jueves 9, diciembre 2021
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La seguridad jurídica del Pueblo

Panamá.- Diferentes sectores de la sociedad se han encargados de diseminar la idea, que cuando se habla de seguridad jurídica, la gente entienda que se trata de las garantías que el gobierno tiene que  darle al inversionista que quiera venir a Panamá a hacer negocios, y de hecho lo exigen. Como la Constitución política reza en su artículo 4, “Panamá acata el  derecho internacional”,  y con aquello de la globalización, y la firma de todo tipos de convenios, el gobierno  ha quedado  con algún tipo de vulnerabilidad, para proteger a sus nacionales, porque incluso ejercen todo tipo de presión para que se cumpla la protección de su inversión.

Por la falta de una educación de calidad y pertinente a todos los niveles,  el país no tiene un recurso humano calificado, que permita establecer estrategias de desarrollo a largo plazo, y  los gobernantes han tomado el camino más fácil, de entregar nuestros recursos naturales al capital foráneo sin ninguna responsabilidad, por unas migajas, que no compensa el daño ambiental que ocasionan, claro se supone que  eso se debe a presuntos favores  recibidos, como se ha podido ver en los últimos escándalos delatados. Veamos lo siguiente:

  • Concesiones a hidroeléctricas: Como el país está creciendo (No desarrollándose), se requiere cada año más energía,  para las actividades productivas. Diversos gobiernos se han dado a la tarea de dar concesiones en demasía,  para la  construcción de hidroeléctricas, muchas en un mismo río. Pero estos ya no resisten  una infraestructura más, como el caso de Chiriquí, que se desarrollan 69 proyectos,  muchos de los cuales afectan a otros, como el caso del Canal de Riego Remigio  Rojas, que está subutilizado, porque varias hidroeléctricas retienen el agua, a pesar de ser construido primero y con los recursos del Estado.

Como el problema del agua se agudiza, es hora que tanto el gobierno y los inversionistas vayan pensando en explotar otras fuentes de energías renovables amigables con el ambiente, porque los ríos ya no dan más, y la población no lo va a tolerar. Entre algunas de las causas que afectan la producción de agua, además de la sobreexplotación, tenemos la alta tasa de deforestación, el aumento de la población,  y el cambio climático que ya está haciendo estragos.

  • La minería metálica: digo este tipo de actividad, porque la otra minería  no metálica, es necesaria para la  construcción de viviendas y carreteras, que  explotadas racionalmente  deben dar más soluciones que problemas.  Pero las concesiones de proyectos mineros metálicos, han dejado unas secuelas de contaminación de las aguas, suelos, aire, destrucción de los bosques tropicales, y la desaparición de la fauna silvestre, y hasta la salud de sus trabajadores se ha visto afectada.

Los bosques tropicales, por sus características especiales de alta precipitación, no son ecosistemas aptos para esta actividad, de explotación minera metálica de oro, plata, cobre y otros minerales preciosos, más bien el gobierno debe implementar una política de proteger la rica biodiversidad, y cumplir con el  convenio que firmó en esa materia, desarrollando el turismo rural, que más beneficios trae al país, y a  todos los actores que participan.

Si el gobierno  garantiza  la seguridad jurídica de los inversionistas, pero esta, no puede ir detrimento de la seguridad jurídica de los trabajadores, ni del pueblo, pero además debe exigir el cumplimiento de las leyes laborales y ambientales, cosa que dudo que haga, el ciudadano tiene derecho a una vida digna,  el Libertador Bolivar dijo “La necesidad no conoce ley”, y un pueblo sin agua y un ambiente sano,  no puede vivir.

(*) Domingo Espinosa  G. es Docente- Ingeniero Agrónomo

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