San Salvador, 21 may (EFE).- El caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1917-1980), quien será beatificado este sábado, debe ser reabierto y salir de la «impunidad» en la que permanece y de la que ha sido «cómplice» la Justicia de El Salvador, afirma el procurador de Derechos Humanos del país, David Morales.
«El caso de Romero ha sido tratado (…) con indiferencia, con impunidad, con negativa a aplicar los tratados internacionales y la Constitución», dijo el procurador en una entrevista con Efe.
Morales, quien asumió el cargo en 2013, resaltó que la situación del caso Romero «representa la impunidad e injusticia sobre los miles de casos de víctimas» del conflicto armado que desangró a El Salvador entre 1980-1992, los cuales «tampoco han sido atendidos por la justicia» del país centroamericano.
Romero, la «voz de los sin voz», como era conocido por su cercanía con los pobres, será beatificado el sábado en una multitudinaria ceremonia en El Salvador.
Cuando aprobó su beatificación, la Congregación para las Causas de los Santos dictaminó que fue asesinado por odio a la fe.
La guerra civil salvadoreña que enfrentó a la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido en el poder, y el Ejercito Salvadoreño, financiado por los Estados Unidos, dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
A juicio de Morales «las responsabilidades» en el asesinato de Romero, que murió mientras oficiaba una misa a causa de los disparos de un francotirador, «han sido comprobadas de manera muy contundente», por lo que abogó por la reapertura judicial del caso.
Sostuvo que el informe de 1993 de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas «De la locura a la esperanza» establece que el exmayor del Ejército salvadoreño Roberto d’Aubuisson Arrieta fue el autor intelectual del asesinato.
D’Aubuisson «habría dado la orden de la ejecución material de monseñor Romero», citó el procurador, y agregó que el documento de la ONU también acusa al militar de ser uno de los fundadores de los escuadrones de la muerte.
La autoría del crimen también se estableció en un juicio ante la justicia salvadoreña a finales de 1980, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2000 y en un juicio civil en una corte federal de Fresno (EEUU) en 2004.
Morales relató que en el juicio penal «un testigo de vistas y oídas», Amado Garay Reyes, que «condujo el automóvil con el francotirador», declaró la «responsabilidad» de Roberto d’Aubuisson y Álvaro Saravia en el asesinato del prelado católico.
El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recordó que el juicio fue «congelado» en 1987 por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que «anuló la prueba», y que el caso se archivó definitivamente en 1993 con la aplicación «inconstitucional» de la Ley de Amnistía.
En el año 2000 la Sala de lo Constitucional de la CSJ estableció que la amnistía no puede ser aplicada en los casos de violaciones de los derechos humanos.
El procurador acusó a los tribunales salvadoreños y a la Fiscalía General de la República (FGR) de obviar esta jurisprudencia del tribunal constitucional.
«Todos los titulares de la Fiscalía desde la época que se cometió el crimen, y con más responsabilidad los que han estado desde el año 2000 que existe esta jurisprudencia, han sido cómplices de la impunidad en el caso de monseñor Romero», dijo.
Morales señaló que la Fiscalía debe «promover la nulidad de la aplicación de la amnistía» en el caso Romero por ser «inconstitucionalmente aplicada».
«Algunas de las personas que participaron en el crimen podrían encontrarse aún con vida y ser perseguidas penalmente por las autoridades», expuso.
El defensor de derechos humanos dijo que existe una «lógica de la impunidad» en El Salvador que se instauró después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y que afecta a otros casos de violaciones de derechos humanos.
Como ejemplo mencionó el asesinato de seis padres jesuitas en 1989 y las masacres del Río Sumpul y El Mozote. Esta última es considerada una de las más grandes ocurridas en América, pues murieron unos 900 campesinos a manos de un batallón de elite del Ejército.
«Después de la guerra los gobernantes de El Salvador, los líderes políticos, mantuvieron una posición de negación de la historia, de ser indiferentes e incluso negar los hechos de las grandes violaciones ocurridas durante el conflicto», dijo Morales.
Reiteró que «existió una decisión del más alto nivel político para garantizar impunidad en estos casos», que contraviene el espíritu de los Acuerdos de Paz.
«En El Salvador existe la clara obligación jurídica del sistema de justicia de reabrir el caso y llevar a cabo las investigaciones de manera seria y efectiva, y no a través de un juicio con graves irregularidades (…) que tenía mas bien la finalidad de proteger a los responsables que de encontrar la justicia», concluyó Morales. EFE
