Columna “Pensamiento Crítico”
Introducción
Como claramente lo señaló Montesquieu en su obra EL ESPÍRITU DE LAS LEYES: «Todo poder entregado a su propia fuerza propende al abuso». Y algo de esto le sucedió al Poder Judicial costarricense (PJ en adelante) el cual, por al menos dos generaciones de jueces, avanzó sin parar en la amplificación de sus poderes durante los años dorados cuando fue mimado de la Segunda República y pudo navegar de que sus extralimitaciones no serían repelidas ni combatidas por otros poderes públicos y agente privados relevantes.
En el seno del P?J de aquellos tiempos, se multiplicaron sin hallar fuertes restricciones tanto los poderes burocrático-centralizados internos (llamados MEGA-PODERES) en manos de una diminuta cúpula o argolla de 17 Magistrados, como los poderes externos (META-PODERES), los proyectados hacia el entorno donde se ubicaban los otros dos poderes públicos (Ejecutivo y Legislativo) y hacia los partidos políticos, las asociaciones voluntarias y los grupos de interés de la sociedad civil; un proceso al que podríamos denominar la “judicialización sociopolítica” del Estado y la sociedad nacionales.
Esa notable y auto-sostenida combinación de supra-poderes centralizados y concentrados del PJ sobre estructuras de poder propias y ajenas, fue muy exitoso desde a los años de 1950 a los de 1980. Pero comenzó a mostrar sus fiascos y mayores debilidades en los años de 1990, conforme los MEGAPODERES internos comenzaron a ser atacados por severos problemas de eficacia, eficiencia y productividad en la prestación de servicios de Justicia al aumentar vertiginosamente la litigiosidad y conflictividad social. Mientras, por su lado, los META-PODERES externos llegaron también a su límite de crecimiento en el marco institucional, presupuestario y fiscal de un Estado semi-colapsado, víctima de recortes, muy severamente endeudado en el marco de una transición de un modelo de “Estado Recaudador de Impuestos” a otro de “Estado Deficitario Deudor” y que sigue así hasta la fecha. Fue el anti-clímax.
Comenzaron a presentarse las limitaciones y fallas del sistema PJ
Hacia el interior y exterior de los aparatos judiciales, el anti-clímax y la crisis fue precisamente provocada por la mezcla de un centralismo concentrador y vertical – ejercido incontrolada y antidemocráticamente desde la cima jerárquica dominada por la argolla de los supremos Magistrados-, combinado ello con la rigidez y extrema división hacia abajo de órganos y funciones, repartidos en compartimentos estancos, tanto dentro como fuera del ámbito jurisdiccional y central del PJ.
Por igual, se notaron las fallas del patrón desordenado, improvisado y casuístico, de la proliferación de ejes y niveles burocráticos de mando y administración centrales y fuera de este ámbito, en las periferias provinciales. Claro está, que, en apariencia, la finalidad del proceso de diferenciación y jerarquización del PJ era para que supuestamente atendiera las crecientes demandas externas por diversos servicios de justicia pronta, cumplida y sin denegación, en el marco de una administración de justicia para el desarrollo, presidido por el modelo del Estado de Bienestar. Pero, eso era de la boca para afuera.
En el fondo, el PJ y el resto de la administración de justicia nunca se orientaron solo por las demandas de justicia, orden y estabilidad de la sociedad, sino también por cumplir con funciones de impulso estatal al desarrollo de la sociedad; bajo el dirigismo tan típico de la Segunda República modernizadora y que llegaría a su fin en las décadas de 1980, y ante todo en la de 1990. Fue cuando se impuso el proyecto de las reformas del ajuste neoliberal y arrancó el desmantelamiento del Estado de Bienestar, el gran pivote de esta Segunda República, teñida de verdiblanco liberacionista. Comenzaron entonces otros tiempos para la aristocracia y la burocracia judiciales.
El fin de la “belle époque”
En efecto, no obstante sus logros, el estilo de mando vertical y centralista entronizado por la cerrada cúpula de los magistrados de la Corte Suprema entró en fase de agotamiento a finales del siglo pasado. Como modelo exitoso de funcionamiento y expansión de poderes y funciones, como dijimos, el PJ no enfrentó mayor resistencia, tanto hacia adentro del sistema en la esfera de la burocracia interna donde nadie se atrevía a retar al gobierno autoritario de los Magistrados, como hacia afuera, en el entorno ocupado por otros grupos de poder instalados dentro y fuera del sistema político, incluidos los otros Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Electoral) que tampoco osaban cuestionar el desarrollo desmedido de autoridad e influencia de los jueces. Eran muy pocos los desacuerdos y los choques jurisdiccionales. Nada como lo que ahora sucede.
