jueves 6, octubre 2022
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Procuradora de Panamá ve signos de crimen organizado en gestión de Martinelli

Panamá, 23 jun (EFE).- La Procuradora General de Panamá, Kenia Porcell, identifica signos propios del crimen organizado en el caso del Plan de Ayuda Nacional (PAN), la primera de varias causas penales abiertas contra la Administración del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Así lo dijo hoy en una entrevista con Efe Porcell, quien se ha convertido en el latigo inédito en Panamá contra la corrupción y en la pesadilla del expresidente Martinelli, de cuyo gabinete la mitad de sus ministros están acusados y sometidos a diferentes medidas cautelares.

«Si tomo un caso emblemático que es el Programa de Ayuda Nacional, definitivamente surgen unos mismos denominadores comunes que permiten o dan a entender que pudiese haber crimen organizado», explicó esta abogada penalista de 49 años que el pasado enero fue nombrada Procuradora General de la Nación por el presidente Juan Carlos Varela.

Tras seis meses en el cargo, la máxima autoridad responsable de la persecución penal en Panamá, al frente de un ejército de juristas de unas 3.000 personas y un presupuesto de 85 millones de dólares, ha creado seis fiscalías anticorrupción y mantiene tres grandes frentes de investigación relacionados con la Administración de Martinelli.

Uno de esos frentes, en el que hay 53 procesados, es el PAN, una institución gubernamental creada con el fin de atender situaciones de emergencia social con la posibilidad para ello de realizar contrataciones directas, lo que supuestamente sirvió durante la Administración de Martinelli para desviar millonarios fondos de forma fraudulenta.

Los otros dos casos son el de las supuestas escuchas telefónicas realizadas ilegalmente y con fines persecutorios y de chantaje por el Consejo de Seguridad Nacional y el de las comisiones ilegales pagadas a la empresa privada Cobranzas del Istmo, contratada por el Ministerio de Economía y Finanzas para reducir la morosidad en el pago de impuestos.

Actualmente, la Procuraduría General de la Nación administra «200 denuncias, 34 por cada una de las seis fiscalías» creadas para investigar los casos de «alto perfil», es decir de funcionarios de alto nivel, como ministros, explicó Porcell.

«Cuando yo llegué, habían ya algunas denuncias que se habían presentado contra la Administración anterior y estaban en alguna medida ya cerca del término de vencimiento», recordó la procuradora.

«Lo que se hizo -explica- fue tratar de reactivar e ir contra ese término trabajando las 24 horas los siete días de la semana para poder entonces obtener todas las pruebas que eran necesarias para poder incorporarlas al expediente y determinar, primero, la existencia de delito y, segundo, la vinculación».

Como además, «cada día se presentaban y se presentan más denuncias (..) contra funcionarios no solo de alto perfil (..) y también contra funcionarios de la actual Administración», Porcell justifica que se pidiera un crédito extraordinario que fue incluido en el mencionado presupuesto de 85 millones de dólares para 2015 y que «el próximo año será de 170 millones».

Uno de los apoyos de que ha dispuesto Porcell, según cuenta, es el del actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, quien fuera procurador ad-hoc en Perú para el caso Fujimori-Montesinos.

De sus conversaciones con Ugaz, Porcell aprendió «como montar la estrategia de la colaboración eficaz (de los acusados) y hacer el seguimiento del dinero» robado.

Según la procuradora panameña, «la mayoría de los tipos penales por los que están siendo investigados los exfuncionarios entran en los delitos de peculado, cuyas penas son altas; sin embargo, también tenemos en nuestra ley una norma que da el derecho a todo aquel que colabora, que devuelve, que retribuye los dineros llevados, a una rebaja de la mitad de la pena».

Esa misma estrategia ha sido aplicada por Porcell a las medidas cautelares, que por orden de gravedad son «la detención preventiva, la casa por cárcel, la que establece que la persona debe vivir en determinada circunscripción territorial, la presentación en el tribunal o fiscalía cada cierto periodo de tiempo y el impedimento de salida» del país.

Con ese sistema, señaló Porcell, «José Ugaz, de 1.000 procesados, solo tuvo 150 detenidos, y pudo perseguir el dinero».

En el caso concreto de Martinelli, la procuradora subrayó que «no puedo ni me corresponde actuar ni opinar (..) porque conforme a la legislación panameña las actuaciones de un expresidente que puedan ser objeto de algún proceso penal son competencia de la Corte Suprema de Justicia».

«A su vez -continuó-, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus actuaciones, son competencia de la Asamblea u órgano legislativo, de manera que ellos se investigan y juzgan mutuamente.

En Panamá, concluyó, «el Ministerio Público no tiene competencia para investigar a expresidentes que ostentan enseguida la calidad de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por derecho propio una vez salen del cargo». EFE

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