San Salvador, 9 abr (dpa) – Dos ex altos oficiales salvadoreños que fueron militares emblemáticos durante el conflicto armado que sufrió el país (1980-1992) enfrentan ahora sendas causas judiciales acusados de violaciones a los derechos humanos. Mientras que uno fue deportado el miércoles a El Salvador, el otro podría ser entregado en breve a España.
Carlos Eugenio Vides Casanova, ex ministro de Defensa y ex director de la Guardia Nacional (GN), regresó el miércoles al aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, de El Salvador, esposado, sin pertenencias y custodiado por agentes estadounidenses.
Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó a un tribunal de Carolina del Norte que apruebe la detención y extradición a España del ex coronel Inocente Montano, que es requerido para ser procesado por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989.
Vides Casanova fue procesado en Florida, donde fue acusado de diversos crímenes de guerra y violación de los derechos humanos. Residía en ese estado norteamericano desde 1989. Ya en 2013 había recibido una orden de extradición, que se cumplió finalmente el miércoles.
La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos consideró probado que cometió ejecuciones y torturas de civiles durante el conflicto armado en El Salvador. La deportación se aprobó en base a la ley estadounidense de prevención del terrorismo, que niega la permanencia en el país de personas que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
En el caso de Montano, las acusaciones están relacionadas con el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles y un salvadoreño el 16 de noviembre de 1989. El ex militar ya cumple una condena desde el año pasado por violar la ley migratoria estadounidense.
En Madrid la Audiencia Nacional de España procesa y reclama a una veintena de militares, entre ellos a Montano, por sus responsabilidades en la llamada Masacre de la UCA (Universidad Centroamericana), donde también fueron asesinadas dos mujeres empleadas de los religiosos.
Benjamín Cuéllar, experto en derechos humanos, considera que si se logra la extradición de Montano a España, será necesario continuar para lograr que también el resto de acusados tengan que responder ante los tribunales.
«En esto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con Estados Unidos; todo apunta a que se va dar la extradición de este coronel y que estará en el banquillo de los acusados. Deben ser enjuiciados también el resto de acusados», añadió Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
El experto añadió la necesidad de romper con la impunidad que ha rondado históricamente a la justicia salvadoreña. También consideró importante relacionar la impunidad que en su opinión propició la amnistía aprobada después del conflicto armando con lo que sucede ahora con la situación de violencia criminal.
«Si no relacionamos una cosa con la otra, nunca vamos a lograr lo que no logramos en 20 años: combatir la impunidad no es problema solo de las víctimas de antes de la guerra, también es responsabilidad por las víctimas de la posguerra», subrayó.
Durante el conflicto armado en El Salvador murieron 70.000 personas, otras 8.000 desaparecieron y más de un millón huyeron del país como refugiados.
