martes 30, noviembre 2021
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La crisis del estado de bienestar y la administración pública

El concepto de solidaridad se hallaba implícito en el impulso que llevó a la creación del Estado de Bienestar, iniciado tras la Primera Guerra Mundial y básicamente desarrollado con todos sus elementos sociales en las democracias europeas de principios de los años sesenta. En nuestro país desde la década del cincuenta, se vio fortalecido por el rápido florecimiento de cada vez más servicios públicos, financiados por economías en rápida expansión.  Y aunque los costes venían subiendo, la expansión económica permitía financiarlos.  Hasta que el frenazo económico que se experimentó en los años setenta y ochenta, comenzó a descubrir las presiones sobre el gasto público, e instaló en nuestro país la práctica perversa de financiarlos con deuda interna, en vez de eliminar excepciones impositivas y proteccionismos absurdos, así como fortalecer la recaudación impositiva, que es una de los más graves males de nuestra realidad actual.

Para mantener el sistema a flote, sin pensar en su amplia cobertura, se necesitan cada vez más recursos.  Ello es obvio, y la salida que grupos de interés claramente identificables ofrecen es la venta de los activos del Estado, para pagar una deuda agobiante, en vez de la eliminación de prebendas y beneficios injustos, que hacen que la carga caiga siempre sobre los asalariados y los pequeños empresarios.  No se habla de la eliminación de ellos, así como tampoco de reformas del sistema tributario, a fin de hacerlo más justo y equitativo, y cobrando lo que se debe cobrar por leyes vigentes.

Ahora bien, más allá de la crisis financiera, existe también una crisis de legitimidad de los que conoce como el Estado Benefactor.

El hecho de la omnipresencia que tiene el Estado moderno en la vida social y económica también ha originado sus efectos no deseados y perversos.  Al tratarse de un Estado fuerte, dominante y pleno-intervencionista, la lucha por obtener ventajas de su control o capacidad de influencia por grupos de presión ha sido notoria en todos los países.  A medida que diversos partidos se hayan podido perpetuar en el poder, las vinculaciones con ciertos grupos de presión han ido en aumento, creándose un entramado de relaciones que con frecuencia han originado un alto desarrollo de la corrupción.

Se sabe que los gobiernos, tradicionalmente, han ofrecido ventajas añadidas a algunos grupos de ciudadanos manipulando el interés general y convirtiéndolo en un sistema que funciona muy alejado del establecimiento de una plusvalía social óptima.  Es indudable que la lógica del Estado, ya sea tanto de derechas como de izquierdas, no debería ser de carácter corporativo.  Pero es indudable que en la operativa funcional ciertos grupos sociales consiguen estar mejor situados que otros para hacer presión y obtener del Estado las ventajas suplementarias en detrimento de la colectividad.  En general, en el conflicto derivado de la forma en cómo se establece el reparto, el Estado se hace cómplice de la aplicación del más fuerte.

Ejemplos de ello son los regímenes perversos que existen dentro de la Administración Publica, relacionados con pensiones y convenios colectivos de trabajo de instituciones descentralizadas, las exenciones impositivas  concedidas en algún momento para impulsar una actividad económica determinada (turismo, por ejemplo) que ya no se justifican, o aquellas que se otorgaron como pago político por algún partido al apoyo mostrado por un gremio especifico.

Por ello, los partidos políticos que controlan los gobiernos, si quieren continuar gobernando, deberán compaginar el sostenimiento de los actores que hacen funcionar la maquinaria económica y cuidar de los que resulten heridos y excluidos por la crueldad del mercado.  El Estado es consciente de que para preservar la paz social, debe enarbolar la bandera de la solidaridad a la hora de justificar los impuestos y las cotizaciones sociales, para poder ofrecer un cuasi-salario al que se encuentre en situación de parado o de jubilado.

¿Hasta cuándo deberemos esperar, es la pregunta clave, que la reforma de la función pública llegue a asumirse como un proceso permanente, como una especie de revolución continua que necesita adopción frecuente de decisiones duras y austeras, de una constante vigilancia contra las ineficacias y una continua reconsideración de prioridades en los gastos públicos ?

