La inestabilidad política: El Poder Judicial empuja a una crisis de régimen (VI y final)

Columna Pensamiento Crítico

Introducción

En paralelo con la agudización del clima de inestabilidad y desacuerdo entre las élites políticas, ha emergido una buena cantidad de casos de descalabros y escándalos en el Poder Judicial (PJ en adelante)  en lo que va de este año. Todos revelan las fallas del sistema de gobierno y administración del Poder Judicial (en adelante PJ) y del Sistema de la Administración de Justicia (en adelante SAJ).

Recordemos que ese SAJ comprende, además del PJ y sus llamados “órganos auxiliares” (Fiscalía y Defensa Pública, OIJ, Inspección Judicial, Escuela Judicial y Medicatura Forense), al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Ministerio de Justicia y Paz que incluye el Registro Nacional, la Dirección de Notariado, la Dirección de Adaptación Social y el sistema carcelario; el Ministerio de Seguridad y los cuerpos policiales. También agregaríamos, por nuestra parte, a la Procuraduría y la Contraloría Generales; la Defensoría de los Habitantes; Servicio Civil y su tribunal; las Universidades donde se forman los abogados y jueces; el Instituto de Investigaciones Jurídicas (UCR); el Colegio de Abogados y el Instituto Costarricense de Derecho Notarial (ICODEN), instituciones todas ellas que realizan importantes funciones relacionadas con el ejercicio en sentido amplio de la Justicia. Como vemos es una vasta superestructura dominada por cúpulas compuestas mayormente por abogados especialistas.

Aquí nos interesa en este momento el PJ. Pero, debemos aclarar que la crisis que atravesamos en el país es una crisis de la totalidad del SAJ, considerado un pilar fundamental del régimen democrático. De tal modo, que al fallar conjuntamente con los otros Poderes de la República, se vincula orgánicamente con el clima de desorden público e incertidumbre política; el mismo que nos va impulsando hacia el despeñadero, ya no de una crisis política circunstancial, sino de una crisis mayor con posible quiebra del régimen democrático. Es sobre este punto que venimos alertando desde esta columna, y lo seguiremos haciendo.

Dicho lo anterior, veamos seguidamente una secuencia de casos que recién han causado conmoción pública, porque reflejan la profunda crisis del PJ y de la administración de Justicia en general y que igualmente alimentan la crisis política en rumbo a tornarse en crisis de régimen si no se la enfrenta con destreza y voluntad políticas — unas cualidades de las que, por cierto, lastimosamente carece el actual gobierno PAC-Solís (o GPS) y que, al aproximarse su primer año de gestión, se dejar ver como su principal insuficiencia.

Una pequeña muestra de indicadores de la crisis judicial

– Un primer aspecto – al que por ahora en esta columna solo lo vamos a mencionar tangencialmente y que tratamos hace un tiempo atrás -, es el de la monstruosa debacle carcelaria; la que, de paso, viene a exacerbar otra crisis de larga data: la de la seguridad ciudadana y nacional, un tema grueso al cual vamos a referirnos ahora. Ampliamente publicitada en los primeros meses de este año, cuando la ministra de Justicia negó a un periodista datos desglosados por penal y secciones del hacinamiento en cada centro de reclusión, la crisis penal deriva del cortoplacismo y la imprevisión generalizados dentro del SAJ. Y se ve intensificada, en lo específico, por las múltiples deficiencias acumuladas por la Dirección de Adaptación Social, las cuales se traducen en un nivel intolerable de hacinamiento y en una creciente desesperación entre los reclusos sembrada por los abusos físico-mentales e incesante violación a los Derechos Humanos que padecen a diario.

– En otro orden de cosas, el año 2014 cerró con el sonado caso de la destitución de un alto Magistrado de la cúpula rectora, el Lic. Óscar González Camacho, en el cual la Corte involucró a la Asamblea Legislativa recomendándole la revocatoria del nombramiento. El caso fue por acusaciones comprobadas de acoso sexual a una jueza y, como de costumbre, fue aprovechado por los medios de comunicación comerciales para montar un show mediático más. Conviene recordar la reciente renuncia a la curul del diputado y ex cura Ronal Vargas del Frente Amplio por iguales razones, donde el show fue extendido al seno de la Asamblea por largos días, con excelentes dividendos para los medios.

– Con el arranque del 2015 y a la fecha, en la instancia jurisdiccional mientras tanto se han multiplicado, unos tras otros, las malas praxis y los fatales errores procesales, como los cometidos en el sobresaliente (a nivel mundial) caso del ambientalista Jairo Mora; lo cual va reafirmando la mala gestión de la cúpula judicial y la deficiente calidad de nuestra Justicia; un campo donde adicionalmente vienen sobresaliendo la impunidad junto a la debilidad e ineficacia de la Fiscalía General, especialmente en lo que debería ser una lucha sin cuartel contra la corrupción y la delincuencia organizadas, tanto la común como la de tipo político, o de cuello blanco de la Partidocracia.

