San José, 14 Abr (ElPaís.cr) – El recorte de 61 mil millones de colones al segundo Presupuesto Extraordinario, que analiza la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa continúa generando polémica.
Este lunes, compareció la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, y el Viceministro de Trabajo, Alfredo Camacho, quienes se opusieron al recorte y explicaron las posibles consecuencias del mismo.
Sáenz Madrigal manifestó que los ¢6238 millones que se le rebajan del presupuesto de esa cartera, afectan los programas que tienen que ver con la atención a pacientes con enfermedades que tienen relación con el consumo del tabaco.
La Presidenta de la CCSS dijo que, «lo que más afecta a la cartera son los recortes de fondos para combatir enfermedades como el cáncer, problemas cardiovasculares y los recursos designados a los programas contra el fumado».
Por su parte, el Viceministro de Trabajo, Alfredo Camacho, señaló que lo que afecta a esta cartera son ¢6481 millones de los cuales ¢6338 millones es una transferencia al Patronato Nacional de la Infancia.
Sin embargo, el jerarca considera que no hay una afectación importante en ninguna otra partida.
En las comparecencias realizadas por la Comisión algunos ministros se mostraron en contra del recorte, tal fue el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Poder Judicial, mientras que otras instancias no manifestaron ninguna preocupación por la rebaja de 61 mil millones de colones.
Cabe señalar, que aunque las comparecencias ya están cubiertas, los legisladores dejaron la votación para este martes, día que concluye el plazo para la votación.
Esta decisión fue adoptada por la Comisión luego de aprobar una moción de nulidad presentada por el diputado liberacionista Rolando González.
Esta moción, tiene como fin anular todo lo dictado y actuado por la sub comisión del presupuesto.
Los argumentos que presentó González fueron que la subcomisión no convocó formalmente a los miembros de ella, por lo que según el diputado los informes presentados son nulos, y queda en discusión el proyecto original que presentó el Ejecutivo a la comisión.
