En actas del Directorio Legislativo que dirigieron los diputados Henry Mora, Luis Vázquez y Jorge Rodríguez entre 2014 y 2015, hay un acuerdo de contratación directa del proyecto de construcción de la nueva sede legislativa que podría ser violatorio de la Ley de Contratación Administrativa, promulgada por la misma Asamblea Legislativa.
COSTO EXCESIVO: Después de 2 años perdidos tratando de imponer un proyecto que, desde antes de adjudicarlo había sido objetado por el Centro de Patrimonio y aún así se decidió adjudicar, ni esos diputados, ni la Dirección Ejecutiva, ni la Dirección de Servicios Generales, ni la Empresa Administradora del proyecto verificaron prioritariamente cuál sería el costo de esa polémica obra. De un costo de $32 millones establecido en el cartel del concurso de anteproyectos, el costo real se elevó a $54 millones, según declaraciones del diputado Henry Mora en la prensa.
Con el agua al cuello terminando su gestión, el Directorio decidió en la sesión del 24 de marzo de 2015, prescindir del diseño adjudicado en el concurso, modificando la ubicación y aparentando que sería una modificación del proyecto original, cuando en la realidad tendría que ser un proyecto completamente nuevo. Según el Director Ejecutivo Antonio Ayales “es como quitarle las patas a ese edificio y sentarlo en el Lamm” (crhoy.com 21 03 2015), así de fácil.
MÁS DEUDA: Faltando 48 días para el vencimiento de una emisión privada por $5.000.000 emitida para pagar los planos del proyecto y otros gastos, en la sesión del 21 de abril de 2015 se aprobó asumir un préstamo por $10.000.000 para poder pagar ese compromiso, y contratar el nuevo proyecto. O sea que gran parte de los primeros $5.000.000 se gastaron en vano.
CONTRATACIÓN DIRECTA MILLONARIA: Pero lo grave es que el Directorio le dio instrucciones al Banco de Costa Rica, para que negociara con el mismo arquitecto del proyecto que fracasó, una supuesta modificación al diseño original. El resultado consta en el acta 057 del 27 de abril de 2015 en un ACUERDO DE TRANSACCIÓN en que se pagará al arquitecto $825.000 por “cancelación de honorarios y en forma parcial un reconocimiento de tiempos caídos y ampliación del contrato”; y se adjudica directamente un nuevo anteproyecto por $1.400.000; los planos por $1.900.000; y la inspección por $1.800.000. En el acuerdo consta que se le dará un adelanto de $500.000 por el anteproyecto sin haber hecho una sola raya, apenas con el respaldo de una garantía de cumplimiento de un 5% del nuevo contrato, y los planos se pagarán en mensualidades de $250.000, cuando lo usual es que esos trabajos se pagan al final cuando se entrega el producto. La inspección del proyecto no se contempló en el concurso de anteproyectos en el que se seleccionó el proyecto descartado.
La primera adjudicación en marzo de 2013 fue por $2.058.000 (aunque no se sabe cuánto se pagó de esa suma) más esta otra totaliza $5.925.000, por lo que de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa las modificaciones contractuales que superen un 50% de la suma del monto del contrato original más el monto de la modificación, sólo son posibles con la autorización de la Contraloría General, siempre que no superen el monto del procedimiento aplicable, en este caso la licitación pública, $1.000.000 según el Reglamento del Fideicomiso. Pero en las actas se menciona que el fideicomiso se sustenta en el Código de Comercio, por lo que las contrataciones que se deriven serían de carácter esencialmente mercantil, tesis sin posible sustento, puesto que todo ese dinero tendrá que ser pagado por la Asamblea Legislativa, o sea: son fondos públicos.
¿Estaremos frente a una “atrocidad jurídica”? así llamaron a esta transacción algunos abogados amigos…
(*) Marité Valenzuela H. es Concejal Distrito Carmen
¿Quién será el diputado valiente que solicite una investigación para determinar los responsables de este despilfarro de dinero en un proyecto mal concebido desde sus inicios?
Es un verdadero despilfarro, y ¿qué beneficios aportaría tanto lujo y comodidad, cuando -con muy pocas excepciones- quienes en 36 años nos representan, lo hacen para su propio beneficio y el de las mafias empresario políticas que los financian?.Gracias a la traición permanente de estos mediocres y de los respectivos gobiernos, ya no tenemos estado social de derecho, el país sigue vendiéndose en pedazos y más de la mitad del pueblo sufre hambre.
Yo espero como cualquier mortal en este pais que la robadera de funcionarios publicos haya terminado con el cambio de administracion. Por ningun lado me imagino a diputados del PAC , menos de connotacion amarillo y negro continuando con el saqueo.
Un comentario de mi gran amigo R.C.B. a todo lo ancho del pais.
Por Dios es necesario un edificio digno para la Asamblea , pero ese adefesio que encima es una copia, parece un gallinero mal hecho por favor detengan esa barbaridad. Otra vez se les olvidó la estética y el buen gusto a los señores diputados.
$5.925.000 (en colones al tipo de cambio actual) son 3.199.500.000 colones. ¿cuantas casas de interés social, pupitres, aulas, becas se podrían haber distribuido en lugar de regalarse ese dineral a una sola persona?
Así es como crece la desigualdad en nuestro país mientras unos pocos se embolsan cifras obscenas