En la semana del ambiente queremos dedicar la reflexión de esta columna a esta expresión tan poderosa que enarboló el Papa Francisco como parte de las acciones expresivas en apoyo de diversas agendas cuando literalmente “se puso la camiseta”. Precisamente apreciamos el significado de estas palabras cuando nos encontramos hoy día con los efectos de El Niño en nuestro Pacífico Norte y con titulares que llaman a Guanacaste “la provincia de los pozos secos”.
Asimismo, lo comprendemos cuando nos damos cuenta de que varias de las actividades más importantes para el bienestar social de nuestro país dependen directamente de las concesiones del agua, siendo el riego y la fuerza hidráulica para la generación de energía los principales consumidores en cuanto a caudal concesionado en litros por segundo con un cuarenta y ocho y un veintidós por ciento del total nacional respectivamente. El consumo humano tiene en concesión un dieciséis por ciento del total. Este último uso está concesionado sobre todo a ASADAS, asociaciones de usuarios y al A y A. De conformidad con la información publicada en medios, las concesiones para riego están fundamentalmente en manos de productores de monocultivos a gran escala para la exportación (piña, banano, palma). Las concesiones para generación de energía hidráulica son manejadas fundamentalmente por el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la ESPH y JASEC.
Cada día más la competencia entre los usos y el control de la oferta hídrica se va convirtiendo en una fuente de mayor conflictividad. Así, la opinión pública nacional recuerda los conflictos entre los usos turísticos y las comunidades en lugares como Playa Potrero y Sardinal en Guanacaste. A esta competencia se va sumando la necesidad de comprender los efectos de la falta de aplicación de la normativa respecto a desechos que contaminan las cuencas y fuentes acuíferas. El Semanario Universidad apunta a la conflictividad que genera la contaminación de aguas con Bromacyl de la que se acusa a los productores de monocultivos frente a las necesidades de las comunidades de tener fuentes sin contaminación. En las cuencas más grandes del país, la relación entre éstos factores se expresa en conflictividad ambiental latente y manifiesta. Así sucede, por ejemplo, en la cuenca más habitada del país, la del Grande de Tárcoles, donde habita el sesenta por ciento de la población del país en 36 municipalidades. Asimismo se manifiesta en la cuenca más degradada del país de acuerdo con las evaluaciones de CADETI, la de Jesús María. Los medios impresos nos advierten que los usos de energía hidroeléctrica, tanto privados como los planes de expansión del ICE son de difícil acceso pues están en cuencas vinculadas con áreas silvestres protegidas. Por ejemplo, el proyecto “estrella” del ICE, el Diquís, sacrificaría, de acuerdo con la información de manejo de caudales que se ha hecho pública, una buena parte del Humedal Nacional Térraba Sierpe a juicio de expertos internacionales.
Esta potencial conflictividad nos hace comprender en su dimensión más importante la frase adoptada por el Papa Francisco: muchas de las necesidades que tiene el país respecto al logro de una gestión integral y sostenible, son de gobernanza y no de gobernabilidad. Ello apunta el dedo hacia la seria necesidad de acción de parte de la Asamblea Legislativa y de varios actores sociales que se han dedicado, en razón de sus intereses especiales, a bloquear la aprobación de una ley que consagre el agua como derecho humano en calidad y cantidad y que permita una regulación moderna y acorde con los tiempos, incluyendo la gestión mediada con amplia participación. La ausencia de esta legislación ocasiona, como lo ha dicho la presidente ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, un escenario complicado, confuso y pernicioso para la gestión integral y sostenible del recurso hídrico.
Entre los entuertos que ayuda a resolver el proyecto de ley, está el de lograr una fijación más científica y apropiada del precio del agua mediante su evaluación respecto a una variedad de factores que hoy día no se toman en cuenta en el canon del agua. Por ejemplo, ¿es lógico que un generador hidroeléctrico pague 0,12 o el agropecuario 1,29 colones por metro cúbico mientras el consumidor humano paga 1,46 si de alguna forma el consumo de estos otros usuarios termina generando des-economías o externalidades que perjudican el bienestar humano por atentar contra servicios ambientales esenciales para ese bienestar?
Asimismo esta ley plantea la obligatoriedad de un registro que permitirá diagnósticos actualizados y monitoreo adecuado. Establece mecanismos más apropiados de otorgamiento de concesiones. Además, contempla el establecimiento de instrumentos de gestión integrada de cuencas que permiten un manejo más sostenible, incluyendo la posibilidad de integración de los propietarios a lo largo de los cauces en los esfuerzos de conservación.
Porque el agua vale más que el oro, necesitamos ya en el país un instrumento de gobernanza apropiada para este recurso. La Asamblea Legislativa le debe al país el resolver el estancamiento en esta materia, corrigiendo la propuesta que objetó la Sala Constitucional el año pasado y rescatando lo valioso de este visionario proyecto. La Fundación Neotrópica se manifiesta en esta semana del ambiente urgiendo a los legisladores a atender esta necesidad más allá de los intereses especiales que han obstaculizado este proceso.
(*) Bernardo Aguilar González
Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica