De cómo Costa Rica le clavó el puñal a su historia de paz

Crónica de una traición anunciada

El presente “informe”, es un relato, apegado a los hechos, de cómo Costa Rica le jugó muy sucio a la paz, de cómo estableció una disimulada estrategia para truncar el proceso para establecer una muy necesitada declaración sobre el derecho a la paz en las Naciones Unidas en Ginebra, donde fui testigo de los hechos que narro. Saque su ratito porque la crónica es completa y detallada.

De manera introductoria, y con el ánimo de circunscribir esta narración, debo indicar que llevo 15 años en el activismo social, inició en el combo del ICE cuando por circunstancias mixtas terminé haciendo junto con otros dos estudiantes de la UNA, una huelga de hambre que en mi caso duró hasta el día 12.

En mis años de universidad, durante el 2003, interpuse acción de inconstitucionalidad contra el apoyo “inmoral” que a la invasión de Irak hiciera el presidente Pacheco. El caso se resolvió a favor y en sentencia 9992-04, la Sala Constitucional declaró el apoyo a la guerra contrario al “valor paz”. El cual catalogó además, y con atino, un “valor fundante de la Nación” (no del periódico la Nazión, por supuesto).

Este caso me abrió las puertas para viajar alrededor del mundo y me llevó en el 2006 a trabajar con la ONG Japonesa llamada “El barco de la Paz”. Este periplo que me llevó a conocer casi 20 países y aprender de las distintas culturas y valores sociales alrededor del mundo. Durante mi estadía en Japón, presenté acción de inconstitucionalidad contra el denominado “Decreto de Armas Nucleares”, mediante el cual el expresidente inconstitucional Arias autorizó la fabricación de reactores y combustible nuclear, INCLUSO para fines armamentistas.

Ante semejante aberración, interpuse también acción de Inconstitucionalidad contra este decreto, el cual fue anulado mediante resolución 14193-08 de la Sala Constitucional, en la cual finalmente la Sala reconoce dentro de nuestro sistema constitucional (en la constitución no escrita), la existencia de un derecho a la paz, cito:

“V.- Sobre el  derecho a la paz. Si bien cuando la Constitución alude a la paz, se refiere a que su concertación y negociación es parte de las funciones de determinados órganos estatales (artículos 121 inciso 6) y 147 inciso 1°), el alcance de este concepto ha sido reconocido y potenciado por la  jurisprudencia de este Tribunal. En este sentido, la Sala ha señalado que se trata de un valor supremo de la Constitución Política  (sentencia # 1739-92 del 1° de julio de 1992) y un valor fundamental de la identidad costarricense (sentencia #1313-93 del 26 de marzo de 1993). Asimismo, se le ha considerado como valor no sólo de rango nacional sino también internacional en atención a lo dispuesto en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptada por la Resolución #39/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 12 de noviembre de 1984, la Declaración sobre la Inadmisibilidad de Intervención en los asuntos internos de los Estados y Protección de su independencia y soberanía, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución #2131 (XX) del 21 de diciembre de 1965 y la Declaración sobre los principios del Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas adoptada en la resolución #2625 (XXV) de la Asamblea General del 24 de octubre de 1970 (sentencia #2004-9992 del 8 de septiembre de 2004). En esta última sentencia citada, la Sala manifestó:

‘(…) es claro que el pueblo costarricense, cansado de una historia de muerte, enfrentamientos, de dictadores y marginación de los beneficios del desarrollo, eligió libre y sabiamente a partir de mil novecientos cuarenta y nueve, recoger el sentimiento que desde hace mucho acompañaba a los costarricenses, de adoptar la paz como valor rector de la sociedad. En esa fecha se cristaliza ese cambio histórico, se proclama un nuevo espíritu, un espíritu de paz y tolerancia. A partir de entonces simbólicamente el cuartel pasó a ser un museo o centro de enseñanza y el país adopta la razón y el derecho como mecanismo para resolver sus problemas interna y externamente. Asimismo, se apuesta por el desarrollo humano y proclamamos nuestro derecho a vivir libres y en paz. Ese día esta nación dio un giro, decidimos que cualquier costo que debamos correr para luchar por la paz, siempre será menor que los costos irreparables de la guerra. Esa filosofía es la que culmina con la «Proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada» de nuestro país, y los numerosos instrumentos internacionales firmados en el mismo sentido -citados en forma abundante por las partes-, como extensión de ese arraigado valor constitucional, que sirve como parámetro constitucional a la hora de analizar los actos impugnados. En este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Sala que ha resaltado el valor paz como principio jurídico y político, en sus sentencias al señalar:

«… de allí que las leyes, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución…, como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc, que se configuran como patrones de razonabilidad (ver sentencia número 1739-92).

En otra sentencia refiriéndose a los valores fundamentales de la identidad costarricense:

«…pueden resumirse… en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad», además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política), y la Justicia…» (ver sentencia número 1313-93)”.

Lo anterior, evidencia que el derecho a la paz tiene en el sistema costarricense un reconocimiento normativo que se deriva, no solo del texto de la Constitución Política, sino de los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, un reconocimiento jurisprudencial derivado de las sentencias emitidas por la Sala Constitucional; y sobre todo un reconocimiento social, conforme al sentir y el actuar de los propios costarricenses. Ahora bien, la construcción de la paz, como lo afirma cierta parte de la doctrina europea, constituye una tarea abierta cuyo logro responsabiliza y compromete a cada habitante del país, y en especial, a quienes ejercen el poder dentro de los Estados. De ahí que sobre las autoridades del Gobierno recae el esfuerzo mayor de alcanzar, mantener y consolidar la paz del país, aunado a la finalidad de fortalecer las relaciones de cooperación pacífica entre todos los pueblos. Por ello, la búsqueda de la paz en un Estado no solo se circunscribe al ámbito interno, sino también externo, de modo que aquella sea respetada por los demás Estados.”.

La Procuraduría solicitó declarar sin lugar esta acción de inconstitucionalidad.

Finalmente, y junto a varios ciudadanos, impugné el decreto mediante el cual Oscar Arias delegaba en los jefes de unidad policial la facultad exclusiva del presidente de autorizar el uso de armas prohibidas para reprimir manifestaciones. Dicho decreto fue anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo, con apelación de la Procuraduría, que al no tener argumentos para apelar por el fondo la sentencia anulatoria, se limitó a apelar por la forma. La procuradora debe irse.

Estos casos, me continuaron con el tiempo abriendo puertas en escenarios internacionales; en el 2009, tuve el enorme honor de cerrar la conferencia de naciones unidas sobre desarme en México, conferencia que había sido abierta por un discurso de la Premio Nobel de la Paz Jodi Williams… y yo tuve el honor de cerrarla.

También, varias asociaciones internacionales de abogados me abrieron sus puertas, y es la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (IADL por sus siglas in inglés), la que me dio mayores oportunidades internacionales. Es a través de ellos que desde el 2012 estoy participando activamente y en representación de la AIJD en el proceso sobre el Derecho a la Paz en Ginebra.

Así que no es nueva mi participación en el proceso. Por qué alzo mi voz hasta ahora y no en el gobierno de Laura? Primero, por una cuestión circunstancial, los hechos acaban de ocurrir. Segundo, yo no esperaba nada bueno del gobierno de Laura, pero de este sí, especialmente porque desde junio del 2014 había advertido al presidente que aquí andaba algo mal.

Dicho todo lo anterior, comienzo lo que denomino la Crónica de una traición anunciada.

El proceso del reconocimiento a la paz inicia formalmente en el 2012 cuando, por iniciativa de la Delegación de Cuba, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, mediante resolución 20/15 del 5 de julio del 2012:

“1. Decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de negociar progresivamente un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz, sobre la base del proyecto presentado por el Comité Asesor y sin prejuzgar posibles opiniones y propuestas pertinentes presentes, pasadas o futuras”!

Esta resolución fue votada de la siguiente forma:

Votos a favor: Angola, Bangladesh, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Chile, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Jordania, Kuwait, Kirguistán, Libia, Malasia, Maldivas, Mauritania, Mauricio, México, Nigeria, Perú, Filipinas, Qatar, Federación de Rusia, Arabia Saudita, Senegal, Tailandia, Uganda, Uruguay

Votos en contra: Estados Unidos de América

Abstenciones: Austria, Bélgica, República Checa, Hungría, India, Italia, Noruega, Polonia, República de Moldova, Rumania, España, Suiza.

Mediante documento A/HRC/20/31, el comité asesor de expertos independientes emitió su reporte, con un proyecto de Declaración que si bien había que mejorar, representaba un excelente texto base. (Yo estuve presente en estas sesiones y las consultas informales del Comité Asesor).

En su artículo 1, y sin duda alguna, el proyecto del comité asesor reconocía el Derecho a la Paz.

“Artículo 1 Derecho a la paz: principios

1. Las personas y los pueblos tienen derecho a la paz. Este derecho se hará efectivo sin distinción ni discriminación por motivos de raza, ascendencia, origen nacional, étnico o social, color, sexo, orientación sexual, edad, idioma, religión o creencias, opiniones políticas o de otra índole, posición económica o patrimonio, diversidad funcional física o mental, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Los Estados son, por separado y conjuntamente, o como parte de organizaciones multilaterales, los principales responsables de preservar el derecho a la paz.
3. El derecho a la paz es universal, indivisible, interdependiente y está relacionado con otros derechos. 4. Los Estados respetarán la obligación jurídica de renunciar al uso o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
4. Todos los Estados emplearán, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, medios pacíficos para resolver toda controversia en la que sean parte.
5. Todos los Estados promoverán el establecimiento, el mantenimiento y el fortalecimiento de la paz internacional en un sistema internacional basado en el respeto de los principios consagrados en la Carta y en la promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho de los pueblos a la libre determinación.”

Los artículos controversiales del proyecto versaban sobre temas delicados en otros órganos del Consejo de Derechos Humanos, como por ejemplo seguridad humana, responsabilidad de proteger y empresas militares y de seguridad privada. Por ejemplo, la “responsabilidad de proteger” no es un principio acordado y en la práctica se utiliza como excusa para invadir países, como pasó en Serbia con la OTAN (Costa Rica apoya este principio…)

No obstante las objeciones sobre estos temas, el resto del articulado representaba un excelente texto base para comenzar a trabajar.

En la primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta, el 18 de febrero del 2013, (en la cual estuve presente) se eligió al representante de Costa Rica para presidir el Grupo de Trabajo.

El representante de Costa Rica propuso un enfoque de trabajo “TICO”, aquí comienzan las ironía… Transparente-Inclusivo-Cooperativo-Objetivo.

Aquí es donde comienzan también los problemas, por cuanto a pesar de haber un mandato expreso aprobado por mayoría, y ser el Consejo un Órgano de mayorías, el Presidente del Grupo de Trabajo impuso el consenso como método de trabajo.

Ahora bien, si bien el consenso es deseable, éste no puede imponerse como una forma de vetar propuestas, aún y cuando haya una amplia mayoría. Es importante aclarar en este punto que técnicamente, el consenso se define como mayoría sin oposición, de forma tal que no hay ni más ni menos consenso, o hay o no hay, y basta 1 oposición para que no haya consenso, independientemente del tamaño de la mayoría.

Así, quedó plasmado en el Reporte al Consejo, emitido mediante oficio A/HRC/W.G13/1/2, donde se lee:

“29. El Presidente-Relator dijo que el proyecto de declaración debía ser un documento consensuado, breve y equilibrado. Por lo tanto, el texto actual requería mejoras desde el punto de vista jurídico. Señaló también que la educación y la formación en materia de derechos humanos eran parte esencial de la promoción y la protección de los derechos humanos.”

Aquí es donde comienza la traición. Costa Rica no tenía ninguna intención de adoptar posturas que incomodaran a Estados Unidos (el único que se opuso al Grupo de Trabajo), ni a el resto de países ricos (la Unión Europea, la República de Corea, Australia, Canadá y Japón) que desde esa primera sesión manifestaban cosas como “Nuestra delegación no reconoce la existencia de tal cosa como un ‘Derecho a la Paz’”, o, “Nuestra delegación no está dispuesta a aceptar la existencia de tal cosa como un Derecho a la Paz”…

Y así, aún y cuando el GRULAC, la mayoría de los países Africanos y Asiáticos, se manifestaban en favor del reconocimiento del Derecho, el Presidente del Grupo de Trabajo (en manos de Costa Rica), impuso el consenso para materialmente VETAR el proyecto del comité asesor y en su informe solicitó al Consejo de Derechos Humanos:

“iv) Que se le encomiende la elaboración del nuevo texto sobre la base de los debates celebrados durante el primer período de sesiones del Grupo de Trabajo y de las consultas oficiosas que tengan lugar entre períodos de sesiones, con vistas a presentar ese texto antes del segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo para que se examine y debata más a fondo en esa ocasión.”

Este nuevo texto, pasaba de los 14 artículos del texto del Comité Asesor, a un miserable proyecto de un preámbulo enorme y sólo 4 artículos, 2 de ellos siendo casi que de formato. Este nuevo texto, elaborado UNILATERALMENTE por Costa Rica, en su calidad de Presidente, y a pesar del MANDATO DEL CONSEJO de elaborar un proyecto de declaración sobre EL DERECHO A LA PAZ, se limitó a establecer en su escuálido artículo 1:

“Artículo 1. Toda persona es titular de la promoción, protección y respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular el derecho a la vida en un contexto en que todos los derechos humanos, la paz y el desarrollo están plenamente implementados”

Y así, Costa Rica, a pesar de sus obligaciones internacionales, a pesar del mandato del Consejo de Derechos Humanos, y a pesar de ser el “país de la paz”, se apeó de un solo machetazo grotesco y burdo, el “Derecho a la Paz” del proyecto de declaración que trajo a la segunda sesión del Grupo de Trabajo.

Su intención, enterrar el proceso con el prurito del Consenso (que no era sólo la manera de imponer la voluntad minoritaria de los países que se oponían).

No se trataba tampoco de imponer el estándar nacional, pero el mandato del Consejo era claro. Es más, una vez que el Consejo determina hacer un proyecto de declaración sobre el DERECHO A LA PAZ, se da por agotada toda discusión de si la paz es o no un derecho dentro del debate del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo no debía poner en duda ni siquiera discutir si la Paz es o no un derecho y el Presidente del Grupo de Trabajo debía dirigir el debate en los términos del mandato, cosa que no hizo durante estos tres años.

Con este texto mediocre y en violación del mandato, se comenzaba a materializar la traición que Costa Rica había anunciado con el cuentito del “consenso”.

Ante las múltiples críticas al texto, y con la intención de no tirar el proceso a la basura, algunas delegaciones solicitaron que se estableciera una tercera sesión de trabajo, a fin de salvar el proceso. En este punto, fue que le informé al presidente Solís de la situación.

El Consejo de Derechos Humanos aprobó una tercera sesión del Grupo de Trabajo, la cual recién tuvo lugar la semana pasada en Ginebra.

El Presidente del Grupo de Trabajo vino con un nuevo texto que incluía 25 PARRAFOS PREAMBULARES y sólo 4 artículos.

El objetivo, AGOTAR el tiempo de la discusión en los párrafos preambulares y no tener tiempo de discutir los artículos. Una artimaña sucia, muy sucia.

El texto propuesto por el Presidente (en manos de Costa Rica), tenía como artículo 1 la siguiente charlatanería:

“Artículo 1. Toda persona tiene el derecho de disfrutar la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo”

El texto propuesto, además de pobre y burlesco, pone la paz APARTE de los derechos humanos. Peor aún, pone también al DESARROLLO por fuera de los Derechos Humanos, a pesar de que el Desarrollo ya ha sido reconocido a nivel de Convención Internacional.

Costa Rica había dado una estocada cobarde por la espalda al Derecho a la Paz con este texto base.

Ante semejante texto base, el lunes 20 de abril, en la primera sesión del Grupo de Trabajo, algunos países, particularmente los Latinoamericanos, expresaron la necesidad y obligación de cumplir con el mandato y hacer una referencia EXPRESA al derecho a la paz. En este momento, Estados Unidos pidió la mano y dijo con toda claridad “Si este grupo pretende hacer una referencia expresa al derecho a la Paz, nosotros estamos en desacuerdo y nos tendremos que oponer”.

