sábado 1, octubre 2022
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Brasil califica de «hecho grave» el fusilamiento de brasileño en Indonesia

Policías indonesios vigilan hoy, martes 28 de abril de 2015, la entrada al puerto de Wijayapura en Cilacap (Indonesia). Un grupo de reos condenados a muerte por narcotráfico en Indonesia, entre ellos un brasileño, vive sus últimas horas antes de que las autoridades del país lleven a cabo las ejecuciones pese a las últimas peticiones de clemencia. EFE/Adi Weda

Brasilia, 28 abr (EFE).- El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff manifestó hoy su «profunda consternación» por la ejecución del brasileño Rodrigo Goularte, condenado por narcotráfico por la Justicia indonesia, y lo consideró un «hecho grave» en la relación bilateral.

En una nota oficial, el Gobierno indicó que Rousseff envió varias cartas al Gobierno indonesio solicitando que la pena fuera conmutada debido al cuadro de esquizofrenia que sufría Goularte, pero lamentó que cada una de ellas fuera ignorada y que el ciudadano brasileño haya sido ejecutado hoy en la prisión de Nusakambangan.

«Lamentablemente, las autoridades indonesias fueron insensibles frente a ese apelo de carácter esencialmente humanitario», indica la nota, la cual recuerda que Goularte fue el segundo brasileño ejecutado en Indonesia, después del fusilamiento de Marco Archer Cardoso Moreira, en enero pasado.

Goularte fue ejecutado, en la madrugada, al mismo tiempo que los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, el ghanés Martin Anderson, el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze, todos acusados de tráfico de drogas, que en Indonesia se castiga con la muerte.

El comunicado dice que durante los once años que Goularte pasó en una prisión indonesia recibió «la debida ayuda consular» y tuvo una asistencia jurídica «sistemática» por parte de las autoridades de Brasil, que buscaron «alternativas» legales a la pena de muerte, «en observación de la Constitución y las leyes de ese país».

Según la nota, «la ejecución de un segundo ciudadano brasileño constituye un hecho grave en el ámbito de las relaciones entre los dos países y fortalece la disposición brasileña de llevar adelante, en los organismos internacionales de derechos humanos, los esfuerzos por la abolición de la pena capital» en el mundo.

Tras la ejecución de Cardoso Moreira, el pasado 17 de enero, la presidenta Rousseff ya había reaccionado con «consternación» e «indignación» y llamó entonces a consultas al embajador brasileño en Yakarta, quien todavía no ha regresado a su puesto.

En febrero, ante la indiferencia de Indonesia a sus pedidos de clemencia, Rousseff se rehusó a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de ese país asiático en Brasil.

El diplomático indonesio Toto Riyanto debía entregar sus cartas credenciales junto a nuevos embajadores de otros países, pero a última hora fue informado de que la presidenta no las recibiría.

«Creemos que es importante que haya una evolución de la situación para tener claro en qué condiciones están nuestras relaciones con Indonesia«, declaró Rousseff al justificar su decisión.

En respuesta, el Gobierno de Indonesia también llamó a consultas a su embajador y presentó un protesta formal a las autoridades brasileñas por un «gesto» que consideró «inaceptable».

Entre tanto, el canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo hoy en Bogotá que su Gobierno recibió «con gran consternación» la confirmación de la ejecución del ciudadano de ese país Rodrigo Gularte en Indonesia, donde había sido condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.

Vieira se expresó así en declaraciones a la prensa tras reunirse con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, y destacó que tanto el Gobierno de Dilma Rousseff como el de su predecesor, Luiz Inácio Lula Da Silva, contactaron con el Ejecutivo indonesio para que cancelara la ejecución por una «cuestión humanitaria».

Gularte, según recordó el ministro brasileño, padecía esquizofrenia, por lo que su país nunca contestó a Indonesia«ni la acusación ni el proceso judicial», pero sí «la aplicación de la sentencia por cuestiones humanitarias».

La orden de ejecución fue notificada por la Fiscalía a los condenados con 72 horas de anticipación, si bien las autoridades salvaron del pelotón de fusilamiento en el último momento a una prisionera filipina.

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