Columna “Pensamiento Crítico”
Introducción
Varias cosas llamaron la atención en la cobertura que los medios de comunicación costarricenses hicieron del escándalo reciente de la FIFA o FIFAgate.
Ahora nos vamos a valer de lo que más nos intrigó, a fin de introducir algunas glosas críticas desde el punto de vista sociológico; las que ojalá ayuden a desarrollar entre nosotros un mejor enfoque acerca del fenómeno de la corrupción.
Además, que ayuden a las autoridades a ejecutar formas de atacarla que no terminen solo en la persecución judicial de las personas inculpadas por hechos en apariencia dispersos y fortuitos. O sea, en “cacerías de brujas” que, aunque envíen a la cárcel o al ostracismo social a unos cuantos personajes, en sí son harto infructuosas como estrategia de lucha integral, sobre todo por carecer de una visión-guía de conjunto y de sistema de parte de jerarcas policiales y judiciales, entre otros.
Examinaremos seguidamente algunas de esas maneras miopes y restringidas de visualizar los casos, en especial las observadas en los medios de la prensa local a raíz del mencionado affaire de la FIFA nostra que tuvo amplia difusión en todos esos medios.
El enfoque individualista y casuístico
En primer lugar, el fenómeno de la corrupción fue desde el inicio de la cobertura informativa tratado como algo individual, emanado directamente de la conducta impropia pública y privada de unos pocos altos dirigentes del fútbol internacional, quienes formaban parte del séquito de Joseph S. Blatter llamado Los Fifos., concentrados la mayoría de ellos en los países latinoamericanos y caribeños.
Entre los casos así tratados en la prensa escrita y no escrita sobresalió el del dirigente nacional Eduardo Li. Aquí salió a flote aún con mayor claridad la forma como otros cuadros altos del fútbol local, seguidos de cerca por destacados comentaristas deportivos, se refirieron al affaire como si fuera un asunto que le atañía solo a Li en su vida privada y desconectado de la organización y funcionamiento de los entes rectores de la Fedefútbol y de los clubes.
Se llegó aún a afirmar que los asuntos financieros del organismo eran atendidos por él exclusivamente a título estrictamente personal, y por nadie más. Y si había alguna conducta desviada o cualquier acto punible, era una circunstancia enteramente excepcional, aparte de ser pasajera. Y que, como las famosas golondrinas, no haría verano.
Más aún, el caso debía tratarse como un enredo puramente legal del cual debían encargarse los tribunales y jueces del exterior, mejor capacitados que la opinión pública y los periodistas para resolverlo y retornar las cosas a la normalidad.
Por todas esas razones se pensó que era conveniente dejar el fardo fuera del ámbito del Ministerio Público de nuestra Judicatura, o sea, en manos de las policías internacionales y de los fiscales suizos y estadounidenses. Pues ellos eran quienes se sentían más afectados por el lío y no tanto nosotros por estas latitudes, a pesar de que la cercana Concacaf había sido sacudida en su condición de asociación regional.
Así el problema se definió como de estricta índole legal y ubicable en una esfera privada ajena al interés público. En fin, quizás más una complicación de carácter procedimental, que una grave hendidura moral en la organización futbolística. Siendo así las cosas, a todas luces resultaba mejor esperar a que se aclarasen los nublados del día y vinieran a hacerlo unos veredictos judiciales desde el extranjero, sin entrar nosotros a juzgar a fondo lo sucedido.
En todo caso, hubo mucho acuerdo entre los voceros de nuestro balompié de que era una problemática muy específica o puntual, que no debía inflarse mediáticamente. Podría ser que hubiera condiciones, desviaciones o causas de mayor calado en torno al asunto a investigar – lo cual no se sabía ni convenía que se hiciera. Lo más aconsejable era dejarlas en el tintero, pasarlas por alto sin entrar en reportes y análisis de prensa acerca de otras implicaciones de orden público en el plano de lo político y del accionar del liderazgo nacional.
