sábado 27, noviembre 2021
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¿Soplan vientos de cambio? Puede ser… pero falta mucho

A veces se ilusiona uno con ciertas cosas que pasan en Costa Rica…pero son alegrones de burro, como se dice. Y tenemos hechos recientes que lo confirman: la sentencia de un juez de familia reconociendo la unión de hecho de dos varones y sus respectivas consecuencias, y la solicitud de anulación y reapertura del juicio de los sospechosos del asesinato del ecologista Jairo Mora.

Sobre lo primero debemos señalar que la homosexualidad no es ni un trastorno ni una enfermedad, sino una variante normal de la orientación sexual humana. La inmensa mayoría de gays y lesbianas viven vidas felices, sanas, bien adaptadas y productivas. Muchos gays y lesbianas mantienen relaciones permanentes con personas del mismo sexo.

Con respecto de lo primero vale la pena recordar que en términos psicológicos esenciales, estas relaciones es el equivalente de las relaciones heterosexuales. La institución del matrimonio permite a los individuos un rango de beneficios que tienen un impacto favorable en su bienestar físico y mental. Un gran número de niños están siendo criados actualmente por lesbianas y gays, tanto en parejas del mismo sexo como madres y padres solteros.

La investigación empírica ha mostrado de manera consistente que los progenitores homosexuales no se diferencian de los heterosexuales en cuanto a habilidades parentales, y que sus hijos no muestran ningún déficit comparados con hijos criados por progenitores heterosexuales.

Las políticas estatales que vetan el matrimonio entre personas del mismo sexo se basan exclusivamente en la orientación sexual. Como tales, son tanto una consecuencia del estigma históricamente asociado a la homosexualidad, como una manifestación estructural de ese estigma.

De permitir casarse a las parejas del mismo sexo, se terminaría con el estigma anti-gay impuesto por el Estado de a través de su negativa al derecho a casarse de estas parejas. Adicionalmente, permitir que se casaran les daría acceso al apoyo social que facilita y refuerza los matrimonios heterosexuales, con todos los beneficios psicológicos y físicos asociados con dicho apoyo.

Además, si sus progenitores pueden casarse, los hijos de las parejas del mismo sexo se beneficiarán no sólo de la estabilidad legal y otros beneficios familiares que proporciona el matrimonio, sino también de la eliminación de la estigmatización patrocinada por el estado de sus familias. No hay base científica para distinguir entre parejas del mismo sexo y parejas de distinto sexo con respecto a sus derechos legales, obligaciones, beneficios, y deberes otorgados por el matrimonio civil.

En la actualidad, el debate sobre la legalidad y los alcances del matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los más agitados y dinámicos del mundo occidental. Los opositores a la reforma de la legislación existente opinan que la unión de un hombre y de una mujer es la única definición de matrimonio (argumento semántico), en tanto que es la base para la procreación (argumento procreativo). Arguyen que esta definición ha existido por milenios (argumento tradicionalista) y corresponde a su esencia objetiva, distinguiéndola del resto de pactos de protección mutua con carácter indefinido.

Alegan que alterar los fundamentos del matrimonio basándose en casos límite equivale a convertir la excepción (v.g., la esterilidad, aunque esto sería discutible en el caso de las lesbianas) a la regla; mientras que equiparar uniones heterosexuales y uniones homosexuales en cuanto a su fundamento sentimental y amoroso (subjetivo) permitiría luego extender la institucionalización estatal del matrimonio a cualquier otro tipo de relación de pareja (tal como ya se hizo con los matrimonios interraciales o interreligiosos).

El límite, por tanto, se halla desde el punto de vota del argumento iusnaturalista liberal, en un principio de Orden Natural; es decir, que la reproducción posibilita la continuidad de la especie y que esto es, sin duda, bueno para la sociedad. Por lo tanto, instituir nuevos subsidios sociales es retrasar la perspectiva de la definitiva liberación de los individuos.

Los sectores que apoyan el matrimonio del mismo sexo, impugnan dichas críticas, al tiempo que sostienen que no existen razones suficientes que justifiquen privar de la protección que brindan el sistema jurídico o el aparato estatal, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, sin incurrir en una forma de discriminación; esto es, la diferenciación injustificada.

Éstos rechazan el argumento semántico —por su circularidad o tautología—, el argumento procreativo —por su parcialidad, ya que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo no prohíben el matrimonio entre ancianos o personas estériles— y el argumento tradicionalista —por su desconexión con los principios sociales y éticos admitidos—, e indican que la reforma sobre el matrimonio para incluir los derechos de los homosexuales es una cuestión de igualdad ante la ley.

El filósofo Javier Ugarte sostiene que la única tradición que sostiene actualmente la discriminación es la religiosa, puesto que todas las ideologías políticas parten del principio de igualdad ante la ley; además, impedir el acceso al matrimonio de cualquier persona supone abrir una brecha entre los derechos que posee como nacional de un estado (que son todos) y sus derechos ciudadanos (que en ese caso se verían reducidos).

Posiblemente por esa distorsión, una considerable parte de la sociedad occidental opina que es necesario que se permita casar a los gais y lesbianas, de modo que tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales. La idea de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un privilegio al tratarse de realidades diferentes es refutado por los que argumentan que en derecho la simple diferencia no es válida sino se demuestra que ésta es relevante para ameritar un trato jurídico diferente. Ya que todos somos iguales o diferentes a los demás, en alguna dimensión.

