Washington, 1 abr (dpa) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró hoy preocupada por una ley del estado norteamericano de Utah que autoriza las ejecuciones de personas sentenciadas a pena de muerte con pelotón de fusilamiento cuando los fármacos necesarios para la inyección letal no están disponibles.
La polémica ley fue firmada el pasado 23 de marzo por el gobernador de Utah, Gary Herbert. La Comisión considera que la adopción de esta ley es un retroceso.
Utah es el único estado que autoriza el pelotón de fusilamiento como alternativa cuando las drogas para la inyección letal no estén disponibles.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte aseguró de que la ejecución por fusilamiento puede causar una muerte inhumana, lenta y dolorosa.
La CIDH recordó a Estados Unidos su «obligación internacional de no exponer a las personas bajo su jurisdicción a un castigo cruel e inusual».
Utah había autorizado previamente el pelotón de fusilamiento como uno de varios métodos que un condenado a muerte podía elegir. La última persona en elegir ese método fue ejecutada en 2010, recordó la CIDH en un comunicado.
En los últimos años, la mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se han llevado a cabo a través de la inyección letal.
La CIDH ha instado en reiteradas ocasiones a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que mantienen la pena capital a eliminarla, o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación.
Estados Unidos es actualmente el único país de las Américas donde se llevan a cabo ejecuciones, aunque en varios estados miembros de la OEA aún están previstas en sus legislaciones.
La pena de muerte aún está vigente, aunque no se cumple desde 2008, en Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadidas y Trinidad y Tobago.
