jueves 6, octubre 2022
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CorteIDH juzga a Colombia por violaciones de DDHH a 5 activistas en Medellín

San José, 26 jun (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó hoy una audiencia pública por la supuesta responsabilidad del Estado de Colombia en violaciones de los derechos humanos contra cinco activistas de la Comuna 13, en la ciudad de Medellín.

Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte, los hechos dados a partir del año 2002 se generan en el contexto del conflicto armado interno caracterizado por enfrentamiento entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública.

Para la CIDH, debido al conflicto en la Comuna 13, se habrían intensificado los operativos militares, ejecutados por el mismo Estado colombiano, lo que supuso el recrudecimiento de la presencia paramilitar.

Tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares, en connivencia de la fuerza pública de la zona, fue asesinada el 6 de octubre del año 2004 la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, mientras que Mery del Socorro Naranjo fue privada arbitrariamente de su libertad y junto con María del Socorro Mosquera habrían sido obligadas a desplazarse de su hogar.

Esta situación, que habría sido supuestamente conocida por el Estado de Colombia, también perjudicó a Miryam Eugenia Rúa y Luz Dary Ospina, quienes fueron amenazadas y hostigadas.

«La guerrilla estaba pidiendo cuentas y estaban viendo que no podían ponernos a trabajar con ellos, por eso querían sacarnos de nuestras casas y desaparecernos», expresó ante los jueces la presunta víctima Mery del Socorro Naranjo.

Según la CIDH todos estos hechos se encontrarían en situación de impunidad.

«Quiero que se haga justicia, que se diga la verdad, porque destruyeron a nuestras familias. Hasta el día de hoy nos llaman para cerrar casos de denuncias, denuncias que nunca fueron investigadas», afirmó Naranjo.

Para la Comisión, estos hechos habrían tenido un profundo impacto en los núcleos familiares de las cinco defensoras de derechos humanos con una especial afectación en los niños.

Además, la demanda indica que los hechos ocurrieron por el incumplimiento del Estado colombiano por no acentuar la protección ante la situación de riesgo de las mujeres defensoras de derechos humanos y líderes comunales, que son históricamente discriminadas por las particularidades de su trabajo.

Por su parte, una testigo presentada por el Estado, la funcionaria de la fiscalía general de La Nación de Colombia, María Elena Jaramillo, manifestó que actualmente ella investiga varios procesos legales y que se han dado dos sentencias condenatorias.

La primera involucra a Jorge Enrique Aguilar por los delitos de homicidio y represalias, así como de Jhon Jairo Cano, por los delitos de conciertos para delinquir, homicidio, desplazamiento forzado y represalias. Ambos homicidios en perjuicio de Ana Teresa Yarce.

«El asesinato tiene relación directa con la intención de venganza surgida por Jorge Enrique Aguilar por haber recibido torturas por parte de paramilitares de la zona. Ellas (las defensoras) fueron utilizadas para conseguir información (…) y nunca propiciaron las torturas», aseveró a los jueces Jaramillo.

Los jueces de la CorteIDH escucharon hoy a la supuesta víctima, la testigo y dos peritos. Posteriormente serán los alegatos finales de las partes.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico. EFE

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