Lima, 17 abr (EFE).- El Congreso de Perú aprobó hoy los informes de la megacomisión que investigó presuntos actos de corrupción e irregularidades en el segundo gobierno del expresidente Alan García (2006-2011) y que recomendaron su traslado al Ministerio Público o a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El pleno del Congreso debatió desde el jueves y hasta esta madrugada los informes finales de la megacomisión sobre los casos de irregularidad patrimonial, la venta del aeródromo de Collique y los casos complementarios referidos a la compra de ordenadores portátiles para escolares, la modernización de la refinería de Talara y las donaciones del grupo brasilero Odebrecht, entre otros.
El legislador Sergio Tejada, expresidente de la megacomisión, sustentó los informes y luego dio paso al debate de las distintas bancadas del Parlamento.
Tejada indicó que la megacomisión encontró una irregularidad patrimonial de 260.000 soles (83.870 dólares) en el ex secretario general del Despacho Presidencial, Luis Nava, y otra de 450.000 soles (145.100 dólares) en el exministro y exlegislador Aurelio Pastor, por lo cual recomendó su investigación en el Ministerio Público.
En el caso del expresidente, el grupo parlamentario no encontró irregularidad patrimonial ni indicios de enriquecimiento ilícito.
Los legisladores aprobaron este informe con 45 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.
Sobre el caso de la venta del aeródromo de Collique, Tejada recomendó que sea enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue la supuesta venta fraudulenta.
El pleno aprobó este informe con 68 votos a favor, 7 en contra y cinco abstenciones.
Respecto a los casos complementarios, el informe recomendó que el pleno otorgue a la Comisión de Fiscalización o a las comisiones especializadas, las facultades para investigarlos.
Los parlamentarios lo aprobaron con 68 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones.
El pasado 12 de marzo, Tejada expuso otros informes de la megacomisión que encontraron «indicios razonables» de que el expresidente Alan García y varios funcionarios de su segundo Gobierno conformaron una asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber interferido en la investigación de un caso de espionaje telefónico.
El grupo parlamentario consideró que García y sus exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca fueron responsables de una supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa Business Track (BTR), dedicada a un espionaje telefónico descubierto en 2008.
Tejada también sustentó en marzo pasado ante el Congreso el informe sobre la investigación que se hizo de las denuncias de irregularidades en la reconstrucción y modernización de grandes colegios del país y consideró que García y el exministro de Educación José Antonio Chang deben ser denunciados por una presunta infracción constitucional.
«El marco legal generado habría permitido actos de corrupción, la sobrevaloración de obras, el cobro menor de penalidades, entre otros», señaló el informe.
El Congreso aprobó enviar los informes a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y al Ministerio Público (Fiscalía) para que determinen si se presentan denuncias penales. EFE