No obstante, en el caso de Li un matutino sí informó, como de paso o tangencialmente, de que había habido cuantiosos aportes de su parte a las finanzas de la última campaña del partido Liberación Nacional y del candidato Johnny Araya; pero se informó de ello sin entrar a profundizar mayor cosa en este delicado respecto. Al final, la noticia se perdió en la corriente como un detalle informativo más y no como parte que era de un ensamblaje mayor, con importantes connotaciones sociopolíticas. Y eso acaeció muy a pesar de que se conoce perfectamente en el país el cúmulo de irregularidades y corruptelas que se producen en el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, y los nexos crecientes de doble vía entre fútbol y política.
Ausencia de una visión estructural y totalizadora
En segundo lugar, no se mencionó que la corrupción en Costa Rica ya no es, por la misma escala que ya muestra dentro del marco del sistema político y de los negocios público–privados, un simple fenómeno de poca monta, de corte aislado, aleatorio y hasta accidental, relacionado con alguna incorrección en la vida personal de los implicados en las luchas por el poder, la influencia y la riqueza. Y que si uno ve la frecuencia y magnitud de los casos, no dudamos de que hace rato había efectivamente llegado por acá la hora de modificar la perspectiva que se tenía del fenómeno cuando la escala y la sucesión de casos eran muchísimo menores.
Cuesta que se perciba que, al igual que en otros hechos de la criminalidad en boga, ella la corrupción de alto vuelo debe encararse con otros lentes; como, por ejemplo, se hace con el crimen organizado, donde – como el término nos lo indica – hay un “plus”, un agregado a los comportamientos personales de los involucrados, que superficialmente son generalmente vistos falsamente por el público como actos inconexos. Más aún, ya hay implicaciones territoriales innegables, como lo notamos en la provincia de Limón y en varios cantones populosos del sur de San José, donde las guerras del narco mantienen un sistema de terror y un clima de muerte en muchas barriadas.
Lo anterior es cierto en la medida en que el crimen organizado es diferente a la delincuencia común o de los ladroncillos. Y debemos en los actuales momentos ver la corrupción de modo semejante: como forma de crimen organizado con igual y a veces mayor capacidad de dañar el tejido social y moral del país, con peligrosas ramificaciones internacionales, muchas de ellas abarcando el deporte y la política, especialmente el balompié. Esto se necesita puesto que estamos enfrentando, en ambos casos, una serie de procesos regidos por una organización y bajo estructuras con fuerza y vida propia de carácter económico-social y asociativo, donde el componente empresarial y financiero-bancario se destaca mucho, característicamente cuando la trama y el sistema de la corrupción se extiende en forma de una compleja red funcional, enlazando personajes de la vida pública y privada, lo mismo que a familias, negocios, oficinas de los ministerios, e incluso de los municipios y las alcaldías. En el lenguaje popular se habla a veces del “cáncer de la corrupción”, seguramente porque se sospecha que se extiende como una grave patología capaz de envolver y destruir estructuras vitales del cuerpo social carcomiéndolos, poniéndolos a operar al margen de lo que los ciudadanos perciben como un patrón normal y aceptable de vida.
En síntesis, en el caso del FIFAgate no se vio ni se definió en nuestro país este affaire como una crisis de corrupción con una auténtica dimensión sistémica, o sea como del resorte de la FIFA por la forma peculiar de su estructura, su modo de operar, su cultura organizacional y el estilo de liderazgo de Don Blatterone y Los Fifos; lo cual es una gruesa falla que contradice la óptica que hemos venido asumiendo y propiciando desde esta columna, al insistir en que la corrupción ya no es del tipo hormiga, ni es esporádica o aislada, sino epidemial y sistémicamente incrustada a todo lo largo y ancho de un sistema de poder perfectamente organizado y orquestado, jerarquizado y planificado que sujeta a los tres poderes de la República e invade sus nexos con la sociedad civil, con los partidos políticos y otros organismos privados. Y hablamos no solo de empresas, sino también de bufetes, oficinas de consultoría, medios y cadenas de comunicación, universidades privadas y públicas, organizaciones religiosas o sectas, etc., etc.
