martes 30, noviembre 2021
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La inestabilidad política: El Poder Judicial empuja a una crisis de régimen (IV)

Introducción

El descrédito creciente del Poder Judicial (PJ en adelante) por su reciente historial -que incluye de modo sobresaliente a su politización junto a infinidad de errores procesales-, ha sido reportado por muy distintas encuestas, informes y análisis recientes; y se ha vuelto parte de la crisis estructural que la cúpula de la Magistratura no ha sabido ni podido enfrentar.

Más aún, hablamos no solo de una politización de la Justicia, sino de la paralela judicialización de la política, como si fueran las caras de la misma medalla, siendo esta última impulsada tanto por el nombramiento de origen de los altos jueces a cargo de representantes de la clase política lo cual compromete su independencia, como por la injerencia de éstos y del Ministerio Público en la vida política de la Partidocracia gobernante y de otros actores sociopolíticos, quienes los utilizan para resolver sus querellas y desacuerdos en aumento sobre todo ante el tribunal constitucional y en la sala de lo contencioso administrativo.

Y lo anterior acaece  conforme se agudiza la ingobernabilidad del sistema político presidencialista; esto es, a raíz de la liquidación del bipartidismo del PLUSC (PLN + PUSC) a manos de un emergente multipartidismo encabezado por el PAC ahora en ejercicio del gobierno, pero igualmente incapaz de gobernar y de generar confianza y credibilidad.

Es decir, que hay vasos comunicantes, con idas y regresos, entre las dos caras de la politización judicializada arriba indicadas; lo cual es arte y parte del escenario de la crisis política general o sistémica, así como de la inestabilidad, zozobra e incertidumbre que ella genera, extendida al manejo del sistema electoral, a la economía y el fisco; y a la que se añaden ahora los enormes costos de una globalización incontrolada, incluida allí la incesante violación de la soberanía nacional y de los Derechos Humanos, en especial los Sociales y Laborales.

El impacto creciente de la corrupción como sistema de “gobierno real”

Otro gran elemento cementante de la relación de doble vía entre poder político y el estamento judicial que ha  impactado a la administración de Justicia, ha sido por años, y es hoy más que nunca, el supra-sistema de la corrupción organizada; cuya estructura se halla compuesta por una extensa y compleja red de “poderes fácticos”, ilegales e ilegítimos en su mayor parte, los que desde los años 80 del siglo pasado se multiplicaron al amparo de un fuerte crecimiento de las dependencias del Estado de Bienestar y de sus competencias, así como por una expansión de los procesos de tipo jurisdiccional-administrativo, orientados a controlar desde los estrados judiciales el uso del poder otorgado al funcionariado público, tarea en la que sobresalen poderosos intereses privados y empresariales.

En total, se configuró de ese modo un novedoso entramado de poderes privados y públicos fusionados e indiferenciados; una especie de “Estado Paralelo” que se impone por encima y por detrás del “Estado Formal” o visible al público, quien lo confunde con el aparato gobernante, cuando de hecho no lo es. Todo un contubernio entre bambalinas movido a la sombra del poder, donde hacen negocios y prosperan los más espurios agentes e intereses creados, fatales  para la buena marcha de un sistema y una sociedad civil democráticos; y que se ha prestado para estimular la expansión de la influencia de la Partidocracia sobre la Corte Suprema de Justicia de otras altas instancias del PJ con la finalidad de hacer un cuestionable uso y abuso político de la administración de Justicia. Lo cual, en vez de ser rechazado contundentemente por la cúpula judicial, más bien ha ayudado a desatar un activismo judicial sin precedentes, particularmente debido a las frecuentes denuncias y escándalos alrededor de una larguísima serie de irregularidades de la clase política partidocrática que pareciera no tener fin.