Generalmente, el matrimonio otorga muchos derechos que las parejas de hecho no reciben, incluso cuando esta institución de las parejas de hecho figura regulada por el ordenamiento jurídico positivo. Según los países, esta diferencia de derechos abarca materias tales como inmigración, seguridad social, impuestos, herencia, y la adopción de niños. Además, separar a las parejas en dos tipos de instituciones (una para las uniones de distinto sexo —matrimonio— y otra para las uniones del mismo sexo —parejas de hecho—) se considera, por quienes defienden la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo, discriminatoria, ya que estiman que está en línea con el general rechazo que provocan las fórmulas «separate but equal», que en el pasado justificaron la segregación por razón de raza.

Lo sucedido en nuestro país es solamente el haber ganado una batalla, no la guerra, en contra de los fundamentalistas religiosos que dominan las mentes de  legisladores y jueces, a través de chantajes psicológicos y amenazas no tan veladas. Según mi parecer, falta todavía mucho camino por recorrer en este sentido.

Con relación a lo segundo, la persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas contra activistas medioambientales ha sido una constante desde que el ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad con la que siempre han actuado los infractores ambientales. La justicia sigue sin medir con el mismo rasero a unos y a otros. E, incluso, se conocen casos en que los infractores han utilizado su poder económico para comprar sentencias o doblegar a funcionarios públicos, en beneficio propio.

Aunque muchos casos como el de Jairo Mora se han archivado, sobreseído o finalmente los activistas han sido absueltos (en primera o en segunda instancia), han supuesto, como es obvio, incomodidades, pérdida de tiempo y presión psicológica. Pero en otros casos los ecologistas han sido condenados o han tenido que afrontar fianzas o multas. Desde hace un tiempo hemos detectado un recrudecimiento de los casos de ecologistas procesados, con la particularidad de que el acoso se ha extendido también contra abogados que favorecen causas ecoligistas. Hay que hacer notar al respecto que el número de denuncias por cuestiones urbanísticas ha crecido mucho en los últimos años y que, al haber mucho dinero e intereses en juego en esa materia, la virulencia de las acusaciones contra nosotros o nuestros letrados es notable.

Es de resaltar, también, que mientras antes las acusaciones más frecuentes eran por resistencia a la policía, daños a actividades o empresas u ocupación temporal de inmuebles, ahora han aumentado significativamente las denuncias por injurias y calumnias. Lo más preocupante no es tanto el hecho de que haya muchas empresas o “autoridades” que denuncian, sino que en algunos casos diferentes instancias de la administración de justicia están tramitando estos procedimientos con un “interés” y agilidad que no tienen cuando se trata de delincuentes ambientales.

Conforme el Movimiento Ecologista ha ido consolidando posiciones de clara radicalidad frente al paradigma de desarrollo actual, los defensores del sistema han potenciado una guerra sucia y sin cuartel. A partir de este escenario de confrontación asimétrica, se deben desarrollar las lecturas necesarias para que la labor ecologista, de potente carga transformadora, pueda ubicarse de manera ajustada en una realidad que tiende a un colapso dinámico y donde el capitalismo más salvaje, siempre cortoplacista, incrementará, sin lugar a dudas, su estrategia de huir hacia adelante, aniquilando a su paso todo cuanto se le oponga.

Mauricio Álvarez Mora. Geógrafo, docente UCR y facilitador de la red Oilwatch en Mesoamérica señalaba en un artículo de su autoría que “conforme incrementan los conflictos ambientales y la crisis socio ambiental, incrementan también los ataques contra los ecologistas y las comunidades que defienden la vida, actos que, además, suelen quedar impunes.

Si bien en Costa Rica la protesta social no es todavía ilegal, tampoco existe una legislación especial que proteja a los activistas sociales y ecologistas. Por el contrario: los atentados en su contra suelen ser tratados como actos de delincuencia común o accidentes. Esto es todavía más cierto en el caso de las comunidades y sus líderes, que por no tener la misma exposición pública o social son aún más vulnerables.

No siempre es necesario llegar a la violencia física; las demandas por injurias y calumnias son las formas más evidentes y directas de criminalización de las actividades de denuncia ambiental, y pueden ser muy efectivas. Pero también se dan casos como el incendio que causó la muerte, en 1994, de Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense que habían participado en una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero. Meses después muere David Maradiaga, tras una misteriosa desaparición de tres semanas.

A finales del año pasado (2010) se presentó el informe Sobre criminalización y persecución de  defensores/as de DDHH – Caso Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto del aporte de varias organizaciones indígenas, sociales, sindicales, de derechos humanos y ambientales. En el informe hay antecedentes importantes para entablar una denuncia internacional por las amenazas, muertes, atentados y la criminalización de la lucha social y ambiental, así como otras formas de violencia  e intimidación que los aparatos represivos gubernamentales y privados ejercen sobre nuestras comunidades y las organizaciones ecologistas y sociales costarricenses.”

Todo lo anterior es preocupante, muy preocupante, y el asesinato de Jairo Mora se suma a una ya considerable lista de ecologistas que han sido perseguidos, o incluso asesinados por obscuros intereses comerciales y el silencio cómplice del Estado.

Opino, sinceramente, que los dos “pseudo triunfos” señalados al inicio de este artículo, indican que empiezan a soplar vientos de cambio. Quizá sean solamente unas pequeña brisas. Pero que el camino es largo, y las fuerzas en contrario, fundamentalistas religiosos y mercantilistas sin moral, son extremadamente fuertes y cuentan con dos instrumentos poderosos, la manipulación de conciencias a través de su compra o por medio de los medios de comunicación, y la capacidad económica para poder hacerlo.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverrría

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