En este momento, MAS CLARO NO PODIA ESTAR QUE NUNCA IBA A HABER CONSENSO SOBRE EL TEMA. Pero estaba claro desde el 2013 cuando Estados Unidos votó en contra de crear el Grupo de Trabajo.

Sólo el Presidente del Grupo de Trabajo, se “hizo el loco” con la postura anunciada de Estados Unidos y la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, y siguió empujado a la fuerza un consenso que se aleja del mecanismo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos.

Y así, el martes 21, el miércoles 22, el jueves 23 y el viernes 24 se desperdiciaron en fútiles discusiones sobre los párrafos preambulares, EVITANDO el presidente del grupo de trabajo, a toda costa, entrar a la discusión de los artículos.

Estos días pasaron con reiteradas manifestaciones del Presidente del Grupo de Trabajo en el sentido de que “mi trabajo aquí ya terminó”, “estoy en sus manos”, “los que deciden y proponen son Ustedes” o “yo sólo compilo y busco consenso”.

Egipto, Rusia y otros Estados debieron recordarle que el mandato no había terminado sino hasta el viernes 24 a media noche.

Así llegaron las 4:30 pm del día viernes cuando el Presidente del Grupo de Trabajo, ya frustrado y posiblemente incómodo por lo que iba a hacer, con vos nerviosa y visiblemente agitado, solicitó a los estados que “fueran honestos” y que dijeran claramente si había “posibilidades de un texto consensuado” por él no veía “posibilidad alguna de un consenso”. Que prefería dar por agotado el trabajo, y hacer un texto sólo de él. En este marco, levantó la sesión de trabajo invitando a los estados “que tuvieran interés” a una reunión en su oficina. No sin antes indicar que “yo asumo toda la responsabilidad por el fracaso del proceso”, como si fuera así de simple…

Las ONG participantes, fuimos hasta su oficina para ser echados, y así, el Presidente del Grupo tuvo una reunión privada con algunos Estados.

De esta reunión privada vino el Presidente del Grupo de Trabajo con un texto final hechizo, arbitrario y unilateral que establecía como artículo 1:

“Artículo1. Toda persona tiene el derecho de disfrutar la paz de forma tal que la seguridad se resguarde, los derechos humanos sean promovidos y el desarrollo sea plenamente alcanzado”

Nuevamente, y en violación del mandato del Consejo de Derechos Humanos adoptado por una amplia mayoría de Estado, el presidente se negó a establecer la frase “Derecho Humano a la paz” y dejó claro que la paz no era un Derecho Humano, al poner de nuevo paz junto a seguridad, y derechos humanos y desarrollo por aparte.

Al ser las 8:00 pm hora de Ginebra, el Presidente del Grupo Trabajo se apareció el borrador de reporte final del Grupo de Trabajo, borrador de reporte “FUTURE A/HRC/29/45”, el cual es un reporte DE 13 PAGINAS, que no tengo idea en qué momento fue preparado. Este reporte ya estaba hecho, estaba todo planeado… NUNCA se entró ni siquiera a la discusión de los artículos.

Casi a las 9:00 pm hora de Ginebra, se levantó la sesión del grupo de trabajo y Costa Rica consumó la traición anunciada a la paz, a su historia, a sus principios y a sus obligaciones, tanto domésticas como internacionales.

En esta traición anunciada, Costa Rica impuso un mecanismo espurio para bloquear un avance en el reconocimiento de uno de los derechos más necesitados en la actualidad. El Derecho a la Paz.

Así concluyo esta “crónica reporte”. A este momento, Costa Rica apuñaleó a la Paz, por la espalda y con saña. Sólo queda la esperanza de que algunos países procuren una cuarta sesión del Grupo de Trabajo, cosa que se decidirá el próximo Junio, y de ser así, esperemos NO se elija a Costa Rica para la Presidencia y aparezca otra delegación más digna que esté dispuesta a cumplir con el mandato otorgado.

Costa Rica no debía imponer su postura, no tenía que imponer nada, sólo debía cumplir con el mandato.

El Presidente estuvo enterado desde junio del 2014 y no hizo nada al respecto. Es directamente responsable de esta traición a la Paz, de que el día de hoy, esté yo, como testigo de primera línea, escribiendo esta triste y humillante crónica de una traición anunciada.

Luis Roberto Zamopra Bolaños es Abogado