El flagelo de la desbordada mercantilización de la política nacional
Pero nada quizás ha contribuido más a darle a la corrupción su carácter sistémico que la mercantilización de la política. Esta forma mercantilización ha sido generada bajo el supuesto de que hay una lógica de marketing que media en el manejo del denominado “mercado de los votos” (y en las grandes apuestas que allí hacen los políticos convertidos en empresarios de la política), y la cual es muy semejante a la que impera en la manipulación del “mercado de los bienes y servicios”, mediante distintas técnicas publicitarias extraídas de la lucrativa industria del entrenamiento y la farándula.
Para ambas actividades regidas por la lógica de los mercados con sus leyes de oferta-demanda, se nos indica que sus agentes deben maximizar sus ganancias y ventajas personales de acuerdo a transacciones donde puede predominar la ingrata “Ley de la Selva”, al quedar las dimensiones éticas del comportamiento relegadas a un segundo plano, cuando no es que brillan por su ausencia.
En tal sentido, debemos reconocer con preocupación que se ha producido un pernicioso “matrimonio” entre el poder económico y el poder político. Este proceso ha llevado a empresarios y a políticos a indiferenciarse y fusionarse en sus roles; lo que es equivalente a un proceso de radical privatización de intereses y principios o razones que normalmente son del resorte del Derecho Público y de la esfera del Estado de Derecho. Y que, por consiguiente, es preferible hacer que se mantengan separados de las esferas donde luchan y prevalecen intereses puramente privados, especialmente los de tipo pecuniario. Y no lo decimos por infundados prejuicios, sino porque la Democracia exige esa separación, que casi nunca es completa entre ambas esferas del binomio Estado-sociedad civil; pero que sí puede ser una disyunción relativa, en la medida en que la oposición entre lo particular y general, entre lo lucrativo y lo solidario no es un puro invento, sino que debe haber importantes grados de incompatibilidad y de fuerte rechazo entre ambos en un régimen democrático.
Para finalizar este razonamiento, recordemos cómo, en el caso de la Democracia Liberal costarricense del siglo XIX, fue muy necesario que los cafetaleros y los grandes comerciantes no manejaran los asuntos públicos como una extensión de sus negocios y haciendas privadas; y que dejaran la conducción de la política y de lo estatal en manos de políticos profesionales, quienes hicieron largas y exitosas carreras comenzando por su participación en el municipio, pasando luego por el Congreso de la República, el Poder Judicial y la dirección de prestigioso colegios profesionales, como el de Abogados, para finalizar en la Presidencia de la República o de ese Congreso. Esos ilustres patricios conformaron la llamada “Generación del Olimpo”, la cual pudo de ese modo gobernar el país con criterios de bien común y orden público basados en una clara distinción entre lo que era patrimonio político y público, por un lado, y empresarial y privado por otro. Lo hicieron en aras de poder librar en buena hora a la política de los mayores vicios de la corrupción.
Tampoco conviene que haya corrupción económica ni de los mercados
Claro está, que tampoco convienen los excesos de la corrupción en el terreno puramente económico, donde bien puede ella acabar con la racionalidad en los negocios y afectarse su rentabilidad si de alguna manera no se limitan esos extremos, y se crea un ambiente de negocios decente y estable, que permita el cálculo racional, la aplicación de los criterios de eficiencia, eficacia y productividad, y la sana competencia inter pares de acuerdo a reglas claras y aceptadas bajo la luz del día, y no bajo mesa en las oscuras sombras del poder mafioso. Más aún, en estos momentos existe dentro y fuera del país una clara conciencia de que una de las causas del empobrecimiento y destrucción del país, es el peligroso nivel alcanzado por la corrupción transformada en el medio preferido para ejercer el poder privado y el público. Por consiguiente, debe erradicarse en las dos esferas, y no solo en una de ellas, para evitar en este caso los efectos negativos del mecanismo de los “vasos comunicantes”.
(*) José Luis Vega Carballo es Catedrático de Sociología Política de la UCR