El decaimiento sistémico del PJ lo revelan ya en la década de 1990, por una parte, los índices de la lentitud y atoro de los últimos tiempos, y de desatención a demandas y quejas del usuario, detectadas por muy diversas encuestas de opinión pública; y, por otra parte, las evidencias claras del surgimiento en años recientes de sectores críticos o retadores, dentro y fuera del ámbito judicial, insatisfechos con los abusos arrogancia de poder de la intocable aristocracia judicial. Se presentan grupos diversos ante la opinión pública y los medios de comunicación que cuestionan y ofrecen resistencias y opciones a la continuidad del proceso de multiplicación de MEGA-PODERES internos y de META-PODERES externos de un modelo de gobierno y administración de Justicia propasado, dominado férreamente por la Corte y su Presidente (ahora una Presidenta).
Más aún, no se trata ya de una mera resistencia pasiva o superficial, sino que hay propuestas concretas, y hasta esquemas o paradigmas novedosos de cambio bien articulados, de la gran mayoría de los cuales se viene hablando desde mucho tiempo atrás; pero sin resultados dada la recalcitrante oposición a reformas sustanciales de la alta Magistratura. Por ejemplo, se creyó por un momento el año pasado que con el fallecimiento de una figura señera de la vieja guardia – el Lic. Luis Paulino Mora, cuando fungía como presidente de la Corte- y con la elección posterior de una mujer en su puesto –diferida por tres meses-, se preparaba una agenda de renovación interna, y que habría vientos y profundas medidas de cambio. Empero, todo ha seguido igual, o va de mal en peor.
La reacción no podía faltar ante los desmanes continuados de la Judicatura
Esas muestras de crítica y renovación demuestran la existencia de una presión política fuerte la cual fluye, por un lado, “desde abajo” y “desde adentro” del PJ; pero que, por otro lado, se potencia mucho al entrecruzarse con la proveniente “desde arriba” y “desde afuera” por reacción de actores en los otros poderes del Estado y de la sociedad. Configura ya una corriente crítica e indicativa de todo un clima de opinión, bajo el cual se vislumbra una aglutinación de fuerzas y planteamientos antagónicos muy agresivos; los cuales pujan en la esfera de la sociedad y del PJ mismo por una vasta reforma integral, a la vez gerencial, estructural y procesal de todo el sistema, y en particular de su actual forma de gobierno elitista y antidemocrático.
En general, las críticas se han concentrado en aspectos como los siguientes: la mediocridad de los jueces y por ende de los servicios de Justicia; la falta de profesionalismo, la negligencia y las pésimas investigaciones, las torpezas y errores de toda índole que vician y anulan muchísimos trámites y juicios, combinación de factores que terminan alimentando una altísima tasa de impunidad, donde quedan sin respuesta más del 80% de las demandas presentadas por los ciudadanos ante los tribunales; los juicios eternos y harto complejos o enredados adrede, que elevan el costo de la Justicia y la hacen inaccesible para los ciudadanos de medios y bajos recursos; los jueces y fiscales deshonestos que dejan prescribir procesos, máxime si hay de por medio influencias e intereses poderosos de “los de arriba”; en fin, la politiquería y la corrupción asociados a los procesos de la “judicialización de la política” y la consiguiente “politicización del ámbito judicial”, ambos conducentes al llamado “Gobierno de los Jueces” o Juristocracia.
Las principales iniciativas de transformación, evidenciadas por las propuestas y fuerzas emergentes detectadas, vienen formulándose para atacar aspectos como los siguientes: descentralizar o sustraer de la esfera del PJ varios órganos auxiliares o desconcentrarlos al máximo, sea o no por razones presupuestarias; eliminarle a la Corte y su Presidente las funciones tan fusionadas, centralizadas y concentradas de tipo jurisdiccional y administrativo, para potenciar las primeras y disminuir o eliminar las otras; independizar la Inspección Judicial y el Ministerio Público como entes técnicos; transformar el papel de la Escuela Judicial dándole carácter rector y de sistema educacional al interior de todo el PJ; delegar funciones y potestades en los circuitos judiciales y en los llamados mega-despachos; y, en fin, a impulsar una democratización y remozamiento de la cúpula y otros centros de poder y responsabilidad con actores internos y externos de la sociedad, incluyendo cambios en la elección de los Magistrados, cuyo mecanismo muchos consideran que alienta la politización judicial, el clientelismo y hasta el tráfico de influencias junto a otras formas conexas de corrupción organizada y planificada.
Examinaremos la semana entrante – para finalizar esta serie de análisis-, algunos indicadores de tendencias más recientes, a fin de ilustrar mejor la crisis de la inoperancia del sistema del PJ, así como los problemas que acarrea el declive de la pequeña cúpula de los Magistrados, quienes lo controlan sigilosamente de arriba abajo, con mano cerrada y duro guante de hierro.
(*) José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología Política de la UCR