que impiden el llegar a acuerdos que no sean efímeros, como los pactados alrededor de proyectos de ley específicos.

A lo anterior hay que añadir la constante intromisión del Judicial en aras de sostener el principio de la legalidad y de hacer respetar la Constitución según la interpreta un reducido grupo de Magistrados no electos por la ciudadanía, pero ahora convertidos en una especie de “Senado de la República”.

Es cuando la situación se agrava, conforme “se politiza la Justicia y se Judicializa la política”. De ahí ha surgido un gobierno o co-gobierno de los altos jueces, una minoría o cúpula plenipotenciaria de solo 22 Magistrados, investidos de lo que hemos denominado aquí METAPODERES. O sea, una autoridad extralimitada a veces legítima, otras veces no tan legítima, que la alta judicatura proyecta hacia afuera, hacia el entorno de los demás poderes, incluida la totalidad de la administración centralizada y descentralizada; y también lo hace hacia los partidos políticos, cuyas dirigencias se ven acosadas por frecuentes intervenciones y hasta persecuciones judiciales motivadas por el excesivo celo de los Jueces Gobernantes y la Fiscalía General de ponerlas en cintura de ley. A esto se suman las intervenciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que en Costa Rica funciona como un cuarto Poder de la República.

El ascenso de la Juristocracia

Por lo anterior es que, viendo las cosas desde la cima politizada del PJ y tomando en cuenta el espacio social que ocupa el sistema político, podemos afirmar que Costa Rica no ha escapado a lo que se denomina actualmente la tendencia de transformar la Partidocracia tradicional (que NO es una democracia de los ciudadanos ni del Pueblo, sino una supraestructura parlamentario-electoral dominada por las dirigencias o élites de los partidos en función de sus propias necesidades e intereses) en una abusiva “Juristocracia” que se aprovecha de las fallas del Presidencialismo y los vacíos de poder e indecisiones de la clase política para elevar sus cuotas de poder e influencia.

Se trata de un espurio Gobierno de, por y para la Magistratura, ejercido principalmente por aquella oligárquica argolla judicial que controla férreamente a la Corte Suprema y a la Sala Constitucional o IV, y desde esa cúspide a todo el sistema judicial del país Pero que no pudiéndose saciar con ese MEGAPODER interno, vertical y autoritario, es decir, antidemocrático, entonces se lanza al campo del activismo político como un poder incontrolado, no-electo ni avalado por el electorado. Y ha ido haciéndolo por varias décadas – mayormente desde los años 90s del siglo pasado – por diferentes rutas que conviene tener en cuenta, unas más visibles, otras menos  evidentes al público; ya que el secretismo es una de las armas más poderosas en manos de ese inicuo poder, que funciona de hecho como una forma disimulada de “Gobierno Profundo” (Deep Government, en inglés) del cual la mayoría de los ciudadanos sabe poco acerca de cómo funciona políticamente en y desde sus adentros.

Factores en el ascenso de la Juristocracia

  1. No podemos realmente entender a ese Gobierno Judicial Profundo sin tomar en cuenta la crisis del Presidencialismo como régimen incapaz de funcionar adecuadamente en el entorno de un pluralismo multipartidista extremo, donde casi una decena de partidos persiguen infructuosamente controlar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo; así como tratan de ejercer influencia sobre el Judicial. Algo que, por cierto, se les dificulta mucho debido a la forma radical en que la cúpula judicial defiende su autonomía y sus intereses, y reacciona corporativamente contra cualquier interferencia en su gobernanza que considere sea un atentado contra ambos factores. Aunque, en no pocas ocasiones, hay coincidencias significativas entre todos los detentadores del poder estatal, tal como viene sucediendo a ojos vista en cuanto a la aprobación e implementación de la agenda y la legislación neoliberal sobre libre comercio y desregulación económica.
  2. Lo anterior también sucede porque la Partidocracia – que se halla empotrada primordialmente en el Ejecutivo y el Legislativo-, se ha venido debilitando orgánicamente y desacreditando ante la ciudadanía por sus falsas promesas y pérdida creciente de confianza y credibilidad.

Eso viene sucediendo, primero, por los fuertes desacuerdos y pugnas de la clase política partidocrática, que le obstaculizan la buena gobernanza y la mantienen desestabilizada en los últimos años ante el avance de distintos actores y fuerzas político-ideológicas críticas del status quo neoliberal. Un descontrol que astutamente ha utilizado la cúpula judicial para amplificar sus ámbitos de injerencia fuera de la administración de Justicia.

Y, segundo, porque las mismas políticas del ajuste estructural impuestas por los políticos y tecnócratas afectos a los dictados de los organismos financieros internacionales, fueron cuchillo para el pescuezo de la clase política: por un lado, han mutilado y debilitado las estructuras del Estado Social de Derecho, con el consiguiente recorte de recursos de poder público o fiscales en manos de esa clase y que limitan su gobernanza.

  1. Por otro lado, ese mismo tinglado político paradójicamente viene tejiendo y fortaleciendo por su cuenta e ininterrumpidamente desde los años de 1980 en adelante todo un “Estado Paralelo” pro-empresarial, libre-cambista y nada transparente, semioculto, ilegal e ilegítimo. Y que para colmo es el mayor responsable del advenimiento de la corrupción sistémica. O sea, de aquella clase de corrupción que realiza la clase gobernante y que funciona como un súper-o supra-sistema de poder detrás y por encima de los tronos y despachos de la alta burocracia política del Estado (incluido el PJ y sus órganos auxiliares, como la Fiscalía y el OIJ). En clarísimo contraste con la corrupción endémica de poca escala y monta, esporádica y fortuita, llamada por eso “corrupción hormiga” que abunda en los pasos de frontera, las aduanas de vista gorda y muchísimas ventanillas ministeriales, es decir, a la altura de la baja burocracia de todo tipo y que viene indetenible desde el Imperio Romano.
  2. Si bien la mayoría de los jueces y abogados son respetables y respetados por la opinión pública y la masa ciudadana, muchas veces inexplicablemente, lo cierto es que los más poderosos y privilegiados por sus sueldos y honorarios conforman una casta confabulada que trabaja para su propio beneficio y ocasionalmente para el bien público y común de la sociedad; y mucho menos para la equidad y solidaridad sociales, en otras palabras para la Justicia Social.

Conclusión

Desde hace muchos años asistimos, pues, a una mercantilización y privatización poco disimuladas de la Justicia y a un concomitante declive de la política y la clase política con sus partidos, bajo el signo de un fuerte cinismo y creciente apatía ciudadanos; lo que nos ha llevado a tener, por una parte, una justicia, así con “j” minúscula, para los sub-privilegiados del sistema, cuyo acceso a ella se ha vuelto harto limitado; y por otra parte, una Justicia con “J” mayúscula, de lujo, muy accesible y facilona  para los ricos y poderosos de la clase dominante.

Y hay mucho más que decir sobre el tema de la Juristocracia y sus alcances, pero lo dejamos para la semana entrante.

(*)  José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología Política de la UCR.

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1 COMENTARIO

  1. Uno no entiende la razon que existe para que los magistrado se fijen ellos mismos sus eatipendios. Si un juez se declara incompetente en un juicio y si tambien se inhiben de participar por tener intereses de cualquier tipo en una causa, no se retiran para que sean otros los que fijen sus pensiones. Este contrasentido ocurre en los demas poderes como la Asamblea Legislativa.

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