A causa del reciente caso del ex magistrado Alejandro Mocada Luna, y su resultado, voy a hacer las veces del abogado del diablo en este análisis; frase usada en el mundo jurídico, cuando se toma una posición contraria a la lógica o al aparente sentido común.
Me pregunto, qué habría pasado si, el hasta entonces magistrado Moncada Luna, hubiera rechazado el presunto acuerdo a que llegó con el fiscal Pedro Miguel González, del proceso que se le llevó en la comisión de credenciales, de la Asamblea Nacional. Todo ese caso se originó por una denuncia del Colegio de Abogados, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, corrupción de funcionarios públicos y blanqueo de capitales.
Después de cuatro meses de investigación, Moncada Luna, aceptó un acuerdo con la fiscalía, responsabilizándose por dos de los cuatro delitos que se le imputaban ¿A quién se presume pretendía protegerse con ese acuerdo? todas esas interrogantes circulan en el inconsciente colectivo de la sociedad. Después de firmado se corrió la noticia que el sr. Moncada rechazaría el acuerdo, creando mucha incertidumbre en la población, de lo que sucedería el día del juicio.
Será que el señor Moncada Luna mordió el anzuelo, aceptando la culpabilidad de dos cargos, imputados, con la esperanza que no le incautaran las cuentas bancarias, sumando las mismas la friolera suma de 4.6 millones de dólares. Y que luego de cumplidas 2/3 de la pena, si es que la cumple, quedaría con buen billete, para seguir su vida de bohemio Esa decisión de la fiscalía es un poco contradictoria, porque, precisamente era denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sucedió que las juezas de garantías, no le rebajaron la pena de 60 meses, y lo enviaron a cumplir su condena en un centro penitenciario, las cuentas incautadas le dieron traslado al Ministerio Público, para decidan la suerte de ese dinero.
¿Qué haría pasado si el señor Moncada Luna rechazaba el acuerdo ? Pues hoy estaría la Asamblea Nacional de Diputados envueltos en un juicio a un magistrado de la Corte Suprema Justicia, con la diferencia que el caso pasaría del plano jurídico al terreno político, estancando las otras funciones de este órgano del gobierno. Hay opiniones encontradas que cuestionan, si le competía al pleno juzgar al magistrado, o una subcomisión.
Las fuerzas políticas que querían una condena en firme, tenían un Inconveniente, no tenían los votos, con la mayoría calificada para lograr una condena. Además como el voto es secreto, la decisión era una condición incierta, como tirar una moneda al aire.
Toda esta situación habría tensado las fuerzas políticas del gobierno y la oposición, y habría puesto a prueba el sistema judicial, diputados y sus partidos políticos, porque ya se escuchaban de la oferta de “maletines con mameyes”, de bando y bando, para torcer la voluntad del diputado y lograr el voto favorable. Lo cual no dejaba de ser una aberración y falto a la ética, porque precisamente por ese delito se estaba enjuiciando al magistrado. Pero una vez que el sr. Moncada Luna, acepto el acuerdo, llegó un respiro, para las fuerzas del gobierno, y para la sociedad civil, que querían dar un “escarmiento, y de paso sentar un precedente en la justicia panameña”.
Ahora el camino está despejado, para nombrar un nuevo magistrado, y que ojalá se tome en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada, y que lo sucedido quede de moraleja, a otros funcionarios judiciales, para que cumplan con sus obligaciones, como lo establece la constitución y la ley.
(*) Domingo Espinosa G. es Escritor y Docente.
