San Salvador, 8 abr (EFE).- Organizaciones de víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) pidieron hoy a la Fiscalía investigar al exministro de Defensa salvadoreño Eugenio Vides Casanova, quien será deportado de Estados Unidos, por estar involucrado en «graves violaciones de derechos humanos».
Blanca García, portavoz del Comité de Madres Monseñor Romero, dijo a la prensa que están «exigiendo al fiscal general que inicie una investigación, ya que él (Casanova) está involucrado en asesinatos, torturas y desapariciones (…) en el periodo de la guerra».
«Sería un pequeño paso para nosotros como víctimas (…) que se inicie un proceso, que se investiguen las múltiples masacres contra nuestros familiares», expresó García.
Por su parte, Eduardo García, representante de la Asociación Pro-Búsqueda, dijo a Efe que esperan que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) «inicie de oficio».
«La Fiscalía de oficio debería de investigar si son ciertas o no las acusaciones, que al parecer ya son contundentes en los Estados Unidos, de que participó, consintió o supo de los atropellos de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional».
Agregó que a Casanova se le «imputa el asesinato de cinco religiosas estadounidenses, la masacre de Las Hojas en Sonsonate (oeste) y otros múltiples atropellos» de derechos humanos.
Para Neris González, quien fue víctima de tortura, la deportación de Casanova es una «alegría» y advirtió que las organizaciones sociales no van «a quitar el dedo del renglón» para que sea «enjuiciado».
«Estoy feliz de que viene deportado, pero la victoria final va a ser cuando este hombre sea enjuiciado en su propio país», expresó a Efe.
En 2002 un tribunal de Justicia de Estados Unidos sentenció a Casanova y a otro militar a indemnizar a Neris González y otros dos sobrevivientes de tortura con 54,6 millones de dólares.
El juez migratorio James Grim de la Corte en Orlando, Florida (E.UU.), ordenó en 2012 la deportación de Casanova porque durante su gestión como director de la extinta Guardia Nacional (1979-1982) y ministro de Defensa (1983-1989) había «asistido o participado» en asesinato de varias religiosas estadounidenses y por tolerar actos de tortura.
Y a comienzos de marzo la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó la sentencia de deportación contra Casanova.
En otro caso relacionado con la guerra, el Gobierno de EE.UU. pidió hoy a un tribunal de Carolina del Norte que apruebe la extradición a España del excoronel y exviceministro salvadoreño Inocente Montano, acusado del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989.
Desde octubre de 2013, Montano, de 72 años, cumple una condena de 21 meses de prisión en una cárcel de Carolina del Norte por haber mentido sobre su estatus migratorio para no regresar a El Salvador y evitar ser juzgado por la matanza de los jesuitas. EFE
