San José, 7 Abr (Elpaís.cr) – El borrador del proyecto de ley de Radio y Televisión, que ha generado polémica en las últimas horas luego de que se hiciera público ante la ciudadanía, preveía un rubro sancionatorio que otorgaba la posibilidad de quitarle los permisos de funcionamiento a los medios de comunicación en caso de que incurrieran en faltas gravísimas o en dos faltas graves en un año.
Pero, ¿qué dice este proyecto de ley y de dónde viene?
El proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), propone regular la situación del espectro radioeléctrico estatal, que se entregan en concesión a las diferentes empresas para que éstas puedan transmitir, para que esté lista cuando se haga el cambio de tecnología analógica a la digital en el país y proliferen más medios en el país.
Así lo aseguró el viceministro de la cartera, Allan Ruiz, este martes, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.
Esta ley exonera del pago de impuestos a las radios comunitarias y a las que no tengan fines de lucro, además de que les otorga permisos y las libera de tener que participar en las licitaciones de la concesión. Además, se anuncia que los concesionarios actuales mantendrían el ejercicio de las frecuencias que ostentan y que para futuros permisos, se otorgarían concesiones cuyos ingresos irían a dar al mantenimiento de la frecuencia y los permisos durarían 15 años con una prórroga única de un lustro más.
La nueva legislación vendría a sustituir también la redactada en el año de 1954 y denominada Ley de Radio, porque en ese momento la televisión no había llegado a Costa Rica.
Las carencias de esta legislación empiezan porque actualmente los concesionarios pagan al Estado, como máximo, ¢3.000 por año por operar su frecuencia, y esto provocó que la Contraloría General de la República calificara la legislación de «obsoleta» en el año de 2012.
La tesitura de la necesidad de la nueva ley ha sido incluso, apoyada por el Colegio de Periodistas, que ya ha emitido pronunciamientos rememorando la importancia de esta nueva ley.
Ahora bien ¿cuál el problema si, como dicen los proponentes, plantea que el espectro radioeléctrico debe estar a disposición de más actores sociales y plantea la prohibición expresa de la concentración de medios?
Este lunes se filtró que el título II del borrador del proyecto, en el tema sancionatorio, contempla la posibilidad de quitarle los permisos de funcionamiento a los medios de comunicación en caso de que éstos incurrieran en faltas gravísimas o en dos faltas graves en un año.
En esta clasificación de faltas, entraron aspectos como publicar notas falsas o con mensajes y, o palabras vulgares, lo que enfureció a varios sectores privados de los medios de comunicación, debido a que consideraron inadecuado que la distinción sobre el asunto la realizara el Ejecutivo y no la instancia judicial.
La ministra del MICITT, Gisela Kopper, sin embargo, aseguró este martes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el proyecto de ley «es sólo un borrador en el que aún se está trabajando», y que por tanto que la polémica se generó por un asunto aún inexistente, además de señalar que se quitaría este título del proyecto en cuestión, cuando se envíe su segundo borrador a discusión, luego de que los medios privados anuncien sus observaciones, lo que se tiene planeado para que suceda este miércoles.
Esta modificación preocupa al sector empresarial en la medida en que el MICITT tenga la posibilidad de intervenir en los medios de comunicación lo que, según el Partido Liberación Nacional (PLN), todavía podría suceder debido a que, a pesar de la decisión de sacar las sanciones de los anteproyectos, el artículo 53, parte uno, inciso e, anuncia que los medios se exponen a la perdida de la concesión sino no cooperan con las autoridades públicas en los casos que ellos mismos declaren como emergencia, lo que consideramos muy peligroso.y que el punto 17 del proyecto señala que el Ejecutivo podrá asumir, temporalmente, la prestación directa de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia.
“Podemos ver, como el Gobierno pasa de estado de emergencia a estado de necesidad, sin establecer límites y peor aún, si se liga con el artículo 53 donde se establecen las pérdidas de frecuencia si no se coopera”, señaló el Presidente del PLN, José María Figueres, al explicar por qué su partido y su fracción seguirán opuestos al proyecto.
Para los empresarios además, no es de recibo que el Gobierno otorgue permisos de uso diferenciados para las radios comunitarias y las comerciales ya que consideran que, en lugar de promover la participación, el proyecto termina por resultar discriminatorio.
Existe otro proyecto de ley al respecto que distintos sectores comunitarios buscan que se presente por medio de la iniciativa popular y que, bajo el nombre de la Ley Participativa de Radio y Televisión es propuesto por la organización RedMica.
El salto de tecnología analógica a digital está pensado para realizarse en el año 2017 y el Poder Ejecutivo señaló que el proyecto de ley formal estaría listo para presentarse a la Asamblea Legislativa a mediados de este año.
Estos señorones dueños de los grandes medios no quieren perder ni un poquito de lo mucho que le han cachado al Estado y al país, duro con ellos.