Temas como la subcontratación de servicios con control de calidad, el establecimiento de control y estimación presupuestaria, el uso de tecnología en la Administración Pública, y la simplificación de trámites burocráticos, como algunos ejemplos, están todavía en la discusión académica, pero de allí no han salido a la realidad cotidiana.

Este es un asunto que muchos políticos con aspiraciones de llegar a los niveles de gobierno mencionan en sus campañas, pero que olvidan rápidamente cuando se encuentran ya posicionados en los cargos públicos que les permitirían tomas decisiones en esa dirección.

Existe un viejo adagio que indica el hecho de que “cada pueblo tiene el gobierno que merece”, y  la interrogante que surge de inmediato es ¿hasta qué punto nuestra ignorancia y mediocridad general es castigada con los gobiernos que hemos tenido – por nuestra propia decisión electoral – en los últimos años?

Los medios de comunicación nos ofrecen diariamente ejemplos del desgreño administrativo que caracteriza la casi totalidad de las organizaciones que componen el aparato público.  Servicios de trenes viejísimos utilizando repuestos no apropiados, con peligro inminente de pérdida de vidas en caso de un accidente; trámites que toman años para completarse, con el perjuicio evidente para los ciudadanos; listas de espera inhumanas en la Caja Costarricense del Seguro Social (yo soy uno de ellos, llevo seis años esperando un cateterismo cardiaco en el Hospital Calderón Guardia), con las pérdidas de vidas inherentes; maltrato a los ciudadanos en casi todas las organizaciones públicas, pues los sindicatos se creen dueños de las organizaciones y no servidores públicos; y así podríamos elaborar una lista de nunca acabar.

Los neoliberales que gobernaron en los cuatrienios anteriores buscaron la solución a ciertos problemas mediante la privatización abierta o solapada de servicios o construcción de obras, con los resultados que todos hemos visto (y pagado, claro está, con nuestros impuestos), tratando de destruir el Estado del Bienestar, y paralelamente implantaron prácticas corruptas que permitieran la generación de fortunas a costa del Estado, en medio de una situación perversa que incluye, adicionalmente, una amplia red de impunidad, de la cual es cómplice el propio Poder Judicial.

Ahora bien, aceptamos que los mismos políticos que corrompieron el Estado del Bienestar y lo transformaron en un Estado Interventor tienen una gran parte de la responsabilidad de la situación actual de crisis, diferencia poco mencionada en la actualidad; pero la otra parte la tienen los otros que quisieron presentar la solución a través de las prácticas corruptas que traen consigo la aplicación de las políticas neoliberales.

Hoy nos encontramos, pues, en medio de una situación frente a la cual nadie presenta una solución lógica y contundente.

Como todo fenómeno complejo, la corrupción política no tiene una sola causa. Los factores que la explican son múltiples. La cultura política predominante de los países, su grado de desarrollo y de modernización, el tipo de régimen político son algunos de los factores que he señalado en los dos artículos anteriores. En este momento se propone un nuevo factor: el modelo de desarrollo. Cada modelo económico implica una forma de relación entre lo público y lo privado, entre la economía y la política, una coalición específica que articula ambas dimensiones, una forma propia de gerencia, gestión y aplicación de decisiones y políticas.

Es probable que algunas de las múltiples formas de corrupción política (soborno, extorsión, arreglos, alteraciones fraudulentas del mercado, malversaciones y fraudes, especulación financiera con fondos públicos, parcialidad, colusión privada, uso de información privilegiada, etc. etc.) se produzcan en todos los modelos de desarrollo de América Latina (oligárquico, populista y neoliberal) y otras sean propias de cada uno de ellos.

El actual modelo neoliberal en crisis, por ejemplo, ha traído consigo formas específicas de corrupción que provienen de los programas económicos que promueve (la estabilización para acabar con el déficit fiscal y con la inflación y las reformas estructurales para destronar al estado y entronar al mercado en la asignación de recursos para el desarrollo) y de las políticas aplicadas con ese fin (las medidas de shock, la apertura de la economía protegida al mercado internacional, la desregulaciones de todos los mercados, las privatizaciones y concesiones).

