En la administración Chinchilla, en enero del 2012, los diputados aprobaron el expediente 18157 Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, por un monto de $132 millones, de los cuales $110 millones son para mejorar los centros carcelarios y programas de prevención. Para agosto del 2013, Hacienda le había pagado al BID $565000 en comisiones por el dinero no utilizado más intereses. Ligado a este empréstito se creó la Unidad Ejecutora del Préstamo (UEP), cuyo Coordinador de la Unidad Lic. Gonzalo Elizondo Breedy, manifestó en un artículo publicado en La Nación el 5 de noviembre del 2013, que hay un atraso y que los nueve miembros de la Unidad han cambiado en tres ocasiones durante los últimos dos años, en los que han habido tres distintos ministros de Justicia y Paz. En el periódico La Nación del 21 de enero del 2014, los cinco candidatos presidenciales con mayor intención de voto coincidieron que las condiciones de hacinamiento de las cárceles, violan los derechos humanos.
En octubre del 2014, Gonzalo Elizondo contrató directamente al Ing. Carlos Navarro Piedra para una consultoría sobre brazaletes electrónicos por $41000. Al 12 de enero del 2015, se habían girado $18040 por el plan inicial de trabajo y dos avances, y el resumen de Navarro, fue un artículo de tres páginas que tomó como base un artículo de la revista chilena Política Criminal disponible en Google. La Nación conversó con Carlos Navarro, quien renunció después de esta reunión (15/01/15). En una entrevista con el periódico La Nación (24/02/15), la ministra Ramírez dijo que no hubo alguna injerencia de parte de ella ni lo recomendó. Elizondo sostuvo que él valoró la experiencia del informático para administrar proyectos y “es cierto que el reporte tiene una referencia a un artículo específico, pero también es cierto que hay un listado de las principales firmas que se dedican a esa actividad (brazaletes). Puede que el informe no haya sido lo más feliz del caso, pero el resultado está”, añadió que valoró la experiencia de Navarro, pero es bien sabido que es un consultor sin experiencia en materia penitenciaria.
Llama poderosamente la atención que el señor Elizondo Breedy tenga el poder concentrado en el manejo de estos fondos, que a la ministra únicamente le dan cuentas de los avances en la ejecución de los fondos del préstamo (7% avance físico y suspendida la construcción de un centro cívico en Guanacaste). Otto Guevara dice: “Me preocupa que esa mano suelta para manejar fondos públicos pueda dar al traste con este proyecto”. Por su parte, Víctor Morales puntualizó que “cada ministro debe rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos y el avance de ejecución de obras”. Da la impresión que el Coordinador de la Unidad no es fiscalizado y es omnipotente.
La ANEP, desde julio del 2014, había solicitado a la nueva Ministra de Justicia y Paz, Lic. Cristina Ramírez Chavarría que se manifestara sobre presuntas contrataciones de personal en condición de asesores. Nuevamente en febrero del 2015, ANEP pide transparencia a la señora Ministra sobre el asunto de las asesorías externas.
Paralelamente a este préstamo, en abril del 2014 se publica en La Gaceta el decreto 38348 H ampliar el gasto presupuestario máximo del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes para disminuir los problemas de hacinamiento y sobrepoblación que se presenta en el Sistema Penitenciario Nacional.
A pesar de que la Unidad Ejecutora liderada por el Lic. Gonzalo Elizondo, quien administra los dineros de este préstamo, ha contratado 119 consultores (La Nación, 9 marzo 2015), entre los que se encuentran biólogos, abogados, psicólogos, arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos, geólogos, topógrafos, geógrafos, estadísticos, politólogos y arqueólogos, y que se ha gastado $7,2 millones en estas asesorías técnicas, solamente lleva un avance físico del 7% según Susan Otárola (Bitácora, Consejo Presidencial Económico, 2 marzo, 2015). El atraso de la ejecución de este préstamo, la Ministra Cristina Ramírez se lo atribuye a la anterior administración. Esta excusa es un poco confusa, porque el señor Elizondo ocupa el puesto de Coordinador de la UEP desde la administración anterior y quedó en evidencia que el resultado de la contratación directa del Ing. Navarro Piedra, quien es un consultor sin experiencia en el tema penitenciario, mecánico automotriz, ingeniero informático y especialista en banca y finanzas no fue exitosa.
En el mes de marzo del 2015, salen publicados varios artículos en el periódico La Nación en el que se habla del hacinamiento carcelario, y para el juez Roy Murillo resulta “espeluznante y vergonzoso” mantener reclusos en esas condiciones. La capacidad del sistema penitenciario nacional es de 9134 privados de libertad, sin embargo, actualmente hay 14136 reclusos, lo que se traduce en un hacinamiento de 5002 personas. Nos preguntamos si este atraso en la ejecución del préstamo, es porque el Lic. Elizondo Breedy tiene pendientes la contratación de más asesorías, o por el cambio de personal y jefatura en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Justicia, o porque los mandos medios por lucha de poder tienen entrabada la tramitología. Es ineludible que algo está sucediendo, aparte de la burocracia, negligencia y despilfarro en la administración de este empréstito.
Hace pocos días en el mes de abril, la señora Ministra representó a Costa Rica en el XIII Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, adonde comentó medidas implementadas en nuestro país en los últimos cinco años, como la aprobación de la “Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal”. La ventaja es que este evento se realizó en Dakar y no en Costa Rica, sino hubiéramos quedado en evidencia de la violación de los derechos humanos con el hacinamiento del sistema penitenciario nacional, los millones de dólares que se han gastado en asesorías que no se sabe si tienen resultados similares a la del Ing. Navarro Piedra, los millones de colones que estamos pagando los costarricenses en intereses por este empréstito que tiene el dinero ocioso, la deficiente administración de los dineros, y el compromiso que tiene Costa Rica con la no violación a los derechos humanos con los privados de libertad.
El 14 de mayo sale un artículo publicado en el diario ElPaís.cr de que ANEP alerta al gobierno sobre presuntas irregularidades en el manejo de este préstamo, y que desde el 11 de mayo esta organización le solicita una reunión a la ministra para analizar las anomalías detectadas. Curiosamente se anuncia el 13 de mayo que el gobierno le abre la puerta a la ministra para la candidatura de secretaria general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, y en caso de quedar postulada sería la salida de la sétima ministra en el gobierno de Solís. Es coincidencia, o es una manera apresurada de sacar a doña Cristina de lo que está por venir de rendición de cuentas y transparencia en el manejo negligente de este préstamo. La Contraloría General de la República como ente fiscalizador, debe tomar cartas en el asunto, y sentar responsabilidades por el despilfarro del dinero de los costarricenses.
(*) Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Esta publicación es un fuerte llamado de atención a la responsabilidad que debe de haber en el manejo de recursos públicos. Queda claro la falta de fiscalización y control de que carece este millonario préstamo, y la concentración de poder en el Director de la Unidad Ejecutora del Préstamo, Lic. Gonzalo Elizondo B. Es increíble que la ministra de justicia Cristina Ramírez esté ajena al manejo del préstamo y que solamente se le informe, cuando ella es la máxima jerarca. Por otro lado la administración de Solís la quiere premiar con la postulación de Secretaria General, sacándola con antelación del escándalo que se va a armar.
Este gobierno nos quiere recetar un paquete de impuestos, cuando lo que debe de hacer primero es oredenar la casa que está patas arriba. No es justo que los costarricenses estemos pagando intereses por dineros que se despilfarran y se desaparecen en contrataciones de asesorías.