Cuando veo la lógica ambiental y jurídica actual de nuestro país, concluyo con honda preocupación, que los partidos políticos se volvieron mecanismos que utilizan algunos “vivillos” para sus propios fines.
Durante más de dos décadas de labores cívicas de defensa del medio ambiente, en estrecho contacto con diversas instituciones y ONGs, me atrevo a afirmar que hoy prácticamente no existen los partidos políticos en su concepción tradicional. Me refiero a socialdemócratas o socialcristianos para citar los dos ejemplos más conocidos. La conciencia social, sus programas de acción política, las ideas que antes exhibían los dirigentes de estas agrupaciones han desaparecido y estas instituciones (los partidos) hoy se han convertido en corporaciones de negocios y prácticamente han desaparecido, convirtiendo al denominado PLUSC en una corporación empeñada en vender hasta las joyas de la abuela, si los costarricenses se lo permitimos.
Y es que este fenómeno no es nuevo, pero nunca antes fue tan visible, tan evidente. Lo que trato de explicar y explicarme en este modesto artículo, es que no es algo que surgió por generación espontánea, ni es obra de la causalidad: se trata de una maquiavélica y muy refinada estrategia, que inició mucho antes del encarcelamiento del primer Secretario General en ejercicio de la Organización de Estados Americanos (OEA). Acto seguido, se inició una subliminal campaña en contra de las organizaciones laborales, creando todo tipo de estereotipos y prejuicios sobre dichas organizaciones, imputándoles todo tipo abusos, sin reconocer que esos supuestos abusos fueron otorgados mediante convenciones colectivas negociadas por el antiguo PLUSC; esas negociaciones y concesiones estaban además bien orientadas a lograr que esas organizaciones fueran al final sus cómplices y aliados.
La lógica ahora nos parece sencilla pero no lo es y fue muy efectiva: “comprar” la conciencia de la dirigencia sindical mediante esas concesiones laborales, para que los sindicatos volvieran a ver para otro lado en cuanto a los manejos institucionales, que usualmente se daban al amparo de la llamada “Ley 4-3”, con las con que se manejaban las juntas directivas de las instituciones públicas como JAPDEVA, por ejemplo.
Así pues, más que preocupante, era indignante ver una descarada corrupción en instituciones de todo tipo, donde, ya ni les preocupaba guardar la apariencia (vgr. OAS, la Trocha, Ruta 27). Ello llevó a nuestro pueblo, en la pasada elección presidencial, a decidirse masivamente por la opción del “cambio”. Ese concepto de cambio tenía significados distintos para diferentes sectores sociales, los cuales confluyeron en una histórica votación nunca vista: 1,3 millones de costarricenses votaron por un cambio, el cual empieza por parar la odiosa corrupción que exhibieron los últimos dos gobiernos del PLN, más otra serie de aspectos según el grupo social.
Así las cosas, en el sector ambientalista que nos compete y conocemos a fondo, ya no nos causaba sorpresa ver la rampante corrupción campeando en las instituciones adscritas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), donde los mandos medios andan por la libre, pontificando y promoviendo proyectos lesivos para algunas comunidades, sin que el jerarca del MINAE, su Viceministra o el Director Ejecutivo del SINAC, muestren algún arrojo por combatir casos de corrupción totalmente documentados.
Como el presente artículo versa sobre mi experiencia como limonense, no puedo dejar de lado a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE): dicha institución mas allá de prevenir los riesgos mediante la ciencia y la técnica, proponiendo programas de manejo integral de cuencas, por ejemplo, se ha convertido junto con el Departamento de Aguas del MINAE, en el solapado “departamento de ingeniería” de algunas empresas bananeras de la comunidad de Matina, comunidad en la cual se han despilfarrado millones de dólares en atención de tareas ordinarias, que deliberadamente se han dejado constituir en emergencias.
El problema con estas y otras situaciones similares, es la incapacidad exhibida al día de hoy, tanto por los actuales jerarcas del MINAE como del Presidente Ejecutivo de la CNE, quienes parecen haber suscrito un pacto de no agresión con esa visión corporativa que hoy campea en el gobierno. Y es que resulta extremadamente preocupante, ver cómo algunos mandos medios de instituciones como el MINAE, SINAC y la CNE, para citar solo algunos ejemplos, realizan cínica y descaradamente actos de favorecimiento en las narices de sus incompetentes jerarcas. Como ejemplo de lo anterior, basta ver la resoluciones y respuestas que generalmente firman dichos jerarcas sin siquiera valorar la lógica y la ciencia de los escritos, algunos de ellos remitidos por la asesoría jurídica respectiva, lo cual hace más preocupante el asunto.
Algunas de nuestras instituciones públicas, están tomadas por una corriente privatizadora que impulsan desde hace algunos años poderosos sectores económicos y políticos, que han colocado sus fichas estratégicamente en instituciones como Acueductos y Alcantarillados (ICAA), MINAE, SINAC, CNE, y la SETENA, institución en la cual se subutilizan recursos humanos altamente capacitados, en detrimento de la institución y del país.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que debemos ser más críticos y vigilantes del aparato estatal y que, en muchos casos, solamente con la movilización de las fuerzas vivas de la sociedad, se podrán limpiar nuestras instituciones y devolverle al país lo que nuestra gente merece: instituciones eficientes con gente comprometida en el servicio y no en su beneficio personal.
(*) Marco Levy Virgo es Presidente Asociación de Desarrollo Para La Ecología.