Una investigación de política comparada sobre la corrupción política traería probablemente grandes sorpresas e interesantes revelaciones. Hasta el momento lo más conocido y escandaloso es la corrupción política producida en el campo de las privatizaciones de las empresas públicas, en el de las concesiones y en el de las adquisiciones del Estado.

En realidad, los programas y políticas neoliberales no tendrían por qué producir por sí mismos corrupción política. Ellos constituyen su condición necesaria pero no condición suficiente. Ella se ha producido y se produce por la forma en la que el modelo neoliberal se gerencia, gestiona y aplica. Dicha forma evade, debilita o neutraliza la rendición de cuentas. Al respecto, hay un recetario aplicado en toda América Latina.

En primer lugar, las decisiones a través de las cuales se aplica el modelo se concentran en la cúspide del poder (Presidente de la República, ministro de economía, alta tecno-burocracia, poderes fácticos) con la finalidad de evadir el escrutinio público y la presión social. Se cree fundadamente que si los medios y los ciudadanos se enteran, esas políticas generarían grandes resistencias y no se podrían aplicar. Eso constituye una confesión implícita de que no se gobierna para la mayoría de los ciudadanos.

En segundo lugar, la cúspide del poder ejecutivo despliega un hiperactivismo legislativo en desmedro del poder, del prestigio y del control del parlamento. Este termina devaluado ante los ciudadanos y la opinión pública.

En tercer lugar, esa cúpula actúa con sorpresa, alevosía y ventaja: ella toma decisiones sin informar a nadie previamente para evitar los cuestionamientos y las resistencias. El medio más socorrido en este caso ha sido y es la dación de los decretos de urgencia. Sobre ellos el parlamento tiene muy poca capacidad de control. En cuarto lugar, el ejecutivo aplica las políticas públicas en forma autoritaria si hubiera alguna resistencia de los ciudadanos.

Como si todo esto fuera poco, el poder ejecutivo despliega una ofensiva contra las diversas formas de accountability (horizontal, vertical y social), incrementando las tasas de corrupción. Esa política es muy conocida. El acopamiento de las instituciones de control horizontal (poder judicial, Contraloría), la creación de controles paralelos, la disolución del control social de la esfera pública y la sociedad civil con leyes o proyectos que pretenden eliminarlas apelando a pretextos ridículos, tienen como objetivo evadir la rendición de cuentas.

Si el gobierno realmente quiere combatir la corrupción tiene que reforzar y respetar la autonomía de todos los organismos de control en las diversas instancias. Una medida fundamental es la no prescripción de los delitos de corrupción. De esa manera se acabaría con los sueños (o pesadillas para los ciudadanos) de las reelecciones.

En realidad, el modelo neoliberal en sus diversas etapas y fases se aplica autoritariamente y busca evadir la rendición de cuentas, llevándose de encuentro muchas formalidades y procedimientos democráticos. La mayoría de los neoliberales cree que existe una incompatibilidad entre la reforma económica y la consolidación de la democracia y optan por la primera en desmedro de la segunda. Son liberales en el campo de la economía y autoritarios en el de la política. Son liberistas, de acuerdo a la calificación de Sartori.

Hoy nos encontramos en nuestro país frente a una situación que no se remedia con medidas puntuales. Se requiere de una de las dos soluciones posibles (pero no probables): el cambio y transformación del modelo aplicado al funcionamiento del Estado por la vía democrática, contra el cual atentan los poderosos intereses privados que se han beneficiado de la actual situación; o mediante una movilización de fuerzas populares que derrocaran lo que existe e implementen medidas de cambio y transformación, que parece muy lejano de las realidades nacionales, y en especial la mediocridad rampante que nos caracteriza.

En otras palabras, vamos hacia una situación que empeora gobierno tras gobierno, sin esperanzas de solución.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría.