Todo un campo propicio para la expansión de la conflictividad política y social que da aliento a la intervención de los jueces, al judicializarse por ese camino en exceso el quehacer de la administración del Estado y la vida de la sociedad civil. Un fenómeno que en buena parte es provocado por actores que deberían abstenerse de instrumentalizarlos, como son la clase política, los partidos, los medios de comunicación y hasta las organizaciones de los ciudadanos que exigen someter las cuestiones políticas a los límites de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos en general. Mas, al hacerlo, colisionan entre sí y transforman el espacio del PJ en un campo candente de lucha sociopolítica abierta, en donde la figura del juez se alza como un ser plenipotenciario frente a las complejas pugnas de la política, como si estuviera dotado de capacidades soberanas y una lógica exclusiva para resolver sobre materias muchas veces ajenas a su oficio; y comprometiendo desde ese pedestal la imparcialidad de la Magistratura incluida la Sala Constitucional o IV, así como todo el sistema de división con pesos y contrapesos entre los poderes.

Conclusión

A esa emergente realidad, la llamamos aquí “judicialización de la política y politización del ámbito judicial”; de la cual nace la “Juristocracia” o el gobierno de los Jueces como anomalía que hace de la Corte, la Sala Constitucional y otros tribunales (incluido el Electoral) el balance de la política y de sus luchas, problemas y contradicciones, hasta llegar a la realización de cacerías de brujas con apoyo de los denominados “juicios mediáticos” orientados a perseguir a ciertos dirigentes o sectores.

Tales situaciones, donde se trasladan problemas de la política derivados de las actuaciones de los líderes o de figuras institucionales importantes a los tribunales, sea por iniciativas de éstos o a instancia de otros actores políticos, hace de muchos jueces buenos acompañantes de los políticos; y de sus fallos los determinantes de la manera cómo se dirimen infinidad de conflictos ligados a la lucha tanto por el poder como contra el poder, los que son llevados ex profeso a los tribunales en donde muchos actores políticos creen tener ventajas a la hora de los remedios y las decisiones finales, máxime si pueden montar presiones desde los medios y la prensa. Recordemos que la judicialización de la política solo es posible si va de la mano con la politización de los órganos de impartir Justicia.

De esa misma fuente espuria surge la irregular “creación de derecho” y diversos fraudes de ley, mediante interpretaciones y sentencias de los jueces sometidos a tensión e influencia desde la política, con las que se busca introducir cambios en la legislación y la jurisprudencia, a veces hasta en la misma manera de aplicar la Constitución, tal como sucedió con el famoso caso de la reelección presidencial, entre otros que han traído muchos dividendos a ciertos dirigentes y grupos de poder.

Por supuesto que para nada es conveniente someter constantemente dilemas del accionar político a rígidos criterios jurídico-técnicos donde impera una lógica muy distinta a la que media en política y no debe validarse cualquier conducta por el solo hecho de que se estime simplemente como apegada a la ley, o bien como algo no expresamente prohibido por ésta tal cual sucede en el ámbito de lo privado y con lo cual se produce una privatización de la justicia pública y de los asuntos de orden público.

Tampoco se vale la “estrategia del enmarcado” por la cual los políticos pueden tratar de despolitizar cuestiones muy controversiales de fondo planteándolas como tecnicismos puramente jurídicos, donde los jueces son los únicos llamados decidir y no ellos.

En general, consideramos que no deben politizarse de esa manera las resoluciones judiciales poniendo a los jueces como árbitros de la política y acabando peligrosamente así con su imparcialidad y autonomía, tan necesarias para que puedan controlar correcta y eficazmente la legalidad de las figuras, los entes y los actos públicos; lo mismo que para darle supremacía al derecho de la Constitución y a los Derechos Humanos Integrales, que hoy día abarcan tanto los civiles y políticos, como los sociales y laborales, culturales y religiosos, ambientales, etarios y de género.

De tal modo, que la politización de la Justicia, sea en la jurisdicción ordinaria o en la  constitucional – donde funciona abusando de su rol como “legislador negativo” -, puede ser letal para el Estado Social y Democrático de Derecho, lo mismo que para el régimen de los derechos y libertades cívicas. Por eso, al caer en ella por las dos vías, como lo han venido haciendo alegremente el PJ y su Juristocracia, se colocan en el ojo del huracán de la crisis política en progreso, la cual avanza arriesgadamente hacia su conversión en una crisis del régimen democrático.

(*) José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología Política de la UCR

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