– Por otra parte, llama mucho la atención el hecho de que el Fiscal General, Lic. Jorge Chavarría, se rehusara hace poco a comparecer y rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa sobre las garrafales fallas de investigación en el caso de Jairo Mora, escudándose en la tesis de que es penal y no debe hacerlo. Ante lo cual presenta un recurso de amparo y pide infructuosamente el apoyo de la Corte, a la que entonces acusa de tolerar la interferencia de un poder en otro y de ser un “órgano difuso” (entrevista en Noticias Monumental). Dando así a entender que la Corte y el PJ son  superabundantes en palabras pero inefectivos en la práctica y que se mueven a medias entre la vaguedad y la imprecisión, entre la verdad y la falsedad, si nos atenemos al significado de “difuso”.

– Aparte de lo hecho y dicho por el Fiscal General, a diario se percibe cómo se aferra a sus privilegios la cerrada y férrea cúpula de magistrados que controla al PJ (incluida la Fiscalía y el OIJ) de modo vertical y autoritario; aparte de que ninguno las tiene bien consigo en materia de eficiencia y transparencia. Lo hemos visto últimamente en los casos de la defensa del presupuesto 2015 del PJ y de sus exageradas remuneraciones y lujosas pensiones, para no hablar de su inveterada resistencia a reformar las estructuras judiciales burocráticas, lentas, envejecidas y recalcitrantes dada su oposición a toda democratización interna para que exista un auténtico gobierno  autónomo de jueces, independiente en dicho Poder de cualquier subordinación a la Corte y la pequeña argolla de los Magistrados.

En este año el PJ enfrenta tareas que no ha sabido enfrentar desde años atrás.

Veamos:

– Un aumento del costo promedio de los casos de ¢543.599,2, un 46% más alto que en 2011, mientras va en descenso la tasa de asuntos terminados por juez.

– Lo anterior se relaciona con que hay una tasa de congestión en primera instancia  (saturación retraso en los tribunales) que era cercana a los 2 casos por cada caso tramitado en 2010, pero que en el año 2012 llegó a 2,96 y ahora sobrepasa los 4 casos, el más elevado del período.

– Todo nos indica que también va en ascenso la tasa de pendencia o resolución, o sea, la cantidad de expedientes en espera de trámite o ya iniciados pero inconclusos, cuyas tasas eran respectivamente de 33,8% y 56,1% en el año 2012.

(Nota: todos los datos anteriores son oficiales; los hemos extraído del último COMPENDIO DE INDICADORES 2008-2012 y de otras fuentes de la Sección de estadística del Departamento de Planificación del PJ)

Necesidad de una reforma judicial integral

Asimismo, hemos sostenido en análisis anteriores – y hoy lo reafirmamos – que estamos ante un SAJ bastante colapsado, al cual hace rato le llegó la hora de una reforma integral y democratizadora en su gobernanza interna capaz de romper el autoritarismo tanto como la complicidad de los Magistrados con la clase política. También se impone, como parte de tal reforma, una reingeniería completa, organizacional y operativa de todos los niveles de mando, sectores y circuitos centrales y regionales.

Mientras no se cumpla con una macro-reforma como la señalada, seguirán adelante acrecentándose los casos de pifias macro- y micro-sistémicas, todas enlazadas, que tanta inquietud y zozobra generan en el SAJ y el país. Recalcamos que no son fallas casuales, sino indicadores de un profundo y prolongado malfuncionamiento estructural, el cual no se resolverá con reformas casuísticas y superficiales de corto alcance, o “parches”.

A modo de epílogo

Los análisis efectuados y los datos aportados, nos revelan que en el sistema del PJ van en aumento los casos de dilación indebida por juez, un hecho anormal y hasta delictivo porque atenta contra los Derechos Humanos Integrales (civiles, políticos, sociales, laborales, culturales, etc.), el desarrollo y el bienestar general de la sociedad. Y ello sucede descarada e impunemente a pesar de que somos el país de Centroamérica con más jueces por habitante: 23,7 en 2013 y 25 en 2014, esto sin contar los nombrados en plazas extraordinarias.

Terminamos la serie de evaluaciones del PJ y el SAJ, reproduciendo lo expresado premonitoriamente con preocupación por un politólogo a cargo del conocido Proyecto Estado de la Nación, el Dr. Jorge Vargas Cullel: “El creciente costo por caso tramitado en el sistema de administración de justicia, aunado a la fuerte reducción en los indicadores de productividad por operador judicial, llevará a crecientes y cada vez más intensos conflictos con otros poderes del Estado y a conflictos dentro del Poder Judicial que llevarían a conflictos internos de alto perfil público, eventualmente a interrupciones de servicios que afectarían la credibilidad del Poder Judicial en su conjunto, ante la ciudadanía.”

(*) José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología Política de la UCR