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3 COMENTARIOS

  1. Estimado don Alfonso

    muy cierto todo o que usted dice, pero de nuevo caemos en el terrible dilema de que sabemos que hay muchas cosas que están mal. El problema real es que no existe la chispa dentro de la población en general que permita generar esos cambios. toda la propaganda mediática de años de años ha progresivamente socavado la individualidad y el autocontrol de los habitantes de este país, los han vuelto enajenados que viven un sueño de opio de materialismo y opulencia que nunca podrán alcanzar (cuando no en ignorantes). Son inmensamente pobres (ya muchos ni siquiera una casa, una familia pueden formar, hasta esos derechos básicos les han quitado) y usted todavía los oye hablando de lo dichosos que son porque pueden hacer lo que les da la gana y porque pueden estar con su estupido teléfono inteligente todo el día sin tener que ver a su alrededor y ver que está ocurriendo. Este país pasó de estar lleno de hombres y mujeres (los hombres y mujeres que construyeron este país y en los que sí existia esa esencia para producir transformaciones en virtud de un ideal común) a una raza de individuos débiles y egoístas con complejos de edad que no tienen el temple para poder tomar decisiones trascendentes en su vida ni en su país. Y ustedes, los tatas de estos nuevos milenials desprovistos de agallas muy amablemente facilitaron ese camino al permitir que toda esa mierda de cultura de gringolandia (con su materialismo y demás porquerías) se asentaran en sus mentes y hábitos!!! Como van a revertir lo que ya le sembraron de a calladito a todo el mundo por un proceso de décadas? Es obvio que es imposible!!! No se dio la lucha cuando se debía ahora no esperen milagros!!!

    Y para cualquiera que realmente quiera ser honesto consigo mismo y los demas, es claro que la única forma de gestar transformaciones es a garrote limpio, quitandole la tetica a muchos acomodaticios y ocasionando una disrupción fea que no les va a gustar a las mayorías…..pero desde luego, como también perdieron la noción de la realidad de que el dolor es algo natural, pués también lo evitan al tener que tomar este tipo de decisiones, precipitando de igualmente la caída inminente. ….un círculo vicioso lamentable, debió haber sido evitado por los ex-hipies de los sesenta que se dedicaban a fumar mota en las facultades en los sesenta y que después pasaron a cargos de importancia en este país ….pero con esas fachas, desde luego que nada bueno se veía venir a futuro.Visto y hecho.

  2. Es un buen diagnóstico, que podría aplicarse a muchos países, quizás también a nivel global. Opino que no se trata de echarle la culpa al Estado, dando lugar a confusiones y discusiones teóricas sin el debido sustento. Se habla del Estado de Bienestar, del Estado Intervencionista, del Estado Liberal, del Estado de Desarrollo…En realidad, el Estado es uno solo. El problema es quienes circunstancialmente lo integran, es decir políticos, funcionarios, asesores, etc, quienes tratan de imponer sus tendencias y dando lugar a las estériles discusiones relativas al Estado. ¡Qué culpa tiene el Estado de que no haya un plan económcio integral? ¿O que se tomen medidas económcias espasmódicas, donde todo vale, o más bien, lo que hoy vale mañana no vale o a la inversa? ¿O de que no hay confianza en el control?…Se habla de refoprma del Estado y lo que se reforma es el presupuesto sobre base caja (superávit o déficit financiero). Pareciera que es lo único que interesara a los integrantes del Estado…Se habla de la Rendición de Cuentas también en términos presupuestarios, dejando de lado la contabilidad integrada gubernamental, que es la base de dicha rendición, dado que tiene un mayor alcance, en el sentido de que debiera incluir por el criterio del devengado las transacciones presupuestarias y no presupuestarias…Así es muy difícil erradicar la corrupción. Me pregunto: ¿cuál será la razón de fondo por la cula no se quiere implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)¿ ¿Hay temor? ¿Hay resistencia al cambio?
    Aprovecho para manifestar mi conformidad con el comentario de El Hobbit,

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