lunes 17, enero 2022
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Coyuntura política en Costa Rica: Progresismo ante el desafío de la articulación y la movilización

  • La calle se está calentando, y los neoliberales están apostando a la confrontación y a la polarización.

El escenario político en Costa Rica parece estar en movimiento.

Un mes transcurrió de la inflexión política acontecida el pasado 1° de mayo, y ya los partidos políticos articulados en torno a la Alianza Nacional Opositora (ANO) que se tomó el control de la Asamblea Legislativa trazaron lo que, en principio, parecería ser su “agenda-país” en lo que a lo programático respecta.

Agenda que, como era de esperarse, por sus contenidos parecería confirmar que lo que motivó a dichos partidos a desalojar al partido en el gobierno del Directorio Legislativa, tienen que ver sobre todo con frenar los cambios que la ciudadanía avaló con su voto en el proceso electoral del 2014; para así, seguir potenciando los negocios de los élites político-económicas vinculadas al modelo neoliberal imperante durante las últimas tres décadas.

El aumento del tope de la participación del sector privado en la generación eléctrica del 15% al 30% (contingencia eléctrica), el impulso a medidas con la finalidad de recortar derechos laborales en materia de empleo público (proyecto de ley 19.130) y oposición férrea al establecimiento de una reforma fiscal progresiva (cambios en materia de impuesto sobre la renta y medidas contra el fraude y la evasión fiscal), son algunos de los temas que constituyen parte del “telón de fondo” de la “agenda país” que impulsa la ANO.

Las reacciones en el campo popular-progresista no hicieron esperar. “Vamos hacia una polarización similar a del combo ICE o la del TLC con Estados Unidos”, dijo en entrevista concedida al periódico La República el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, agrupación cuya plataforma sindical, Patria Justa, se encuentra impulsando una agenda programática de carácter progresista en articulación con partidos políticos tales como el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Agrupaciones, éstas últimas que por su parte, vienen desde hace algunas semanas impulsando una serie de esfuerzos con el objetivo de conseguir articular la “unidad en la diversidad” del progresismo en lo local de cara a las elecciones municipales. Esfuerzos que dicho sea de paso, no fueron del todo (o para nada) bien recibidos en el seno de las filas del neoliberalismo.

Eduardo Ulibarri, reconocido articulista del periódico La Nación y uno de los principales ideólogos de la derecha nacional, en días pasados y muy “generosamente”, recomendó tanto al FA como al PAC evitar las alianzas de cara al proceso electoral municipal. “La percepción de una renovada cercanía ideológica y operativa hará inevitable que se debiliten sus identidades y se les peguen sus respectivas “pulgas”: al FA, el desgaste gubernamental; al PAC, las raíces marxistas y el neopopulismo del Frente”, señaló. “En política las alianzas son comunes y, a menudo, necesarias. Pero no siempre resultan provechosas”, remató.

Las declaraciones de Ulibarri retratan de cuerpo completo cuáles podrían ser algunos de los temores de dichos sectores de cara al proceso electoral municipal, y cuál es más o menos su estrategia.

Por un lado, y de manera “generosa”, le recomiendan el sectarismo a los sectores populares y progresistas; y por el otro, aspiran a jugarse la carta del clientelismo en aquellos territorios controlados por el Partido Liberación Nacional (PLN), que controla en la actualidad 59 de las 81 Alcaldías existentes en el país. El ex-Alcalde de Hojancha, provincia de Guanacaste, y actual diputado liberacionista, Juan Marín, semanas atrás presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional, con el objetivo inmediato de transferir sin mayores controles cerca de 800 mil millones de colones (14 mil setecientos millones de dólares, aproximadamente) del gobierno central a las Municipalidades.

Lo cierto, es que los poderes fácticos apuestan con todo a la polarización de cara al comienzo del segundo año del gobierno de Luis Guillermo Solís (LGS). Las señales parecen estar en todas partes.

En días pasados, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) impuso al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) una sanción por más de 2 mil millones de colones (3 millones de dólares, aproximadamente), por supuestas prácticas “anticompetitivas” en la prestación de servicios de telefonía celular. La sanción la SUTEL la interpuso a pedido de la empresa española Telefónica, dueña de los servicios de Movistar en Costa Rica.

El diputado del PLN, Antonio Álvarez Desanti, por su parte, acusó a la diputada Patricia Mora del FA de “incitar a la lucha de clases”, en el marco de la discusión sobre el fraude y la evasión fiscal. El legislador y reconocido empresario bananero, hizo implementación del “arsenal del miedo” que caracterizó a los neoliberales en la pasada campaña electoral, como parte de su férrea resistencia a que la Administración Tributaria pueda contar con instrumentos que le permitan ejecutar el cobro de impuestos a quienes evaden el fisco.

La calle se está calentando, y los neoliberales están apostando a la confrontación y a la polarización. Las organizaciones y movimientos integrantes del campo popular-progresista, así como sus partidos (como el FA), tiene ante sí el desafío de la articulación y la construcción de la unidad, en aras de la movilización.

Héctor Solano Chavarría Director Periódico Pueblo

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1 COMENTARIO

  1. La sigla de la Alianza Nacional Opositora se ajusta muy bien a la finalidad de ese conglomerado de políticos que están en la fase terminal de su vida y se resisten a dejar la escena pública.

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