Sao Paulo, 12 abr (EFE).- Los grupos minoritarios que defienden una intervención militar «constitucional» en Brasil aprovecharon la multitudinaria protesta de hoy en Sao Paulo contra el Gobierno y la corrupción para volver a pedir un golpe contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Estas organizaciones, con carteles defendiendo su sorprendente reivindicación, se infiltraron entre los miles de manifestantes que marcharon por la mayor ciudad de Brasil pese a que sus ideas son rechazadas por el Movimiento Ven a la Calle, organizador de las protestas.
Uno de los principales representantes de estas minorías, el diputado y militar de la reserva Jair Bolsonaro, del conservador Partido Progresista (PP) por el estado de Río de Janeiro, afirmó que la solución no es exigir la renuncia o la destitución de Rousseff, como pide la mayoría de los manifestantes, sino acabar con la «apropiación ideológica del Estado» promovida por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
«Tenemos un problema en Brasil que es tan o más grave que ese (el fin del Gobierno de Rousseff), que es la corrupción como una imposición ideológica. Brasil se acerca cada vez más a dictaduras como la de Cuba y, me atrevo a decir, como la de Corea del Norte», afirmó el legislador en declaraciones a Efe.
Bolsonaro, que se dijo defensor de una «democracia conquistada a duras penas en 1964 (año del golpe de Estado) por los militares», aseguró que, con la aproximación que inició hacia Cuba, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tan sólo busca el voto de los hispanos.
«Obama es del Partido Demócrata. Yo lógicamente sería su opositor. Pero lo que veo es que él quiere conquistar el voto hispánico. Aunque también está queriendo frenar la exportación de guerrillas promovida por Cuba», afirmó.
El parlamentario aseguró que Brasil financia los planes del Gobierno cubano mediante el proyecto por el que contrató a miles de médicos de ese país para extender los servicios de salud a las regiones más apartadas del país.
Otra de las manifestantes minoritarias, Nadia Afonso, afirmó que la intervención militar es constitucional y está prevista en dos artículos de la Carta Magna.
«Estos artículos dicen que el pueblo, a través de sus representantes, puede ejercer el poder. Y los representantes que elegimos no están cumpliendo su deber. Entonces el pueblo tiene el derecho de pedir la intervención militar. Ellos son los únicos que pueden arreglar el país, que está en un caos por toda esa corrupción», afirmó.
En medio de los grupos democráticos destacó la presencia de la activista política guatemalteca Gloria Álvarez, directora de proyectos del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala y que fue presentada por los organizadores como una «invitada ilustre».
Álvarez aprovechó la invitación para pronunciar un discurso en el que criticó los que llamó «gobiernos populistas» de América Latina que, en su opinión, generan más pobreza al ofrecerle subsidios a los pobres en lugar de darles becas de estudio.
Según la guatemalteca, las políticas educativas desarrolladas por esos gobiernos tienen por principio un «adoctrinamiento» que atenta contra la libertad.
Las protestas de hoy fueron convocadas en las redes sociales por los mismos movimientos que se dicen independientes de los partidos políticos y que el 15 de marzo consiguieron congregar a cerca de dos millones de manifestantes en decenas de ciudades.
El número de manifestantes este domingo, sin embargo, fue muy inferior al del mes pasado.
En Sao Paulo, mayor ciudad de Brasil, uno de los principales fortines de la oposición y que el mes pasado registró una histórica protesta con cerca de un millón de personas, la marcha de hoy congregó a 275.000 manifestantes, casi la cuarta parte, según el primer cálculo divulgado por la policía.
Los organizadores de las protestas admitieron la reducción del número de convocados pero advirtieron que hasta las encuestas muestran que la insatisfacción continúa creciendo y la aprobación del Gobierno sigue en el suelo.
Según una encuesta divulgada ayer por la firma Datafolha, el 75 % de los brasileños aprueba las protestas y un 63 % apoya que el Congreso abra un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, cuyo índice de aprobación continúa en el 13 % que tenía en marzo -el menor desde que asumió-, por su supuesta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras. EFE
