Los fiscales y policía siguen malos ejemplos extranjeros
Si alguien duda del derecho que tiene nuestro pueblo a protestar haciendo a través de la manifestación pública, no cabe en la democracia costarricense, sin embargo quienes deberían ser los vigilantes del cumplimiento de dicho derecho, se comportan de manera muy extraña e insisten en usar la fuerza injustificada contra pacíficos manifestantes, quizás influenciados por la mismas doctrinas militares recibidas junto con otros cuerpos militares latinoamericanos en las academias de los Estados Unidos.
Para nadie es un secreto que el derecho a la manifestación está seriamente limitado al punto de estar casi prohibido en las calles norteamericanas, llegando al punto de que deben hacerse una especie de marcha circular, donde los manifestantes cansados que se sientan son detenidos de inmediato, todo para respetar el «derecho de circulación».
En Costa Rica existen resoluciones de la Sala Constitucional que establecen claramente que las marchas son derivadas de la libertad de expresión, por lo que autoridades deberían habilitar vías alternativas para que se garantice ese derecho, o sea el derecho de expresión está por encima del derecho de circulación.
El noviembre del 2013 las diferentes comunidades junto al movimiento sindical en defensa del Seguro Social, deteriorado producto de la intervención de los diferentes gobiernos de turno con el fin de convertirla no en la caja que nos cuida, sino en la caja chica de los sectores que ven en la salud un negocio, en una manifestación pacífica estuvimos frente al Edificio Central en avenida Segunda, nunca fuimos recibidos por las autoridades con el pliego de peticiones elaboraron, más bien prefirió la Doctora Balmaceda, cerrar sus puertas al pueblo trabajador, pero estamos casi seguros que en coordinación con el Ministerio de Seguridad prefirieron embestirnos a fuerza de garrote, y sin ningún tipo de advertencia arremetió de manera violenta contra las y los manifestantes, entre quienes había niñas, niños y personas adultas mayores, varios heridos que luego se convirtieron en 35 detenidos, muchos enjuiciados rápidamente tuvieron que ser liberados por los tribunales, pero otros serán llevados a procesos penales el próximo jueves 25 de junio.
El proceso penal contra seis compañeros y compañeras que participaron en dicha manifestación, son: Luz Marita Arce Soto, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Luis Diego Retana Solano, también estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Luis Alberto Salas Sarkis, ex Secretario General de la Central General de Trabajadores, pensionado, ex – Secretario General de la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) y miembro del Partido Vanguardia Popular; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz, para la fiscalía suponemos que «peligros delincuentes.»
El abuso de autoridad evidente, presenciado por los televidentes en vivo y directo pero en este momento parece que las «pavas les disparan a las escopetas», nuestros compañeros y compañeras verdaderos héroes en la defensa de la institución vanguardista de nivel mundial, son tratados con tal despreció por las autoridades públicas que confirman nuestras sospechas de que la democracia costarricense cada vez está más debilitada, no pedimos la liberación de los acusados, la exigimos porque no tenemos ninguna duda de que lo que se hace es perseguir a quienes protesta para ponerlos como ejemplo para el resto de ciudadanos, meter miedo a nuestro pueblo para que acepte pasivamente cualquier proyecto neoliberal –de los cuales tenemos muchos-, una técnica más parecida al terrorismo de Estado que a la democracia «centenaria» que nos predica el discurso oficial.
Nuestra solidaridad con las y los acusados, llamamos a acompañarlos y exigir a los tribunales un comportamiento acorde con el encargo constitucional que en buena medida debe sostener un verdadero régimen democrático.
«A Luz Marita Arce y a Mario Alb. Villalobos se les acusa supuestamente de obstruir la vía pública y de lanzar piedras contra los oficiales de policía; a Adrián Jaén se le acusa de resistencia y de golpear con el codo a un policía, a Luis Diego Retana de lanzar piedras y basura a los policías y de obstruir el tránsito; a Luis Alb. Salas Sarkis de obstruir la vía con un vehículo y de instigar a las y los manifestantes a seguir bloqueando la vía; a Denis Solís Cruz se le acusa de golpear los escudos de los policías «al estilo karateca»; todos y todas bajo el Expediente Penal No. 12-005760-0648-PE en la Unidad Especializada en Trámite Rápido del Ministerio Público.»
(*) Carlos José Cabezas Mora
SECRETARIO GENERAL
CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES